Un Gobierno central "continuista" y compuesto por ministros "sumisos al jefe supremo, Pedro Sánchez". Con estas palabras valoró la pasada semana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el nuevo Consejo de Ministros de la nueva legislatura, que cuenta con dos andaluces que repiten en el cargo, María Jesús Montero y Luis Planas en Hacienda y Agricultura, respectivamente, y con algunas caras nuevas que, sin ser andaluzas, serán claves en la comunidad.
Y es que son varias las reclamaciones que el Gobierno de Moreno seguirá poniendo sobre la mesa de la Moncloa en este nuevo mandato, cuestiones que vienen de lejos en algunos casos y por las que la Junta tiene previsto seguir dando la batalla.
En concreto, serán tres los ministros que más tengan que lidiar con los dirigentes andaluces del PP, al asumir asuntos determinantes para la comunidad. Dos ya tienen experiencia, y el tercero se estrenará en estas lides institucionales con varias reivindicaciones heredadas de su antecesora en el cargo. Se trata de María Jesús Montero (Hacienda), Teresa Ribera (Transición Ecológica) y Óscar Puente (Transportes), tres pesos pesados del nuevo Gobierno central, con un marcado carácter político -las dos primeras son también vicepresidentas-, extremo que seguro marcará el diálogo (o la confrontación) entre ambas administraciones.
Montero y la financiación autonómica
La sevillana María Jesús Montero repite como ministra de Hacienda, y asume además la Vicepresidencia cuarta del Gobierno, con la vista puesta en una tarea que afecta especialmente a Andalucía: resolver el muy complejo puzzle de la financiación autonómica.
El Ejecutivo de Moreno, con su líder a la cabeza, ha reivindicado desde su llegada al Gobierno andaluz un cambio en el modelo actual, al ser Andalucía una de las comunidades consideradas como infrafinanciadas, junto a Murcia, la Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha. Este sistema, afirma la Junta, ha hecho perder a la comunidad unos 15.000 millones de euros desde 2009.
Conscientes desde San Telmo de la dificultad que conlleva ese cambio, que entienden que no se producirá a corto plazo, la reivindicación más inminente pasa por la creación de un "fondo de compensación" para las mencionadas regiones, que se iría renovando año tras año hasta la implantación de un nuevo modelo. Estaría dotado con 2.000 millones anuales, de los que algo más de mil irían a parar a Andalucía.
A ello se suman los 17.800 millones de euros que Moreno ha exigido a Sánchez, a razón de 2.099 euros por habitante, tras la "cesión" del PSOE a Cataluña a cambio, lamentan desde Andalucía, de un acuerdo de investidura en el que la comunidad "pagará los platos rotos". La Junta, ha dicho el presidente, "no necesita" que le perdonen "nada", pero la condonación de la deuda a las comunidades será otro de los temas espinosos que Montero tendrá que afrontar, así como dar respuesta a una petición recurrente de Andalucía: que se convoquen con urgencia tanto la Conferencia de Presidentes como el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Ribera y las obras hidráulicas
Al igual que Montero, también repite en el cargo de vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera, una de las ministras que más enfrentamientos ha protagonizado en los últimos tiempos con el Gobierno andaluz de Moreno.
En el centro de esos choques, algunos muy elevados de tono, ha estado durante muchos meses la proposición de ley que el PP-A y Vox impulsaron en Andalucía para la reordenación de los regadíos en el entorno de la Corona Norte de Doñana y que desde el principio se encontró con el rechazo frontal del Gobierno central en general y de la ministra Ribera en particular.
Tras muchos meses de acusaciones cruzadas, ambas Administraciones se sentaron el pasado 3 de octubre para iniciar una negociación que, casi dos meses después (el doble del tiempo que se plantearon inicialmente), ha dado sus frutos. Y es que este mismo lunes, Moreno y Ribera firmarán en Almonte (Huelva) el "protocolo para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia" del parque nacional, que recorrerán juntos para escenificar la paz.
Una paz, no obstante, podría ceñirse solo a lo que a Doñana se refiere, toda vez que el presidente andaluz seguirá reclamando al Gobierno central, como lleva haciendo de manera recurrente en los últimos tiempos, la ejecución de las obras hidráulicas que le corresponden al Estado, imprescindibles, ha dicho muchas veces, para ayudar a Andalucía a luchar contra la preocupante sequía que padece la región.
