Tras más de una semana de incertidumbre y agitación por el asunto de la venta de bombas a Arabia Saudí y su posible repercusión sobre el acuerdo de la empresa pública Navantia para fabricar cinco corbetas para este país, finalmente el Gobierno ha anunciado este jueves que mantiene el contrato firmado en 2015 para continuar con la venta de armamento al país árabe. De esta forma, los trabajadores de Navantia dan por garantizada la fabricación de los cinco buques y han desconvocado las movilizaciones previstas para este jueves, pero advierten que seguirán "en alerta".

¿Qué implicaba dicho contrato?

Este contrato comprendía la venta de 400 bombas de precisión que el Ejército español tiene en stock. Esta compra surge por parte de Arabia Saudí en el marco de la Operación Tormenta de la Firmeza y Devolución de la Esperanza contra los hutíes, opositores a los que esta coalición de países árabes considera gobierno legítimo yemení. La petición formal de compra por parte de Arabia Saudí se hizo al amparo de la resolución 2216 de Naciones Unidas, que en ningún párrafo ampara la venta de armamento militar para usar en Yemen. Sin embargo, la posibilidad de que este armamento fuera utilizado para bombarderar Yemen ha sido el principal detonante de toda la polémica.

¿Cuándo tiempo abarca?

El contrato firmado en 2015 por el entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, continuó en vigor con la ministra que le sucedió, María Dolores de Cospedal, y ahora también sigue adelante con la socialista Margarita Robles. La nueva titular de la cartera de Defensa alega que no se ha encontrado "ninguna irregularidad" durante el estudio al que ha sido sometido el contrato tras la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez. Después de que se publicara la supuesta anulación de este acuerdo a principios de septiembre, la ministra Margarita Robles negó que el Gobierno fuera a devolver los 9,2 millones abonados por el material militar y explicó que el contrato con Riad solo se estaba analizando.

¿Qué tiene que ver todo esto con Navantia?

La posible cancelación de la venta de armamento podría haber condicionado a su vez el contrato de Arabia Saudí para la compra de cinco corbetas a la empresa Navantia, una sociedad pública española dedicada a la construcción de material naval civil y militar. Ante esta posibilidad, durante las últimas semanas se han sucedido varias protestas de los trabajadores de los astilleros de esta empresa en San Fernando (Cádiz).

¿Qué opinan los trabajadores?

Para tranquilizar a los empleados de la bahía de Cádiz, el Gobierno les garantió el pasado viernes una "solución satisfactoria", que finalmente se ha dado a conocer este jueves con la confirmación de la venta de las 400 bombas de precisión para así asegurar la continuidad del pedido de Arabia Saudí a Navantia.

Tras la noticia, los trabajadores del astillero de Navantia en San Fernando han suspendido las movilizaciones previstas para este jueves ante los tres ayuntamientos de la bahía de Cádiz que tienen plantas de los astilleros públicos: San Fernando, Cádiz y Puerto Real. Los empleados aseguran que tienen "garantías suficientes" de que se mantiene la fabricación de las cinco embarcaciones por parte de Navantia. El presidente del comité de empresa, Jesús Peralta, ha señalado que, "al parecer, el Reino de Arabia ha vuelto a convocar a Navantia y a la SEPI para programar los viajes que se habían cancelado y, por tanto, el programa sigue su curso".

¿Qué consecuencias hubiera tenido para España la suspensión del contrato?

Este contrato firmado con Arabia Saudí para la construcción de los cinco buques militares por 1.813 millones de euros supone la creación de 6.000 empleos directos e indirectos —según la empresa— durante los próximos cinco años.

¿Qué opinan los trabajadores sobre la polémica?

Su representante Jesús Peralta ha declarado este jueves que los trabajadores están "alegres, con ilusión y esperanza, porque detrás de ese contrato hay cerca de 9.000 empleos". Respecto al debate surgido sobre si España debe vender armamento a países como Arabia Saudí, Peralta ha indicado que "si no lo hacemos nosotros, lo harán otros, y mejor que se haga aquí".

¿Qué dicen las ONG?

Amnistía Internacional ha emitido un comunicado en el que recuerda que la campaña "Armas bajo Control", formada por Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón, insta al Gobierno español a "revisar las autorizaciones pendientes y suspender de forma inmediata las transferencias de armas, municiones y otros equipos y tecnología militar, piezas y componentes militares y equipos de seguridad a Arabia Saudí hasta que se tomen medidas sustantivas para garantizar que ya no existe un riesgo sustancial de que se utilicen para violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos".

Respecto al conflicto laboral surgido con la plantilla de Navantia, desde Amnistía Internacional reconocen ser "conscientes de la dramática situación de desempleo" de la zona y recuerdan que "es responsabilidad del Gobierno español y de las demás autoridades autonómicas y locales crear las condiciones para que haya alternativas laborales".

¿Qué alega el Gobierno para finalmente vender las bombas?

Ante el argumento de que Arabia Saudí podría utilizar las bombas contra la población civil de Yemen, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha explicado que ese armamento es de precisión y, por tanto, no provoca efectos colaterales. "Con este tipo de armas no puede haber esos bombardeos producidos con armas menos sofisticadas un poco lanzadas al azar y que provocan esa clase de tragedias que todos hemos condenado", ha añadido.