Luz verde in extremis a las medidas para ayudar a las familias que se vean con dificultades para pagar el alquiler por culpa de la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria del coronavirus. El Consejo de Ministros aprobará este martes la suspensión durante medio año de los desahucios por impago de la renta y, además, pondrá en marcha a través del ICO una línea de créditos sin intereses para que estas familias puedan sufragar su cuota.

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Así lo confirmaron a 20minutos.es fuentes del Ejecutivo, que explican que, además de la suspensión durante seis meses de los desahucios para familias sin una alternativa habitacional (es decir, que fueran a quedarse sin un techo), también se prorrogarán por seis meses de forma automática los contratos de alquiler que finalicen durante el estado de alarma. 

Todos los inquilinos que se consideren vulnerables podrán tener acceso a los créditos al 0% de interés del ICO, que se podrán devolver en seis años o en diez, si el prestatario no es capaz de cumplir con el primer plazo. Se entenderán como vulnerables todas las personas que hayan quedado en paro o hayan sido afectadas por un ERTE o una reducción de jornada por el coronavirus, así como los autónomos afectados por esta crisis, siempre y cuando sus ingresos mensuales (en todos los casos) no sean superiores a los 1.613 euros mensuales. Esta cantidad crecerá si hay hijos o dependientes a cargo.

Para quienes viven de alquiler en una vivienda propiedad de lo que el decreto considerará un "gran tenedor", las ventajas son mayores. En esta categoría, fundamentalmente, entrarán empresas y fondos de inversión. Y sus inquilinos, aparte de poder acogerse en las mismas condiciones a los créditos del ICO al 0%, podrán (si son considerados vulnerables) o bien pedir que la compañía les permita pagar la deuda que acumulen en dos o tres años, o bien negociar una quita de hasta la mitad de esta cuantía.

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¿Y si, pasados los diez años, quien haya solicitado un crédito al ICO para pagar su alquiler a causa de la crisis del coronavirus sigue sin poder devolverlo? Fuentes del Gobierno explican que, en esos casos, el Estado se hará cargo de la deuda. En este sentido, aquellos hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos dispondrán de ayudas directas que podrán llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos.

Además de las medidas sobre alquileres, el Gobierno baraja aprobar en el Consejo de Ministros de este martes una moratoria hipotecaria que se aplicaría a locales comerciales. Lo que sí es seguro es que se aprobará incluir entre los esenciales los servicios de atención a víctimas de explotación sexual y trata. Además, se pondrá a disposición de las víctimas de violencia machista alojamiento en hoteles cuando estén en riesgo. Ytambién se dará luz verde a la ayuda específica para empleadas del hogar que sean despedidas por la crisis que adelantó este diario hace unos días.

Intensas negociaciones en el Gobierno

La puesta en marcha de medidas para ayudar a las familias con dificultades para pagar los alquileres ha sido uno de los grandes puntos de fricción dentro del Gobierno, y de hecho en un principio algunos sectores, liderados por la ministra de Economía, Nadia Calviño, rechazaban regular este mercado. Los ministros de Unidas Podemos, junto a otros como el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, por el contrario, han sido algunos de los que más han empujado para que se pusieran en marcha estas medidas.

La formación morada, liderada por el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, planteaba una suspensión en el pago de los alquileres para familias perjudicadas en sus ingresos por la crisis del coronavirus, así como que el Estado garantizase la totalidad del cobro de la cuota solo a los propietarios con una o dos viviendas en arrendamiento. Finalmente, el Gobierno no ha llegado tan lejos, si bien fuentes de Unidas Podemos muestran su "satisfacción" con el decreto que finalmente se aprobará este martes.

Las fuentes de la formación de Iglesias consultadas hacen hincapié en que, como pedía Unidas Podemos, la normativa finalmente hará "una distinción expresa entre los pequeños propietarios y los fondos de inversión y grandes tenedores de vivienda" para que estos últimos tengan que asumir parte del coste de la medida. Y también se felicitan por haber conseguido una definición "amplia" de consumidor vulnerable, lo que en teoría redundará en que un mayor número de inquilinos puedan acceder a los créditos del ICO.

A este respecto, los de Iglesias también consideran fundamental que el Estado vaya a hacerse cargo de los inquilinos que, habiendo solicitado un préstamo al ICO, no puedan devolverlo incluso pasados diez años. "En la práctica, eso derivará en una exención del pago para miles de hogares", sostienen.