El presidente de la Comunidad de Madrid, el popular Ángel Garrido, se ha despedido este martes de su cargo con la aprobación de algunos de los decretos más relevantes (y renqueantes) de su breve mandato. A dos días de presentar su dimisión -una obligación legal para poder integrarse en la lista del PP a las elecciones europeas, siguiente parada política tras ser apeado de su despacho en Sol por Pablo Casado-, el jefe del Ejecutivo no ha querido dejarse nada en el tintero. Garrido ha hecho coincidir su último Consejo de Gobierno con la puesta en marcha de los reglamentos del taxi, de los pisos turísticos y de la educación concertada, así como la reactivación de las faraónicas obras de remodelación de La Paz.

También, y pese a que la continuidad de su gestión está garantizada con la sucesión en su vicepresidente, Pedro Rollán, el todavía presidente ha dado el último paso previo a la modificación del sector del juego, prometida desde octubre. Un estudiado cóctel de anuncios que llega tras semanas de una palmaria moderación de la actividad del Gobierno madrileño, con Consejos más bien parcos.

A comienzos de año, Garrido zanjó con mano de hierro la huelga de los taxistas, que no lograron obtener del presidente ninguna concesión. Durante la crisis, el dirigente madrileño mantuvo su apuesta por reformar el reglamento de este sector en lugar de contener la evidente proliferación de las VTC. Un texto, en principio, exprés, que finalmente se ha visto postergado un par de meses.

El texto "flexibiliza" el sector ante la "fuerte regulación" que, a juicio del PP, padecen sus profesionales en contra de su propia "competitividad". Entre las novedades, se incopora la posibilidad de que se pueda fijar un precio máximo para saber lo que costará la carrera antes de comenzar el servicio, pagar de forma individual o recoger a viajeros en municipios diferentes del de la licencia.

Asociaciones gremiales como Élite Taxi creen que la reforma conlleva la entrada de empresas y no ofrece soluciones a sus demandas, por lo que han advertido de posibles acciones judiciales.

La Comunidad tenía pendiente de modificación su normativa de pisos turísticos desde 2016, después de que una sentencia anulara varios de sus artículos. Cuando estaba a punto de llevarse a cabo, en diciembre se topó con un nuevo revés judicial. Hoy, con cierta demora sobre lo anunciado por el consejero Jaime de los Santos, el Consejo de Gobierno ha sacado adelante un decreto que obliga a los propietarios a obtener una serie de permisos si quieren dar de alta su residencia -como manda la ley- en el registro de viviendas dedicadas a este uso.

Así, deberán presentar una declaración de inicio de actividad y un certificado de idoneidad, similar a la antigua cédula de habitabilidad. Igualmente, habrá que disponer de un seguro de responsabilidad civil, hojas de reclamación o remitir a Policía y Guardia Civil los datos de los huéspedes. Entre las novedades, se limita el número de personas que se podrán alojar en función del tamaño del domicilio, con un máximo de dos para pisos de menos de 25 metros cuadrados y cuatro hasta los 40.

La norma da una moratoria de seis meses a los propietarios para adaptarse a las nuevas exigencias, que dan continuidad a las recientemente aprobadas por el Ayuntamiento de Madrid.

El presidente ha firmado el primer decreto que regulará los conciertos educativos de la región. Un texto que recopila criterios ya vigentes pero que deja negro sobre blanco el "reconocimiento a la libertad de elección" de los padres y la "complementariedad" de esta red con la escuela pública. La concertada -en su mayoría, a cargo de la Iglesia católica-, acapara ya un tercio del alumnado madrileño, unos 365.000 estudiantes repartidos por medio millar de centros.

A partir de ahora, la Comunidad podrá conceder con "preferencia" los conciertos a colegios e institutos en régimen de cooperativa que atiendan a poblaciones escolares en condiciones económicas "desfavorables" o a los que propongan proyectos "de interés pedagógico", singularmente, relacionados con alumnos con necesidades específicas. Ahora bien, el primer criterio será, siempre, que exista una demanda "por parte de las familias".

Junto a la reserva del dinero para financiar el cheque bachillerato o la validación de la norma sobre guarderías gratis, Garrido ha dado luz verde al decreto de convivencia escolar. Con este documento, la Comunidad define los diferentes tipos de faltas relacionadas con el acoso escolar y cómo actuar ante cada una de ellas.

Independientemente de las acciones legales que puedan adoptarse, este régimen sancionador viene a armonizar las normas internas de conducta en los centros educativos y empezará a funcionar a partir del próximo curso. Las faltas más graves (que pueden culminar con la expulsión del menor) son "el acoso físico o moral" a los compañeros, las "amenazas o insultos" a profesores, actos de intimidación o violencia, "la grabación y difusión de agresiones o humillaciones" y la "discriminación" por cualquier razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual u opinión.

Garrido despide su mandato con la publicación de los pliegos que regirán el contrato para la redacción de los proyectos y la dirección de obra de la rehabilitación del hospital de La Paz, desbloqueando así una ambiciosa iniciativa comprometida por Cristina Cifuentes. Aunque es la mera autorización de un trámite que costará 20 millones de euros, la Comunidad anticipa que, tras su adjudicación, tocará desembolsar otros 500 para ejecutar en sí los trabajos durante la próxima década, toda vez que el siguiente Ejecutivo mantenga este plan.

Entre las exigencias de este tortuoso y faraónico proceso, Sanidad obliga a las empresas que quieran presentar propuestas a que amplíen el complejo un 72 por ciento y conserven la torre de Maternidad como "símbolo en el conjunto arquitectónico".

Por último, el Consejo ha acordado remitir a los servicios jurídicos la nueva normativa sobre juego, el paso previo a su aprobación. Este texto ha sufrido llamativos cambios desde que se anunciara en octubre un doble borrador.

Al calor de las críticas de asociaciones vecinales y de la oposición, el PP ha incorporado una distancia mínima de cien metros entre centros educativos no universitarios y salas de apuestas. También, ha admitido prohibir la instalación de máquinas recreativas infantiles que simulen tragaperras y destinar un 0,7 por ciento de la recaudación impositiva a la lucha contra la ludopatía. Además, se prevén multas de hasta 9.000 euros a los locales que permitan la entrada a menores.