Repago farmacéutico: Sanidad fija un tope de ocho euros al mes para las pensiones bajas

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha desvelado este miércoles al detalle las reformas con las que las comunidades autónomas, a instancias del Gobierno, tendrán que ahorrar un total de 7.000 millones de euros en esta materia, en torno a un 10% del gasto sanitario público.

Las ha desgranado tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, en la que han estado presentes todos los consejeros regionales, anunciando que las medidas quedarán aprobadas en el Consejo de Ministros del próximo viernes y que se harán efectivas "en un plazo de dos meses".

Las reformas están divididas en varios bloques:

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Repago de medicamentos

El Ministerio y las comunidades han acordado modificar lo que aporta cada ciudadano a la hora de pagar los medicamentos. Este pago se realizará en función de criterios de renta, edad y tipos de enfermedad:

• No pagarán nada. Los parados sin prestación, "hasta que encuentren trabajo", y aquellas personas con pensiones no contributivas. Los "pasivos con menor poder adquisitivo" estarán exentos de las aportaciones.  
  
• Pensionistas. Las personas con pensiones más bajas, que tienen una renta por debajo de los 18.000 euros anuales, pagarán un 10% del precio de los medicamentos, con un máximo de ocho euros mensuales; los que cobren por encima de esa cantidad, pagarán un máximo de 18 euros.
• Rentas inferiores a 18.000 euros anuales (sin obligación de tributar) y familias numerosas. Pagarán el 40% del precio de los medicamentos.
• Rentas superiores a 18.000 euros (con obligación de tributar). Pagarán el 50% del precio de los medicamentos.
• Rentas superiores a 100.000 euros. Pasarán de pagar el 40% del valor de los fármacos, como hasta ahora, a pagar el 60%.
• Enfermos crónicos. Su situación no varía.

Para controlar todo esto, se creará una nueva tarjeta sanitaria con un microchip que incluirá la información fiscal del paciente. El gasto farmacéutico en España es "excesivo", ha dicho la ministra, siendo nuestro país "el segundo consumidor mundial"; por eso, entre otras cosas, "se adecuarán los envases de los medicamentos" a la duración estimada del tratamiento.

En materia de farmacia, además se han acordado otras medidas como la elaboración de un nuevo sistema de actualización del Nomenclator, que permitirá un ahorro de 400 millones, y el "impulso al uso de genéricos y fármacos de menor precio", con lo que se ahorrarán 350 millones.

Turismo sanitario

Habrá un mayor control del turismo sanitario para acabar con los "abusos"; según el Ministerio, "casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros".

El Gobierno, ha anunciado la ministra, "incorporará al derecho español un artículo de una directiva que prohíbe de forma explícita desplazarse para recibir asistencia sanitaria". "Como no hemos incorporado ese articulo muchos europeos se desplazan a España únicamente en busca de atención sanitaria. Hasta tal punto de que hay personas europeas que tiene más derechos sanitarios que muchos españoles".

De este modo, ha añadido, se pretende "acabar con el turismo sanitario y para acabar con los abusos que se producen por parte de los extranjeros que vienen a España". Teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas del año 2011, además de atender a una "demanda social", el Gobierno conseguirá ahorrar aproximadamente 1.000 millones de euros con esta medida, que "es lo que se está gastando de más en este tipo de prestación sanitaria".

Se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países"Se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países", ha añadido la ministra, denunciando que "hay personas que vienen a España, se empadronan y con ese empadronamiento obtienen la tarjeta sanitaria, la convierten en tarjeta europea, se vuelven a su país de origen y la factura de su país de origen la pagamos en España".

Con el mismo objetivo, se va a modificar el artículo correspondiente de la Ley de Extranjería para clarificar qué es lo que da derecho al aseguramiento, de modo que las personas que viene de otros países garanticen que las personas que traen pagan sus impuestos en España.

Se pretende evitar que "con una misma tarjeta sanitaria, vengan 5 ó 6 personas de una misma familia solo a utilizar la asistencia sanitaria española y se vuelvan a su país". España podrá facturar de manera rápida y directa al país de origen, del mismo modo que sucede con los españoles que viajan al extranjero.

Cartera común de servicios

Habrá una cartera común de servicios básicos sanitarios para todas las comunidades, con la que los ciudadanos tendrán acceso a las mismas prestaciones sanitarias. Esta cartera, ha dicho la ministra, tendrá tres requisitos, "calidad, eficacia y eficiencia", y tres categorías:

• Cartera común básica de servicios asistenciales. No varía. Incluirá los servicios cubiertos por financiación pública, como los de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y el transporte sanitario urgente.
• Cartera común suplementaria. Son, según Sanidad, "las prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria, y que están ya sujetas a aportación del usuario". 
• Cartera común de servicios accesorios. Actividades, servicios o técnicas que, sin ser una prestación, se consideran "imprescindibles" para ciertas patologías, "por ejemplo, cosméticos para pacientes con enfermedades raras".

El Gobierno pretende ahorrar unos 500 millones de euros en este apartado. La ordenación de la cartera de servicios la determinará la Agencia de Evaluación de Tecnologías. Además, se unificará el criterio "en productos farmacéuticos, ortoprótesis, dietoterápicos y transporte sanitario no urgente".

La ministra ha querido aclarar, además, que "la asistencia sanitaria seguirá siendo gratuita para todos los españoles" y que el repago sanitario no se contempla por parte de su Ministerio.

Otras reformas

El Ministerio y las comunidades han acordado crear una plataforma centralizada de compras para ahorrar 1.000 millones de euros. Sanidad recuerda que este método ya se ha usado "en proyectos concretos como la adquisición de las vacunas para la gripe estacional para la temporada 2012-2013".

En el apartado de recursos humanos se elaborará un catálogo homogéneo de categorías profesionales, con equivalencias entre los distintos servicios de salud, y se regularán las áreas de capacitación "para hacer realidad las superespecialidades". El ahorro será de 470 millones de euros.

Por último, se creará un Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) para cubrir los desplazamientos entre autonomías.

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