Y es que, según ha lamentado Moreno en numerosas ocasiones, el Estado tiene competencias en casi el 67% de las cuencas de Andalucía, frente al 33% que depende de la Junta; pero el Ejecutivo andaluz, defiende el popular, ha invertido ya más de 300 millones de euros en obras hídricas a través de tres decretos de sequía, por uno solo por 9,7 millones del Gobierno central, a quien el presidente andaluz seguirá reclamando un Pacto de Estado por el Agua.
Puente y las infraestructuras pendientes
Quien sí se estrena como ministro de Sánchez en esta legislatura es Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, que asume la cartera de Transportes y Movilidad Urbana de manos de su antecesora, Raquel Sánchez, una cara muy conocida en Andalucía, comunidad que viene reclamando al Gobierno central numerosas infraestructuras pendientes. Su carta de presentación el día que recibió la cartera fue tajante: "Vengo a gestionar, no a combatir".
Una de las reivindicaciones que Puente tendrá sobre su mesa será la revisión y actualización del mapa ferroviario de la comunidad, que lleva tiempo denunciando el "déficit" en esta materia, las numerosas cancelaciones y retrasos que se sufren en la red y el cada vez "peor" funcionamiento de la alta velocidad. Tal es así que la Junta ha llegado a pedir al Gobierno central que le deje gestionar (a modo de colaboración compartida y no de cesión de competencias) los trenes de media distancia entre capitales, una reclamación que gana enteros tras el anuncio del traspaso de Rodalies a Cataluña, incluido en el acuerdo con Junts.
Pide también la Junta, desde hace tiempo, la inversión necesaria para construir el AVE Sevilla-Huelva-Faro, así como resucitar el proyecto de la alta velocidad entre la capital hispalense y Málaga. Además de otras reclamaciones, como que el Gobierno central se sume al soterramiento del tren en Granada; y una mayor celeridad en las obras del Corredor Mediterráneo. Concretamente, agilizar los trabajos entre Murcia y Almería, definir el tramo Almería-Granada y desbloquear el Algeciras-Bobadilla.
Solo en Sevilla, la lista de temas pendientes que Puente tendrá que atender es larga, y ojo avizor tendrá el ministro no solo al Gobierno de Moreno, sino también al municipal de José Luis Sanz. Conseguida ya, tras muchas idas y venidas, la cofinanciación del tramo norte de la línea 3 del metro a partes iguales, cuyas obras ya han comenzado, la Junta apretará para obtener el mismo convenio para el tramo sur y para la línea 2, la siguiente que está previsto abordar.
Queda igualmente por concretar el ansiado cierre de la SE-40, una reclamación también de los empresarios de la provincia, así como la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo, cuyo estudio informativo están elaborando en paralelo las dos administraciones.
Otras reclamaciones
Los intereses de Andalucía no dependerán solo de Montero, Ribera y Puente en los próximos años. No en vano, las reclamaciones a los nuevos ministros ya han comenzado por parte de algunos consejeros andaluces.
Es el caso de la responsable de Salud y Consumo, Catalina García, que ha felicitado a la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, apostando por llegar a "puntos de encuentro", pero "siempre bajo el paraguas" del Pacto de Estado por la Sanidad, "donde la ideología sea menos importante y sí sea prioritario resolver los problemas de los españoles".
También ha reclamado la consejera de la Junta que el Gobierno aumente las plazas MIR como parte de la solución al déficit de profesionales sanitarios que se sufre en toda España. Así como la flexibilización por parte del Ministerio de los criterios para acreditar nuevas unidades docentes. Una reivindicación en la que la Junta viene insistiendo desde hace cuatro años y medio. "Confiamos en que la sexta ministra de Sanidad de Sánchez, esta vez, sí escuche el clamor de las comunidades autónomas y podamos llegar a un gran acuerdo", ha manifestado la andaluza.
Recurrente es también la reclamación por parte de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, a su homólogo nacional, el andaluz Luis Planas, en lo que a la Política Agraria Común (PAC) se refiere, para la que Andalucía pedía "cambios más profundos" que los finalmente aceptados. Critica la consejera que la comunidad pierde 100 millones de euros anuales y afirma que seguirá reclamando al Estado que las prácticas de agricultura y ganadería ecológicas se consideren "un ecoesquema per se".
Y en el ámbito de la Justicia, ahora en manos del también ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el consejero andaluz José Antonio Nieto reclamará los órganos judiciales que considera que Andalucía necesita, toda vez que de los 23 que había pedido, el Gobierno "solo ha concedido 12" de nueva creación para 2024, lo que, a su juicio, revela que el Ejecutivo central "no está siendo sensible" con la comunidad.
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