La nueva reglamentación sobre salones de juego y casas de apuestas será algo más ambiciosa de lo inicialmente planteado. Tras las críticas de la oposición, el Ejecutivo de Ángel Garrido se abre ahora a establecer restricciones a la ubicación de estos establecimientos y ofrecer "mayor protección a los menores".

Fuentes de la Comunidad de Madrid confirman a 20MINUTOS que se "estudia" agregar esta demanda al repertorio de limitaciones ya anunciadas en octubre. Entonces, la consejera de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, avanzó que su departamento acometería una reforma de esta materia en tres ejes: combate a la rotulación "engañosa", más ojo a la publicidad y generalizar los controles y "barreras físicas" de acceso de bingos y casinos al resto de negocios del sector. La idea de este último punto era (y es) hacer efectivo lo que dice la ley, que impide la entrada a estos espacios a personas incapacitadas legalmente, a inscritos en el registro voluntario de ludopatía y a menores de 18 años.

El borrador del decreto publicado desde el pasado 11 de diciembre recoge, además, una cuarta línea de actuación: abordar "restricciones para la localización" de estos establecimientos "respecto a zonas y espacios frecuentados" por niños y adolescentes. El documento, firmado por el director de Ordenación y Control del Juego, Fernando Prats, se encuentra en fase de consulta pública y está abierto a alegaciones hasta el 26 de diciembre.

Hace dos meses, Hidalgo afirmaba ante la prensa que la Consejería no se había planteado "la necesidad" de poner "ningún tipo de contingentación" a la proliferación de estas salas y defendía que "los empresarios" pudieran inaugurarlas donde creyeran "conveniente". Ahora, el mismo departamento refleja por escrito que lo "conveniente" es fijar la "ubicación" como "nuevo requisito adicional para la obtención de las autorizaciones de funcionamiento de salones de juego y locales de apuestas".

Por el momento, se desconoce alrededor de qué espacios se extenderá el cordón sanitario o si afectará a negocios ya operativos. Recientemente, comunidades como Murcia –donde el PP también gobierna con el apoyo de Cs– han aprobado alejarlos medio kilómetro de cualquier centro educativo y han decretado una distancia de al menos otros 500 metros entre uno y otro local.

La Asamblea reclamó en abril al Ejecutivo popular, mediante una proposición no de ley, que importase medidas como esas. "La Comunidad está en la peor de las situaciones", reprocha Emilio Delgado, el diputado de Podemos que promovió aquella petición. Hoy, alerta de que el borrador solo habla de "menores" algo que, según él, deja en el limbo que la prohibición opere con institutos y olvida las sedes de las asociaciones de afectados.

Según datos recientes, en la región existen 385 salones de juego y están en plena fase de expansión. Del mismo modo, los locales específicos de apuestas se han multiplicado por cuatro en un lustro, hasta los 190. En la capital, Aranjuez o Getafe se han concedido licencias a unos metros de escuelas mientras la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) reclama "más medidas".

En Pozuelo, que cuenta con una alta tasa de población joven –y, por tanto, público objetivo–, los ediles de Somos defendieron en febrero una de las primeras mociones municipales para poner coto al desembarco del juego. "Éramos conscientes de lo que estaba pasando y por eso proponíamos proteger el entorno de colegios, centros juveniles e intensificar los controles a los locales", explica el concejal Pablo Perpinyà. No prosperó "con los votos en contra del PP", afirma, pero abrió la espita. "Hoy, la sociedad es más sensible", asegura.