¿Cuál es el estado actual de la cuenca del Guadalquivir y de Doñana en particular?Ahora mismo se encuentra en sequía. Se declaró el 2 de noviembre de 2021 situación extraordinaria de sequía, tenemos la cuenca al 25% y estamos administrando y gestionando la sequía. En Doñana lleva 11 años sin llover, secos o muy secos. Con sequía y tres masas de agua sobreexplotadas es absurdo plantear nuevos regadíos.

La ley que aprobará el Parlamento andaluz supone legalizar regadíos que ya estaban activos, ¿cómo han mantenido su actividad en años anteriores?La gestión del agua la tiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en torno al espacio natural de Doñana como en toda la cuenca del Guadalquivir. Ahora mismo hay cultivos que riegan con agua subterránea perfectamente legales, están en superficie agrícola regable y tienen concesión y autorización, derechos, que otorga la Confederación Hidrográfica. Cuando se extrae agua del acuífero sin esos derechos se está cometiendo una irregularidad y nosotros, si conocemos esa irregularidad, tenemos que actuar. Estamos intentando imponer la gobernanza, que los agricultores ilegales no tengan que competir en desigualdad con la agricultura legal y dar derechos a los legales. Hemos dado 2.440 hectáreas de derechos y hemos cerrado 220 pozos ilegales. En cuanto conocemos que hay un pozo ilegal, vamos, hacemos una inspección y, si es necesario, incoamos un expediente para que esa extracción ilegal no vaya a más.

¿La nueva ley supondrá dar permiso a estas explotaciones ilegales?La Junta de Andalucía y el presidente de la Junta conocen perfectamente dos cosas y creo que están creando, primero, incertidumbre y, segundo, falsas expectativas en un sector como el del regadío en una época  de sequía. La Junta y su presidente conocen que ese trasvase que supuestamente daría agua ya está funcionando [desde los ríos Piedras, Tinto y Odiel, que discurren por Huelva, al Guadalquivir]. Son siete hectómetros cúbicos, faltan otros 13, pero la Ley de Trasvase que dice el señor Moreno Bonilla que si se hicieran las obras solucionaría el problema no es posible para nuevas hectáreas legales. Esa misma ley dice que ese trasvase solo se puede utilizar para sustituir agua subterránea con derechos consolidados, es decir, agua legal, por agua superficial. Además, Moreno Bonilla y la Junta también saben que en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y ellos la han estado gestionando, desde 2005 no es posible dar ningún derecho de nuevas hectáreas de regadío si no están planificadas. Esas hectáreas que el señor Moreno Bonilla dice que va a legalizar porque él tiene competencias en ordenación del territorio, agricultura y medio ambiente no van a poder optar a más agua. En todo caso, podrían entrar en competencia de proyecto con hectáreas ahora legales.

¿Sería intercambiar unos cultivos por otros?Efectivamente. Está confundiendo al sector. Se sabe por parte de la Junta, porque han participado en la planificación del Guadalquivir que ha estado un año en exposición pública, que no se puede dar una sola hectárea en Doñana ni en ningún otro punto de la cuenca, que esto no es solo exclusivo de Doñana, si no está previamente planificada. Esas hectáreas no lo están. Sabe que en Ley de Trasvases ahora mismo gracias a esa sustitución de agua subterránea legal por agua superficial que ya se está realizando con 7 hectómetros cúbicos se han cerrado 42 pozos completamente legales y 220 ilegales y esperamos cerrar otros cuatrocientos y pico.

¿La Confederación Hidrográfica no va a dar derechos aunque lo diga una ley autonómica?Es imposible. La comunidad autonóma no tiene capacidad de gestión del agua en la cuenca del Guadalquivir. El señor Moreno Bonilla puede decir lo que quiera. Dice a los agricultores, por interés electoral, que él va a legalizar, a solucionar el problema, pero luego, ¿a quién le van a pedir el agua?

Según dice, y a efectos prácticos, ¿esta ley pondría a competir a unos agricultores con otros por los mismos recursos, porque no va a haber más agua?Es que es imposible que haya más. Lo dicen nuestras ordenanzas. De las que ha participado la Junta de Andalucía y, por cierto, no votó que no. Se abstuvo.

España tiene pendiente de ejecución una condena del Tribunal de Justicia de la UE, que está suspendida por los compromisos que asumió el Gobierno para mejorar la situación de Doñana. ¿Qué medidas hay que cumplir?La sentencia hablaba de tres cosas, dos que confieren directamente a la Confederación. Matalascañas, que se abastece con agua legal pero subterránea y dice la sentencia que posiblemente pueda estar poniendo en peligro las lagunas más cercanas a estos pozos. Matalascañas tiene cinco pozos y la Confederación Hidrográfica ya está trabajando en retirar los dos pozos más cercanos a las lagunas y trasladarlos para que no tengan repercusión. Y en la planificación está la conexión de la ETAP de Moguer con Matalascañas para que deje de sacar agua subterránea por agua superficial. La segunda parte de la sentencia es que hay que contemplar las ilegalidades. Con el cierre de pozos estamos luchando para que no haya irregularidades e ilegalidades en Doñana. Y hay una tercera parte que le corresponde al señor Moreno Bonilla, que son los ecosistemas. Nosotros no somos competentes en medio ambiente, lo es la Junta de Andalucía y a mí me dan mucho miedo dos cosas. Ojala que esto que está haciendo el gobierno del señor Moreno Bonilla no repercuta en los mercado europeos y en la agricultura de Huelva porque son productos de una sensacional calidad organoléctica, pero los mercados también quieren que sean de excepcional calidad medioambiental. Y ojala que todos los españoles no tengamos que pagar la sanción con la que nos amenaza Bruselas.

¿Se sabe la cantidad?No, no. La Comisión Europea nos ha dicho que nos puede sancionar. Esto se apuntará en el currículum del señor Moreno Bonilla.