Las manifestaciones del 29-N en toda España han puesto la guinda al 'trimestre negro' que han sufrido tanto el Gobierno como la formación que lo sustenta, el Partido Popular.

La recuperación económica renqueante y varios frentes abiertos —judiciales, autonómicos, ideológicos internos— han dado alas, además, al auge de formaciones como Podemos y a la debacle en las encuestas. Con las elecciones de mayo de 2015 en el horizonte, el lastre es demasiado pesado. Esta es la cronología de los hechos en los últimos tres meses:

El exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, protagonizó la primera crisis del actual Gobierno, un episodio que el propio Mariano Rajoy había evitado hasta el momento, pero que no tuvo más remedio que provocar: el coste de aprobar una ley del aborto contestada incluso dentro de su propio partido iba a ser muy alto. La dimisión se hizo efectiva el 23 de septiembre tras la retirada del proyecto y con ella se fue uno de los miembros más incómodos del Ejecutivo, el que puso de acuerdo a jueces, fiscales, secretarios judiciales y ciudadanos contra todos los cambios normativos que salieron de su cartera, entre ellos, la ley de tasas, la limitación de la justicia universal o la reforma del CGPJ. Su salida ha enfadado, no obstante, a buena parte del electorado popular y ha resucitado las protestas en la calle en favor de la familia y el derecho a la vida, en las que han participado cargos del PP. Gallardón se fue con "asco".

La Fiscalía Anticorrupción devolvió a la actualidad el 1 de octubre a Caja Madrid, Miguel Blesa y también a Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno con Aznar que, imputado de nuevo —lo está en el caso Bankia— y expedientado por su partido, decidió terminar con su militancia "en interés del Partido Popular". El partido tardó casi un mes en darlo de baja junto al resto (12) de militantes implicados en el uso de las denominadas tarjetas b. La Audiencia Nacional investiga gastos de 15,5 millones de euros realizados desde 1999 por 87 consejeros y directivos —28 a propuesta del PP— y cree que Rato, en concreto, fue "responsable" al permitirlo. Las derivadas del caso no están beneficiando al partido: el recontratado por el PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, el crédito a Carmen Cafranga, etc.

Después de sendas expatriaciones desde África de dos sacerdotes españoles enfermos de ébola —que fallecieron—, se produjo en Madrid el primer contagio en Europa por este virus. Teresa Romero, auxiliar de enfermería que trabajó voluntariamente con uno de los pacientes mencionados, se infectó y la noticia saltó a los medios el 6 de octubre, tras el positivo en las pruebas. Las críticas previas a la gestión de la crisis —desmantelamiento del Hospital Carlos III, recortes en Sanidad, falta de previsión y formación— se agudizaron en los siguientes días tras, entre otras cosas, por el sacrificio del perro Excálibur, las acusaciones del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, a la auxiliar, el conocimiento sobre los días anteriores a su ingreso y por la casi inexistente presencia de la exministra de Sanidad, Ana Mato. Mato fue desautorizada el día 10 al asumir la vicepresidenta del Gobierno el mando; la oposición pidió su destitución. A partir de ese momento, solo Sáenz de Santamaría los técnicos darían información sobre la enfermedad. Romero ha anunciado que irá a los tribunales.

Otra losa para el PP. El 24 de octubre, la Agencia Tributaria elevó a 1,7 millones de euros el dinero en negro que supuestamente pagó el partido por las obras de reforma de su sede nacional, en la calle Génova de Madrid. El juez Ruz mantiene en la causa imputados a varios miembros del PP en la causa de la supuesta caja B, entre ellos a Ángel Acebes, exministro del Interior con Aznar, en relación a la compra de acciones de Libertad Digital (LD). También lo está el exalcalde de Toledo José Manuel Molina, en relación a una comisión que, según Luis Bárcenas, habría servido para pagar una campaña de María Dolores de Cospedal en 2007. Aún siguen apareciendo, además, cuentas de Bárcenas, extesorero del PP, en el extranjero. Al juez Ruz no le queda mucho tiempo para seguir investigando: de aquí a fin de año el Consejo General del Poder Judicial tiene que decidir si le prorroga en su plaza o no.

El exsecretario general del PP de Madrid y ex mano derecha de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, entró en la cárcel el pasado 31 de octubre en el marco de la operación Púnica. En total, hubo 51 detenidos de la supuesta red corrupta, entre cargos y empresarios, y a siete se les decretó prisión incondicional. Entre ellos, a Granados, al presidente de la Diputación de León (PP), Marcos Martínez, y al alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP). Seis alcaldes, cuatro del PP, están implicados. El caso dejó tocada a Aguirre, presidenta del PP de Madrid, que en un recorrido por los medios de comunicación similar al que realizó tras su incidente de tráfico, anunció medidas contra la corrupción, se posicionó enfrente de de Cospedal y programó hearings para candidatos —que tuvieron su polémica por estar preparados—. Pidió perdón en público y obligó así a hacerlo también, al día siguiente y "en nombre del PP", al presidente Rajoy. Fue en el Senado y, por extensión, también valió para la Gürtel. La vicepresidenta, por contra, dijo que la corrupción es cosa "de personas" y no de partidos.

