La jornada parlamentaria de este martes tuvo un punto contradictorio. Por la mañana, PSOE, PP y Vox unían sus votos en la Mesa del Congreso para frenar la tramitación de la solicitud de varios grupos nacionalistas e independentistas para crear una comisión de investigación que analizase los supuestos vínculos del expresidente del Gobierno Felipe González con la creación de los GAL. Y, por la tarde, el pleno de la Cámara Baja dio luz verde a iniciar la tramitación de una proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales... que permitiría desclasificar documentos relativos al terrorismo de Estado.

El Congreso aprobó la toma en consideración de esta iniciativa con los votos favorables de PSOE, PP, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, JxCAT, Más País y la CUP, pese a que los dos primeros se mostraron por la mañana contrarios a permitir que la creación de una comisión de investigación sobre los GAL se debatiera en el pleno. Se trata de la tercera vez que, desde 2016, el Congreso aprueba poner en marcha la tramitación de la norma, que siempre ha decaído al acabar las legislaturas sin terminar de tramitarse.

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En las anteriores ocasiones, no obstante, la toma en consideración de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales se ha topado con tácticas parlamentarias para evitar su aprobación. Las pasadas legislaturas, los grupos mayoritarios fueron ampliando artificialmente el plazo de presentación de enmiendas para evitar que la iniciativa fuera quemando etapas, por lo que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, exigió hoy a los grupos "algo más que buenas intenciones" de cara a la aprobación de la norma.

La proposición de ley del PNV busca reformar una ley aprobada en 1968 y que, a juicio de los nacionalistas, es tan restrictiva que impide a los ciudadanos conocer asuntos fundamentales para la democracia. "Es un derecho de la ciudadanía, que es mayor de edad para juzgar por sí misma", tener acceso a documentos oficiales calificados en un momento dado como secretos o reservados una vez pasado un tiempo, sostuvo Esteban.

Documentos reservados por un máximo de 35 años

El texto cuya toma en consideración aprobó este martes el Congreso busca establecer la "obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias clasificadas secretas y los 10 años para las reservadas". La única excepción para estos topes la podría establecer el Gobierno, que mediante una "prórroga excepcional y motivada" podría alargar una década más la clasificación de las materias declaradas secretas.

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Es decir: si se aprobara la reforma tal y como la plantea el PNV, la documentación solo podría ser secreta por un máximo de 35 años, lo que implicaría la desclasificación de todos aquellos documentos anteriores a 1985. Eso implica, por ejemplo, que podrían salir a la luz pública informes sobre el 23-F, el Franquismo, la Transición o los GAL.

Habida cuenta de ello, Esteban pidió a los grupos que no pongan como "excusa" la "defensa de España" para oponerse a la norma. Su objetivo, sostuvo el portavoz de los nacionalistas vascos, es "que podamos hablar con normalidad de temas tabú, que la ciudadanía y los investigadores e historiadores conozcan después de un periodo máximo de 35 años qué pasó", porque "hoy nos enteramos por terceros países, por documentos desclasificados allí, de cosas que suceden aquí".

PSOE y PP apoyan la reforma

Tanto el PSOE como el PP mostraron su respaldo a la reforma planteada por el PNV. La diputada socialista Andrea Fernández justificó el apoyo de su grupo asegurando que la norma actual, procedente del franquismo, es "poco operativa", y aseguró que la "madurez" de la democracia española justifica que pueda aprobarse una ley que permita desclasificar documentos sin poner en riesgo las políticas de Estado.

Por su parte, Miguel Ángel Jerez, del PP, sostuvo que "en una sociedad avanzada la información clasificada debe tener su propia libertad, pero siempre y cuando no se comprometa y se ponga en riesgo la libertad de todos los demócratas". Por ello, Jerez se mostró de acuerdo en establecer topes temporales para la desclasificación de los documentos secretos, pero también señaló la necesidad de establecer excepciones en los casos en los que "las circunstancias que dieron lugar a la clasificación de la información se mantengan y la prórroga resulte imprescindible para la preservación de los intereses de España y la integridad de las personas".