El Gobierno y la Junta de Andalucía ha dado por finalizado definitivamente el contencioso que mantenían desde hace ocho meses por el parque de Doñana y este lunes la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y el presidente andaluz, Juanma Moreno, visitarán conjuntamente el parque nacional, donde firmarán un acuerdo para su preservación y desarrollo de la las localidades del área que enterrará definitivamente la proposición de ley que el PP y Vox promovieron en el Parlamento andaluz para otorgar más derechos de riego en este paraje protegido y aquejado por la sequía.
El Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta han confirmado este domingo que hay acuerdo, casi dos meses después de que Ribera y Moreno pactaran a principios de octubre dejar a un lado las diferencias, declaraciones altisonantes y enfrentamiento de los meses anteriores por el plan andaluz de regadíos y negociar una solución. En principio, se dieron cuatro semanas para cerrarla, pero se ha terminado demorando casi el doble.
En estos dos casi dos meses de negociación al más alto nivel -capitaneada por el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán-, las dos partes conjuraron para mantener la discreción, de modo que los términos del "protocolo para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia" de Doñana no se conocerán hasta este lunes, cuando lo firmen Moreno y Ribera en el Teatro de Almonte, donde después ambos comparecerán en rueda de prensa.
Clausura de pozos
A falta de conocer los términos del acuerdo, la vicepresidenta sí se refirió hace unas semanas, en el Parlamento Europeo, en Bruselas, a cuestiones que, al menos el Gobierno quería ver incluidas en el pacto. Entre ellas, la intención de que se continúen clausurando pozos ilegales, pero también legales, para proteger los acuíferos de Doñana, exhaustos por las extracciones para la agricultura de la zona, así como facilitar viviendas a los jornaleros, crear infraestructuras urbanas y hacer un plan de diversificación agroindustrial.
Por su parte, hace apenas unos días, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se limitaba apuntar que las negociaciones con la Junta estaban "muy vivas" y a confirmar que "muy pronto" pudiera darse a conocer ese acuerdo, que busca garantizar la protección medioambiental de Doñana pero también de dar alternativas económicas y laborales a la población que vive y trabaja en las localidades de la llamada Corona Norte, la comarca formada por los pueblos -Almonte, Bonares, Moguer, Rociana del Condado y Lucena del Puerto- más afectados por la falta de agua en este paraje.
Fin del contencioso
Ribera y Moreno firmarán el protocolo en una de estas localidades, Almonte, dando así por cerrado un contencioso entre el Gobierno central y el autonómico que ha durado unos ocho meses, a cuenta de la gestión del agua, un bien especialmente escaso en esta zona.
El detonante fue una proposición de ley que presentaron el PP y Vox en el Parlamento andaluz para reconocer más derecho de riego en determinadas tierras. La Junta defendió en todo momento que no se trataba de permitirles extraer agua, sino de reconocer ese derecho para cuando fuera posible y que se trataba de una manera de dar alternativas socioeconómicas a la zona, que vive de la agricultura, que exigía al Gobierno para tumbar su iniciativa.
La reacción en Madrid, de Ribera, no pudo ser más contraria a una iniciativa legislativa que era diametralmente opuesta al compromiso que adquirió España ante la Comisión Europea, para desarrollar un plan de actuaciones en Doñana para evitar la multa que acompañó a la condena de 2021 de España por parte del Tribunal de Justicia de la UE por no que impuso en 2021 el mal estado medioambiental del Parque Nacional. Además, insistía en que conceder más derechos de riego era un espejismo porque los acuíferos de Doñana están ya exhaustos y el uso de los hectómetros de agua de los los trasvases ya comprometidos desde los ríos cercanos estaban ya comprometidos.
El asunto se enconó todavía más debido al casi permanente ambiente preelectoral de los últimos años y por el duro tono de las acusaciones que durante meses se estuvieron intercambiando entre Madrid y Sevilla. La vicepresidenta acusó a Moreno de "engañarla" cuando después de las elecciones que ganó por mayoría absoluta, el presidente andaluz le prometió que no recurarían aquella proposición de ley, algo que hizo meses después, de nuevo con el ya innecesario apoyo parlamentario de Vox, justo a tiempo para volver al terreno político de cara a las elecciones generales del pasado 23 de julio.
Salto a Bruselas
Además, el contencioso de Doñana saltó a Bruselas, donde la Comisión Europea vigila que España cumpla con su compromiso de sanear Doñana. En este caso, el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, también se opuso a la proposición de ley del PP y Vox, y así se lo reiteró en una reunión con el consejero Fernández-Pacheco, advirtió de que el Gobierno tampoco imprimía un ritmo aceptable en la toma de medidas para mejorar la situación del parque.
En aquella reunión que se celebró en Bruselas, el representante de la Junta fue con una propuesta que reconocía que no había agua en Doñana, pedía ampliar los trasvases desde los ríos Piedras, Tinto y Odiel y, por primera vez, se abría a enmendar la pieza legislativa, que a lo largo de todo el contencioso ha visto varios parones en la tramitación en el Parlamento Europeo. La penúltima, la que Moreno justificó para no interferir con la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo y la última, a principios de octubre, para buscar una salida negociada con Ribera. Esta se ha confirmado este domingo y se firmará este lunes, más de ocho meses después de que la Junta presentara de nuevo la polémica proposición de ley sobre Doñana y siete semanas después de que las dos partes se sentaran a negociar.
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