Los 18 días que el barco de Open Arms lleva en el Mediterráneo a la espera de un puerto seguro en el que poder desembarcar a los inmigrantes que ha rescatado han estado marcados por un continuo enfrentamiento entre la ONG española y el Gobierno de Pedro Sánchez, acusado de dar bandazos en la gestión de este asunto.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado este lunes a Sánchez por no haber tenido "liderazgo europeo" para lograr que el Gobierno italiano "adquiriera la responsabilidad que le corresponde" con el barco español y ha calificado de "error" la política de inmigración del Ejecutivo socialista por "la unilateralidad, la improvisación, los bandazos y la demagogia".

"Nuestra preocupación es que con la mala gestión de la crisis del Open Arms vuelvan las mafias a presentar a España como el país receptor de cualquier tipo de embarcación donde desdichados inmigrantes son explotados por las mafias arriesgando su vida para intentar mejorar las condiciones en las que viven", ha dicho.

A Sánchez también se le ha afeado que, mientras en junio del año pasado, recién asumido el cargo de presidente, decidió acoger a los 630 inmigrantes del Aquarius, ahora ha "bloqueado" la entrada del Open Arms. "La acogida del Aquarius fue una operación de marketing político, como demuestran las obstaculizaciones posteriores", ha denunciado Compromís.

El Gobierno ha venido defendiendo en esta ocasión que el puerto más seguro no se encontraba en España y que la respuesta a esta crisis debía proceder de la UE.

El 1 de agosto, la organización rescataba a 55 personas de una patera en riesgo de hundirse. Un día después, socorría a otras 69, "con signos inequívocos de violencia" sufrida en Libia, y el 10 de agosto se sumaban a ellos 39 inmigrantes más. Tras varias evacuaciones de emergencia, actualmente son 107 los náufragos a la espera de acogida.

Desde un primer momento, la organización ha pedido atracar en un puerto de Italia o de Malta, los dos países más cercanos a su ubicación, pero ambos Gobiernos le han negado esa posibilidad. Ante esa situación, en reiteradas ocasiones los responsables de la ONG han instado a España, pero también a Francia y a Alemania, a que lidere en la Comisión Europea una solución para agilizar el desembarco.

Su director, Óscar Camps, se dirigió incluso por escrito al presidente en funciones para que facilitase la activación del mecanismo de reparto europeo que podía permitirles la llegada a algún puerto italiano o maltés. "Consideramos que la Comisión Europea debe estar informada para que inicie y coordine un procedimiento de reparto de las personas rescatadas. Para poner este mecanismo en marcha, la solicitud debe proceder de un Estado miembro", indicaba la misiva, a la que Sánchez no respondió.

A partir de ese momento, la Comisión "puede comenzar a activar los contactos para ayudar a encontrar una solución coordinada en la distribución entre estados de las personas rescatadas después de un desembarco", continuaba el texto.

"No, no tenemos que hacerlo", fue la respuesta del Ejecutivo a través de la vicepresidenta, Carmen Calvo. "La Comisión no ha recibido una petición para hacer la coordinación respecto a las personas que están actualmente a bordo del barco de Open Arms", confirmaba la portavoz de la CE, Mina Andreeva.

Frente a las críticas recibidas por esta actitud, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, arremetía días después contra los responsables de la ONG. "Va con nosotros porque es un drama humano, porque hablamos de Europa y porque ese barco tiene pabellón español, pero me molestan los abanderados de la humanidad que no tienen que tomar nunca una decisión, los que creen que solo ellos salvan vidas, desde el ámbito privado", sentenciaba en una entrevista concedida a El País.

Ábalos defendió que en materia de inmigración no se puede "actuar unilateralmente" y que "España asume su responsabilidad, pero no la de otros países", en referencia a Italia.

La petición de asilo ante la embajada española en Malta para los 31 menores que había en la embarcación también provocó un cruce de reproches. El capitán del barco, Marc Reig, solicitó que se tramitase para ellos el procedimiento de asilo de manera urgente, dada "la situación de incertidumbre" en la que se encuentra el buque.

Reig aseguró en su escrito que los 31 menores "cumplen las condiciones para ser reconocidos como refugiados" e indicó que esa situación ya se puso en conocimiento del Tribunal de Menores y de la Procuraduría de Menores de Palermo sin obtener respuesta.

