Este lunes arranca en la Audiencia Nacional el segundo de los juicios por el procés, en este caso el de la subtrama policial, que centra el foco en el papel de los Mossos d'Esquadra y la cúpula de la conselleria de Interior, en el plan secesionista.
Lejos de las mareantes cifras de acusados, testimonios y hechos juzgados que trajo consigo la causa especial del Tribunal Supremo, la segunda ronda del tema catalán en los tribunales aparece con cifras más modestas: cuatro acusados y algo más de cien testigos, de los que muchos ya fueron oídos en el Supremo, en una vista oral que finalizará, si se respeta el calendario, el 19 de marzo.
La sombra de la sentencia condenatoria que dictó el Supremo el pasado octubre es alargada y su contenido se solapa con algunos de los sucesos que se juzgan desde este lunes en la Audiencia Nacional, aunque, como ya se encargó de subrayar el Alto Tribunal, su decisión "no predetermina el sentido de otros juicios ni de otras responsabilidades".
¿Quiénes son los acusados?
Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d'Esquadra; César Puig, exsecretario general de Interior del Govern y ex número dos del conseller Joaquim Forn; Pere Soler, exdirector general de la Policía catalana y Teresa Laplana, intendente de los Mossos al cargo del dispositivo de seguridad de la conselleria de Economía durante el 20 de septiembre.
Para los tres primeros la Fiscalía pide, en principio, 11 años de prisión e inhabilitación absoluta por rebelión y para Laplana cuatro por sedición. Teniendo en cuenta que el Supremo ya rechazó la tesis de la rebelión y las manifestaciones favorables de la exfiscal general, María José Segarra, casi con total seguridad, el Ministerio Público rebajará la calificación a sedición cuando toque presentar las conclusiones definitivas.
¿De qué se acusa a Trapero?
La Fiscalía de la Audiencia Nacional tratará de demostrar su tesis de que los acusados fueron una "pieza clave" en el "plan secesionista".
En concreto, los acusadores sostienen que Trapero, Puig y Soler "se sumaron al plan secesionista" y que pusieron "a disposición de este" a los Mossos. Además, afirman que los acusados "alertaban de la actuación de otros cuerpos policiales y facilitaron información a los impulsores del proceso para garantizar el buen fin del mismo", impulsores a los que, defienden, daban "cobertura y protección".
En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público culpa a Trapero de diseñar un plan "deliberadamente ineficaz" para impedir la celebración del referéndum y de la "actitud pasiva e intencionadamente tolerante con la votación" que demostraron los Mossos por orden de "los tres procesados".
La Fiscalía acusa también a la policía catalana de difundir “comunicaciones con las que se buscaba de propósito retardar la actuación de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía" el 1-O.
Respecto al asedio a la conselleria de Economía el 20 de septiembre, la acusación sostiene que Trapero, con su "deliberada pasividad" favoreció la concentración durante horas de "una gran masa de personas en actitud obstaculizadora y hostil" que impidieron "el desarrollo de la diligencia judicial".
Qué alegan las defensas
La estrategia defensiva del mayor, representado por la abogada Olga Tubau, que también defiende a Laplana, tratará de demostrar que Trapero siempre mantuvo a los Mossos al margen del plan independentista y que cumplió en todo momento con las órdenes de impedir la celebración del referéndum.
Trapero ya anticipó durante su larguísima declaración en el Supremo los pilares de lo que será su defensa en el proceso que encara a partir de este lunes. Entonces, su explosiva comparecencia ante el Alto Tribunal, donde acudió por voluntad propia y sabiendo que cualquier error podría perjudicarle de cara a su litigio, resultó clave para que el tribunal acreditara ciertos hechos.
El mayor alegará que se puso "de forma inequívoca a las órdenes del presidente del TSJC del Fiscal Superior de Cataluña", quienes ordenaron impedir la celebración del referéndum, y que incluso había elaborado un dispositivo policial para detener a miembros del Govern si llegaban órdenes de hacerlo.
