El Gobierno habilitará un fondo para reforzar los servicios sociales y la atención a los mayores y, además, permitirá a los consistorios con superávit gastarlo de manera extraordinaria para fortalecer sus mecanismos de atención social. Esa es una de las medidas de carácter social que incluye el decreto aprobado este martes por el Ejecutivo para afrontar la crisis económica desatada por la emergencia sanitaria del coronavirus.

Ambas iniciativas, conjuntamente, supondrán una inyección de 600 millones. 300 los pondrá directamente el Estado para sufragar servicios de atención a personas mayores, personas sin hogar, dependientes y ancianos que viven en residencias. Y otros 300, calcula el Gobierno, vendrán de la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan gastar su superávit acumulado en partidas de atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al coronavirus.

La medida se une a otras adelantadas por este diario, como la moratoria en el pago de hipotecas para las personas que sean despedidas o vean reducidos sus ingresos por el frenazo económico. El Gobierno, asimismo, garantizará el suministro de electricidad, agua y gas para las familias que queden en situación vulnerable por la crisis del coronavirus.