El PNV apoyará en el Congreso la convalidación del real decreto-ley que este martes aprobará el Gobierno para regular la ‘nueva normalidad’ después de una negociación en la que el partido del lehendakari, Íñigo Urkullu, se ha asegurado que en el texto final quede bien claro que las distintas competencias serán autonómicas y no del Gobierno central.

Según apuntan fuentes de este partido, la impronta del PNV en el decreto de ‘nueva normalidad’ que ha aprobado el Consejo de Ministros no consiste en ninguna aportación concreta, sino en ir limando la redacción del texto para que los términos empleados no pudieran dar lugar a duda sobre de quién serían las competencias en caso, por ejemplo, de un rebrote. Para que quede claro que serán las comunidades autónomas las que seguirán al mando y no el Ministerio de Sanidad, cuyas competencias han quedado muy delimitadas, a petición del PNV.

El presidente del PNV, Andoni Ortúzar, ha asegurado este martes que en esta ocasión no hay ninguna concesión específica para el País Vasco. “No hemos pedido nada para Euskadi que no estemos dispuestos a que vaya a otras comunidades autónomas”. “Todo lo que hemos negociado en estos últimos tiempos es justo para Euskadi pero no va en contra de nadie”, ha dicho en una entrevista en televisión.

Salvo la obligación de usar mascarillas -bajo multa de hasta 100 euros- y de observar la distancia de seguridad de al menos de 1,5 metros, el decreto de ‘nueva normalidad’ es bastante general por lo que respecta a las pautas que han de seguirse en los lugares de trabajo, locales de hostelería, comercios o transportes, donde las pautas generales son observar las medidas de higiene y poner los medios tendentes a “evitar aglomeraciones”.

Los gobiernos autonómicos sí pueden verse más reflejados por lo que respecta a la preparación de sus respectivos sistemas sanitarios -según un borrador, el decreto establece que “las comunidades autónomas velarán por garantizar la suficiente disponibilidad de profesionales sanitarios”-, su capacidad para detectar nuevos casos y la coordinación que debe establecerse con el Ministerio de Sanidad en caso de rebrote del coronavirus.

Es en estos aspectos donde el PNV intentó -y logró- limar la redacción del decreto para asegurar que, en caso de duda, los términos empleados no dejen lugar a dudas de que las competencias seguirán en manos de los Gobiernos autonómicos.

Por ejemplo, hay un artículo que dice que “con carácter excepcional” y si hay motivos de “extraordinaria gravedad o urgencia” el Gobierno central “promoverá, coordinará o adoptará cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto-ley, con la colaboración de las comunidades autónomas y de acuerdo con sus respectivas competencias”. El PNV incidió para “delimitar que el Ministerio de Sanidad actuará solo en el ámbito de sus competencias”.

Por otra parte, el PNV también ha quedado conforme con una modificación en el artículo referente a cómo se debe actuar para detectar y notificar nuevos casos de Covid-19. Los servicios de Atención Primaria de las comunidades serán responsables de hacer las pruebas pero el PNV cambió el término “unidades de salud pública” por “autoridades sanitarias competentes” para dejar totalmente claro que el decreto habla de las Consejerías autonómicas de Sanidad y no del Ministerio de Sanidad.