El titular de Fomento les acusó de realizar dicha solicitud "para seguir manteniendo la cuestión viva" y negó que el capitán tuviese capacidad jurídica ni potestad para ello. "No le corresponde poder ejercer esa función", resaltó.

"No tratamos de mantener viva la 'cuestión'. Tratamos de mantener vivas a las 507 personas que hoy están sufriendo un secuestro en medio del mar", le espetó Camps, quien denunció "el relato que el Gobierno trata de instaurar en la opinión pública, tratando de mantener un pulso (débil) contra el Gobierno ultra del señor Matteo Salvini [ministro de Interior de Italia] a costa de atacar a las ONG" que operan en aguas del Mediterráneo.

Con las relaciones en este punto, la entidad no se mostró muy eufórica cuando el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, comunicó que varios gobiernos, entre ellos el de España, le habían transmitido su disponibilidad para acoger a los migrantes. "Lo celebraremos cuando veamos que se cumple", advirtió el jefe de Open Arms en Italia, Riccardo Gattis. "Hemos visto inacción durante 14 días y ataques por parte miembros del Gobierno español, no nos fiamos mucho", apostilló.

El mensaje desde el Ejecutivo empezaba a suavizarse y fuentes gubernamentales confirmaban que confiaban "en que se logre una solución europea común" en breve y que estaban "contribuyendo con la Comisión Europea y otros países a alcanzarla".

La CE reconocía que varios Estados miembros se encontraban "activamente implicados" en los contactos que se llevaban a cabo sobre la situación del barco, pero, si bien sí habló expresamente de Francia, no quiso ahondar en los detalles sobre sus intercambios con el resto.

Después de haber descartado cualquier punto español como destino del buque e instar a otros países de la UE a asumir su "responsabilidad", porque "no puede ser que España sea el único puerto seguro del Mediterráneo", el Gobierno ofrecía este domingo Algeciras para el desembarco.

"La inconcebible respuesta de las autoridades italianas, y en concreto de su ministro de Interior, Matteo Salvini, de cerrar todos sus puertos, y las dificultades expuestas por otros países del Mediterráneo Central, han llevado a España a liderar nuevamente la respuesta a una crisis humanitaria", señalaba Moncloa.

Open Arms descartaba la oferta por "no ser viable" y estar a seis días de su ubicación actual y se iniciaba un nuevo cruce de acusaciones entre ambas partes. "¿Quiere que naveguemos 950 millas, unos cinco días más, a Algeciras, el puerto más lejano del Mediterráneo, con una situación insostenible a bordo?", se preguntaba el fundador de la ONG.

Calvo y Francina Armengol, presidenta de Baleares, acordaban entonces poner a disposición del buque el puerto de Palma, en Mallorca, y el de Mahón, en Menorca. El Ejecutivo, que ha defendido que había elegido Algeciras por ser el mejor preparado para acoger a los inmigrantes, se ha llevado también las quejas de la Junta de Andalucía, que le ha recriminado no haberle informado de la decisión ni haberla coordinado con su Administración.

El barco se abre a viajar a algún puerto balear si Italia y España "ponen los medios necesarios" para garantizar la seguridad y el éxito, pero insiste en que estando a 800 metros de la isla de Lampedusa, les están pidiendo que hagan frente a una nueva travesía de cientos de millas en condiciones meteorológicas "adversas, con 107 personas agotadas a bordo y 19 voluntarios que durante más de 24 días han estado tratando de garantizar esos derechos que Europa niega".

"No es fácil de entender que no quieran venir a España", ha dicho este lunes la vicepresidenta del Gobierno, quien también ha indicado que el barco "pudo haber entrado a Malta", pero que no quiso hacerlo "e insistió en ir a Italia".

Ricardo Gatti ha negado estas afirmaciones y ha acusado a Calvo de "tergiversar la realidad". El representante de Open Arms Italia ha asegurado que hubo un intento de trasladar a 39 personas a una patrullera maltesa. Se trataba de personas recogidas en el último rescate, cuando el barco ya contaba otros 121 migrantes que llevaban días a bordo.

Según la versión de la ONG, cuando se estaban preparando para el trasbordo, hubo nerviosismo entre los rescatados que llevaban más días en la nave, que no entendían por qué el grupo que acababa de llegar podía desembarcar y ellos debían permanecer a bordo. Esto desencadenó una situación tensa y violenta, con episodios de autolesiones, que provocó que se abortara la operación.