También recordará que avisó al Gobierno catalán de los riesgos para la seguridad de la celebración del referéndum al Ejecutivo catalán durante una reunión el 28 de septiembre y que aconsejó su suspensión, idea que fue desestimada por el Govern.
¿Influirá la sentencia del Supremo?
Aunque el tribunal presidido por Manuel Marchena se cuidó mucho de dejar claro que su veredicto "no vincula a otros tribunales", también recordó que "cualquier criterio de un tribunal superior puede ser tomado en consideración por tribunales inferiores", como es el caso de la Audiencia Nacional.
Pese a que la pieza policial del procés tenga su recorrido judicial propio, varios hechos que el Supremo ya consideró acreditados y que afectan también a esta causa podrían tener mucho peso en la decisión de la Audiencia.
Si bien el Alto Tribunal da crédito a las numerosas advertencias que hizo Trapero al Govern poco antes de la votación del 1-O, la sentencia del procés es, en general, demoledora respecto al papel de los Mossos, especialmente en lo relativo al 1-O.
El texto califica el despliegue de la policía catalana en los colegios electorales como "a todas luces insuficiente" (P. 372) y dice que "resultó funcional con los objetivos políticos" de Joaquim Forn -exconseller de Interior condenado por sedición- y de los coacusados suponiendo una "neutralización de la capacidad operativa de ese cuerpo policial" (P. 369).
Sobre este extremo, los testigos de los Mossos que declararon en el Supremo defendieron que el plan de actuación en los colegios estaba pactado con el coordinador del dispositivo, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quien también está llamado a testificar en la Audiencia Nacional.
Los Mossos, resumía en un punto anterior la sentencia, "no interfirieron la emisión de votos, más allá de alguna actuación aparente y en un mínimo número de centros. En algunos casos llegaron incluso a recoger, hacerse cargo y trasladar material electoral, que les era entregado por los ciudadanos que llevaron a cabo la gestión de las correspondientes mesas de votación". (P. 54)
El Supremo consideró que se dieron "episodios de auténtica complicidad (...) y casi connivencia" entre los Mossos y quienes participaron en el 20-S y el 1-O, que, abundó, estuvieron "motivadas quizás por la coincidencia ideológica o por la seguridad de que de esa forma podían granjearse el aplauso y beneplácito de esos ciudadanos rebeldes o de los responsables políticos” (P. 284)
¿Por qué un segundo juicio?
El puzle judicial del procés es complejo. Tras las querellas presentadas en 2017 por la Fiscalía después del asedio de la conselleria de Economía y el 1-O, en un primer momento fue la Audiencia Nacional quien se consideró competente para investigar los hechos, dado que el Govern al completo había sido cesado tras la aplicación del 155 y, por tanto, había perdido su inmunidad.
El Supremo asumió al principio solo la querella contra Carme Forcadell y la Mesa del Parlament, que sí conservaban su estatus de aforados, pero en noviembre, el juez instructor, Pablo Llarena, unificó en una misma pieza las acusaciones contra el Govern, Forcadell y la Mesa (que posteriormente asumiría el TSJC) y los 'Jordis'.
La Audiencia Nacional se quedó entonces con la investigación a Trapero, Laplana y el resto de la cúpula de Interior en una pieza separada. El propio Llarena rechazó en un auto asumir la causa de Trapero porque resultaba “exorbitante”.
¿Desjudicializr la política?
El juicio que arranca este lunes servirá para poner a prueba la "desjudicialización de la política" por la que aboga el PSOE tras su pacto con Esquerra para lograr la investidura.
Además, permitirá ver también qué postura adopta la recién nombrada fiscal general del Estado, la exministra de Justicia socialista Dolores Delgado, cuya nominación ha estado envuelta en una gran polémica por su adscripción al PSOE, que ha sembrado dudas sobre su idoneidad para el cargo.
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