El presidente del partido localista Somos Melilla y diputado local, Amin Azmani, ha exigido a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 que "rectifique" después de que plasmara en su auto de prisión que los exconsejeros del Gobierno melillense pertenecientes a CPM tienen mayor riesgo de fuga "en moto acuática o embarcación" a Marruecos "por su ascendencia marroquí".
En declaraciones a los periodistas, el parlamentario autonómico ha tachado de "muy grave" las referencias que contiene el auto de prisión a la posibilidad de que los melillenses de "ascendencia marroquí" puedan tener doble nacionalidad, concretamente de España y Marruecos. "Creo que ha habido un error grave y evidentemente esperemos que se rectifique", según ha dicho Amin Azmani, que subraya que "no se puede criminalizar o discriminar o generalizar de esa forma".
"¿Usted considera que hay un riego de fuga? Pues hable usted de los detenidos. No incluya a prácticamente el 50% de la población de melillense", ha planteado el máximo responsable del partido. A juicio de Amin Azmani, "parece lamentable que se llegue a la conclusión de que todos los melillenses de ascendencia marroquí o rifeña, automáticamente son ciudadanos que tienen una doble nacionalidad".
El diputado ha subrayado que "es inaceptable" que alguien versado en la legislación, en las leyes y en el ordenamiento jurídico español "pueda afirmar o incluir en un auto ese planteamiento". "Yo creo que se ha confundido, se ha equivocado, y por eso le pido que rectifique", ha aseverado.
Delitos de fraude
Amin Azmani se ha referido así al auto del juzgado de Instrucción número 2 de Melilla en el que justifica el ingreso en prisión sin fianza de los exconsejeros del Gobierno de Melilla de CPM por un riesgo de fuga en "motos acuáticas y embarcaciones de recreo" a Marruecos "por su ascendencia marroquí".
En el documento judicial, tras recordar los delitos por los que están acusados, concretamente de fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal, la jueza ha subrayado que "existen indicios para racionalmente pensar que puede sustraerse a la acción de la justicia".
Para decretar el ingreso provisional comunicada y sin fianza de los detenidos del Gobierno melillense de la pasada legislatura, entre 2019 y 2023, ha resaltado que "la gravedad de los hechos señalados, para los que el Código Penal prevé penas de ocho y seis años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta, supone un acicate para que el investigado pudiera eludir la acción de la justicia". La magistrada que lleva la instrucción de este caso subraya además que si bien es cierto que ostentan la nacionalidad española y arraigo en el país, "también lo es que lo normal es que las personas de ascendencia marroquí también gocen de dicha nacionalidad y tengan pasaporte del país vecino, pudiendo eludir los controles de salida del país mediante la presentación de la documentación extranjera".
Un evidente riesgo de fuga
Según prosigue la jueza en su auto de prisión a cada uno de los cargos de CP, "la situación geográfica de Melilla entorpece dicho control puesto que la salida por mar mediante motos acuáticas y embarcaciones de recreo hace imposible un control efectivo de las personas en libertad provisional y con medidas menos restrictivas".
Para decretar la prisión provisional y sin fianza de los exconsejeros, la jueza también destaca que "existe un evidente riesgo de que el investigado y el resto de consejeros procedan a la destrucción de fuentes de prueba mediante la coacción de personas que pudieran declarar como testigos o investigados".
El Ministerio Fiscal ha solicitado igualmente para los exconsejeros del Gobierno prisión provisional comunicada y sin fianza mientras los afectados están a la espera de la resolución de la Audiencia Provincial sobre los recursos de apelación contra estos autos de prisión. Desde el pasado 5 de marzo, en la cárcel de Melilla se encuentra Dunia Almansouri, Rachid Bussián y Hassán Mohatar; en la de Granada Mohamed Ahmed y en la de Santander el presidente de CPM y expresidente de Melilla Mustafa Aberchán. Además se han producido otras 28 detenciones aunque en sus casos en "libertad provisional" y tres de ellos con la obligación de firmar periódicamente en dependencia judiciales.
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