La Junta de Andalucía ha insistido este jueves ante la Comisión Europea en que su plan de regadíos de Doñana no afectará a los acuíferos por cuyo mal estado fue condenada España en 2021, y ha apuntado como una de las posibles soluciones a la falta de agua ampliar el trasvase desde los ríos Piedras, Tinto y Odiel para trasferir no 19,9 hectómetros cúbicos de agua de superficie, sino llegar hasta 50. En su parte de respuesta a la contestación que Bruselas esperaba a la misiva en la que hace un mes advirtió de que la proposición de ley que tramita el Parlamento regional supondría sanciones para España, el Gobierno andaluz insiste en que es una iniciativa de dos partidos en una Cámara que, aunque el PP tiene mayoría absoluta en ella, está sometida a enmiendas que podrían modificar el resultado final.

En su respuesta a Bruselas, el Gobierno de Juan Manuel Moreno deja claro que la proposición de ley "no conlleva de ninguna manera el otorgamiento de concesión de agua para poder ejercer el regadío en la zona" y "deja claro que el acuífero de Doñana ni se toca ni se afecta", y solo establece una serie de terrenos agrícolas regables, "siempre con agua superficial y siempre que exista esa posibilidad en el futuro".

En este sentido, la Junta se adhiere al plan de cuenca del Plan Hidrológico del Guadalquivir, pero también pide el "cumplimiento efectivo" de la ley estatal de 2018 que estableció el trasvase desde los tres ríos onubenses para aumentar las aguas de regadío en casi 20 hectómetros cúbicos, de los que ya se han ejecutado 13 y los siete que quedan el Gobierno afirma que es agua que ya está comprometida. 

La Junta plantea aumentar el volumen trasvasado mediante el despliegue de infraestructuras prometidas por el Gobierno que asegura que elevarían a 50 hectómetros cúbicos el agua disponible. "Permitiría incrementar el volumen de transferencia, incluso hasta los 50 hectómetros cúbicos como se recogía en la Alternativa 1 del documento de evaluación ambiental estratégica" que incide que no fue adoptada por el Gobierno.

También desde el punto de vista normativo, la Junta se ofrece ante Bruselas a tomar "medidas adicionales" que no detalla y a escuchar las observaciones que haga la Comisión Europea.

Una ley que no es de la Junta

Por lo que respeta a la proposición de ley que presentaron el PP -ahora con mayoría absoluta en el Parlamento andaluz- y Vox, la Junta se desvincula de ella -"no es iniciativa del Gobierno andaluz"- y, dejando a un lado la disponibilidad de agua, afirma que responde al intento de "dar solución al problema social que coexiste en la comarca del Condado de Huelva", sobre la que, no obstante caben modificaciones.

"La mera tramitación de esta ley no implica de manera directa o indirecta ninguna afección al cumplimiento de la sentencia puesto que, en estos momentos, se desconoce el resultado final del texto que será aprobado definitivamente en sede parlamentaria, tras todas las enmiendas que presenten los grupos parlamentarios para enriquecer el texto de la Ley", dice la Junta.

De la mano con Ribera

El plazo para que el Gobierno contestara a la carta de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión, que el mes pasado consideró que la futura ley andaluza era contraria a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el estado de conservación de Doñana, expiraba este jueves y el Ministerio de Transición Ecológica ha cursado una misiva donde explica las actuaciones que está llevando a cabo y ha adjuntado esta respuesta elaborada por la Junta de Andalucía.

El texto del Gobierno de Moreno iba acompañado de una carta dirigida a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a la que propone coordinar su respuesta a Bruselas sobre una proposición de ley que insiste en que no afecta a la sentencia ni toca los acuíferos, ni "amnistía a ningún infractor".

"Desde aquí te propongo que que acordemos una delegación conjunta de mi Gobierno y tu Ministerio para ir a explicar en detalle el objeto de esta proposición de ley a la Comisión, así como establecer en detalle las medidas que vamos a llevar finalmente a la Comarca del Condado de Huelva", propone el presidente andaluz a Ribera, que no ve objeto en discutir de una propuesta que rechaza de plano.

"Estoy convencido de que, si ambas Administraciones trabajamos de la mano, desde el entendimiento y la unidad, a través de la comisión técnica bilateral a cuya creación se comprometió tu secretario de Estado, podremos acabar con las amenazas actuales de Doñana y garantizar los valores ecológicos de la misma en las próximas generaciones", concluye Moreno.