"Hemos salido de la recesión, pero no podemos afirmar que hemos salido de la crisis hasta que no se reduzcan las insoportables tasas de paro". Lo dijo el propio Rajoy en el XVII Congreso Nacional de la Empresa Familiar. El paro registrado en octubre fue de 4.526.804 personas, más que al inicio de la legislatura (4.360.926 en octubre de 2011); según la última EPA, el número de parados se situó en 5.427.700, su nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2011, aunque la tasa de paro es de 23,67% (22,56% en diciembre de 2011). De hecho, la Comisión Europea prevé para España un 24,8% para final de este año y un 23,5% para final de 2015; en 2016, España tendrá la tasa de paro más alta de la UE (22,2%). Según los últimos datos de Empleo, el número de parados con prestación ha marcado su mínimo en 10 años y el 90% de los contratos firmados en octubre fue temporal.

Que sí, que no. La celebración de la no consulta soberanista en Cataluña trajo de cabeza al Gobierno, muy criticado por ciertos sectores —incluidos miembros del PP— por haberla permitido tras varios meses de confrontación política. El presidente del Gobierno tardó cinco días en hablar, con un manejo de los tiempos y de los medios totalmente opuesto al del omnipresente Artur Mas, que para muchos va ganando el pulso. "Tendré que explicar mejor que hasta ahora mis razones", llegó a decir Rajoy unos días después, insistiendo en que nunca pidió a la Fiscalía querellas contra el Govern. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PPC), asegura que aquellos que se sienten catalanes y españoles están "huérfanos". Mientras, Mas ha lanzado un nuevo órdago al Estado: dice que pronto decidirá la fecha de unas plebiscitarias, que está dispuesto a negociar con ERC una alternativa a la lista única independencia y que, si hubiera mayoría soberanista en unas elecciones, no pagará la parte correspondiente de deuda pública si Rajoy no negocia la independencia.

Los sondeos de opinión, a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas y a un año de las generales, no están siendo un buen cobijo para el PP (tampoco para el PSOE). El ascenso imparable de Podemos, la formación de Pablo Iglesias, se va constatando encuesta a encuesta. Según el último CIS, a Podemos le votarían hoy el 5,9% de los que en las elecciones generales de 2011 votaron al PP, y el 23,4% de los que votaron al PSOE. Podemos lograría en unas hipotéticas presidenciales entre el 21,6% y el 28,3% de los votos según encuestas recientes de Sigma Dos (El Mundo), Metroscopia (El País), Celeste Tel (eldiario.es) y la del CIS. En las europeas tuvo el 7,9% de votos. En 2011, el PP obtuvo el 44,2% de los votos y hoy estas encuestas le dan entre el 20,7% y el 30,5%. Un dato más: nunca antes, desde que el CIS pregunta por la ideología, los españoles se habían autoubicado más a la izquierda, en el 4,41 (el centro es 5,5).

La ministra de Sanidad Ana Mato dimitió el 26 de noviembre después de que un auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que cerraba la primera época de la causa Gürtel, la considerara partícipe a título lucrativo de los delitos que pudo cometer su exmarido, Jesús Sepúlveda —el Fiscal se mostró de acuerdo—. La misma consideración procesal tuvo para el PP. Muy cuestionada desde que anunció los primeros recortes en Sanidad nada más llegar el PP al Gobierno en 2011, asegura que se va para "no perjudicar a su partido", al Ejecutivo o a Rajoy. Según el juez, disfrutó de regalos y viajes con los que la trama habría agasajado a su exesposo y si se demuestra su responsabilidad tendrá que devolver el dinero, unos 31.000 euros. Esta sería la primera gran factura que la causa Gürtel pasa al Partido en el Gobierno. En cuanto a Mato, su nota en el CIS —otorgada por los ciudadanos— desde el inicio de legislatura ha bajado del 4,70 al 1,78. Al día siguiente de la dimisión, Rajoy presentó el en Congreso las medidas de regeneración que había anunciado en febrero. Mato sigue de diputada.

El ministro de economía, Luis De Guindos, lo dijo así el pasado viernes: "Somos algo más optimistas que Bruselas". La Comisión Europea le acababa de decir que España corre riesgo de incumplir en cuatro décimas el déficit pactado para 2015 —en un 4,2%— y que en 2016 le ocurrirá lo mismo —3,9% frente a un pactado 3%—. Los presupuestos no valen y hay que recortar más. Europa pide más ajustes en las comunidades autónomas y en el mercado laboral. El otro gran desequilibrio español es la deuda pública, que Bruselas sitúa por encima del 100% tanto en 2015 (101,2%) como en 2016 (102,1%). El Ejecutivo no se cansa de repetir que no habrá más ajustes, aunque la presión externa no termina de reducirse, incluidas las elecciones.

La guinda de estos tres meses 'horribilis' la han puesto decenas de miles de manifestantes este sábado. Las protestas ciudadanas que han tenido lugar en más de 30 ciudades españolas han criticado las políticas sociales y económicas del Gobierno y denunciado la situación "de emergencia social" bajo el lema 'Pan, trabajo, techo... dignidad'.