La Fiscalía se querella contra Puigdemont, los exconsellers y la Mesa del Parlament por rebelión, sedición y malversación

  • Maza insta a la citación "urgente" de los querellados y, en caso de incomparecencia, su "inmediata detención".
  • La querella contra el cesado Govern se ha presenrtado ante la Audiencia Nacional, ya que ni Puigdemont ni sus exconsellers son ya aforados.
  • Los miembros de la Mesa del Parlament sí lo son porque forman parte de la Diputación Permanente, por eso su querella va al Supremo.
  • La Fiscalía pide una fianza o embargo de bienes conjunto por valor de 6,2 millones de euros en cada una de sus dos querellas.
  • Todo sobre la crisis independentista en Cataluña.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
EFE/Sergio Barrenechea
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado sendas querellas contra el recién cesado Govern de Cataluña y la Mesa del Parlament por la presunta comisión de los delitos de sedición, rebelión, malversación y otros delitos conexos.

La Fiscalía se ha querellado este lunes en la Audiencia Nacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y 13 exconsejeros del Govern por rebelión, sedición y malversación y ha dirigido una segunda querella por esos mismos delitos al Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia.

En sendos escritos, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, pide que los querellados presten una fianza solidaria de seis millones en concepto de responsabilidad civil e insta a la citación "urgente" de los veinte querellados y, en caso de incomparecencia, su "inmediata detención".

En las querellas, de alrededor de 100 folios cada una (ver el texto íntegro más abajo), Maza hace un pormenorizado relato de los hechos presuntamente delictivos del Govern desde noviembre de 2015 -cuando el Parlament aprobó el inicio del proceso soberanista- hasta la actualidad y desglosa las declaraciones públicas de los miembros de la Generalitat para apoyar sus acusaciones.

A los querellados les acusa de alentar "una insurrección" y "un levantamiento violento" con el fin de celebrar el referéndum y consagrar la independencia, lo que, a su juicio, constituye un delito de rebelión -penado con hasta 30 años de cárcel-, que no exige que se esgriman armas, ni combate, ni actos de violencia graves, "o cuanto menos de sedición", castigado con un máximo de 15 años.

Para la Fiscalía, la resolución de los querellados de cometer el delito fue "firme" en tanto que "procuraron la movilización social, el apoyo de la policía autonómica, el control del presupuesto necesario y la utilización de vías violentas para impedir la oposición por parte de las fuerzas del orden público".

Maza asegura que los querellados no buscaban solo el apoyo ciudadano para llevar a cabo su proyecto independentista, sino que, a través de las entidades soberanistas -principalmente la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cutural-, realizaron llamamientos a la movilización popular "como medio intimidatorio y violento para conseguir el fin secesionista".

"Fuerza intimidatoria"

Cree además que los denunciados "sabían que en un eventual referéndum ilegal solo participarían, mayoritariamente, los ciudadanos partidarios de la independencia de Cataluña" y utilizaron "la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población".

Para sus fines, relata, contaron con la ayuda de personajes públicos como Julian Assange y Yoko Ono, cuya colaboración, dice la Fiscalía, no fue espontánea, y también con un "lobby" estadounidense que trabajó "para impulsar la imagen del Govern", unos servicios por los que se pagaron 60.000 euros.

Con la declaración de independencia, advierte además la Fiscalía, Puigdemont asumiría en "exclusiva" el mando de los Mossos d'Esquadra, lo que "supone implícitamente la potencial utilización de dicha fuerza armada contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña".

Las querellas detallan también escenas de violencia que se vivieron en los colegios con la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O, cuando los miembros destituidos del Govern catalán eran "plenamente conscientes" de que la "muchedumbre iba a protagonizar, como así ocurrió, actos de violencia material y física".

De hecho, afirma el fiscal que los querellados invitaron "a determinados mandos de los Mossos d'Esquadra" a que facilitasen la celebración del referéndum y describe la inacción ese día de los agentes autonómicos, que en algunos casos llegaron a increpar a las fuerzas de seguridad estatales.

'Resistencia pacífica'

"La consigna repetida desde el Govern, los grupos parlamentarios independentistas y las entidades soberanistas, de la 'resistencia pacífica' no era sino un eufemismo de lo que en realidad consistía en una incitación (...) para que se opusieran e hicieran frente a la actuación de los agentes", dice Maza sobre el 1-O.

Los hechos descritos en las querellas alcanzan al pasado sábado, cuando Puigdemont hizo unas declaraciones desde la sede de la Generalitat de Girona en las que "se aboga unas competencias y una legitimación de la que carece, evidenciando su voluntad de seguir actuando como máximo responsable de la Generalitat".

En el caso de Forcadell, Maza afirma hizo "tabla rasa de los derechos de los diputados disidentes" y permitió la aprobación de la ley de referéndum "sin posibilidad de debate" para "dar una falsa apariencia de legalidad a este proceso, 'de facto', de demolición del ordenamiento constitucional".

Los querellados

Son, por una parte, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva,   Antoni  Comín  (exconseller de Salud); Josep  Rull (Territorio); Dolors  Bassa (Trabajo); Meritxell Borràs (Gobernación); Clara Ponsatí (Enseñanza); Joaquim  Forn (Interior); Lluís Puig (Cultura); Carles Mundó (Justicia); Santiago Vila (Cultura y Empresa); Meritxell Serret (Agricultura).

Y por la otra, Carme  Forcadell, Lluís María Corominas, Lluis Guinó, Anna  Simó y Ramona Barrufet, todos miembros de la Mesa, a los que se suma Joan Josep Nuet, ex secretario técnico de la Mesa que aunque no forma parte de la Diputación Permanente, es miembro de Catalunya Si Que es Pot.

El delito de sedición

El delito de sedición está contemplado en los artículos 544 a 549 del Código Penal.

Se aplica a aquellos que "sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

Los principales autores pueden enfrentarse a penas de 8 a 10 años de prisión, aunque si se trata de personas "constituidas en autoridad", la pena es de 10 a 15 años. Durante todo ese tiempo, además, pueden ser inhabilitados de forma "absoluta". Para los demás casos la pena es de 4 a 8 años.

El delito de rebelión

El delito de Rebelión está contemplado en los artículos 472 a 484 del Código Penal.

Se aplica a aquellos que "se alzaren violenta y públicamente" para:

- "Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución";

- Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o Reina o al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad;

-  Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos;

-  Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias;

- Declarar la independencia de una parte del territorio nacional;

- Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad;

- Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.

Los promotores o "jefes" se enfrentarían a una pena de 15 a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Para los "subalternos", la pena de cárcel prevista es de 10 a 15 años y para los participantes, de 5 a 10 años.

Las querellas íntegras

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