El Gobierno se prepara para recurrir ante el Constitucional la ley andaluza que legalizará regadíos en Doñana

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, este martes tras el Consejo de Ministros.
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, este martes tras el Consejo de Ministros.
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La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, este martes tras el Consejo de Ministros.

El Gobierno se encuentra a la espera para que la futura ley que ampliará y legalizará regadíos hasta ahora irregulares en el Parque de Doñana se apruebe definitivamente y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Este es el camino que desde el Ministerio de Transición Ecológica se apunta con respecto a la proposición de ley que este miércoles ha iniciado su trámite legislativo en el Parlamento de Andalucía y que rechazan tanto el Gobierno central como la Comisión Europea, organizaciones ecologistas y científicos por el mal estado del parque nacional.

A pesar de todas esas oposiciones, el único que podría frenar la aplicación de la futura norma -que se tramitará por el procedimiento de urgencia en la Cámara de Sevilla y a la que no es auguran grandes dificultades por contar con los votos a favor de PP y Vox- es el Gobierno central, mediante un recurso ante el Constitucional que pidiera paralizarla de forma cautelar hasta que se resolviera el contencioso.

El lunes pasado, en el Consejo de Participación de Doñana, organizaciones como SEO BirdLife pidieron al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que el Gobierno recurra la ley al Constitucional si la Junta no la retiraba y fuentes conocedoras de la reunión afirman que ese fue su compromiso por su parte. Según esta organización ecologista, la base de este recurso podría ser el instrumento legislativo que ha elegido el gobierno de Juan Manuel Moreno, una proposición de ley presentada en el Parlamento autonómico por el PP y Vox en lugar de un proyecto de ley, que habría requerido la opinión y los informes de partes afectadas, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es la entidad que gestiona en realidad el uso del agua del río. Desde Transición Ecológica también se ha aludido estos días en varias ocasiones a que Moreno no tiene competencias para dar luz verde a nuevos cultivos de regadío, en este caso en Doñana.

Un día después, este martes, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no fue tan explícita a una pregunta directa de si el Gobierno recurrirá la ley andaluza al Tribunal Constitucional, pero advirtió de que adoptarán "todas las medidas que sean compatibles con la Constitución y el Derecho europeo para defender lo que creemos que es el interés de la conservación" y "para defender el Parque Nacional de Doñana", dijo en declaraciones a la prensa. "Se trata de una normal, como le gusta decir a Vox, sin sentido e ideológica".

Arrogancia de señorito

Desde el principio de la semana, Ribera ha ido elevando el tono de sus advertencias, acusando al presidente de la Junta de "mentir", de acudir a la "demagogia" para legislar sobre el uso de un agua que, sencillamente, no está disponible para abastecer más cultivos porque la que se trasvasa de otros ríos es para recuperar el estado de los acuíferos, en cumplimiento con el compromiso adquirido con Bruselas para evitar una "cuantiosa multa" que, en caso contrario, deberá pagar España. "Es imposible, no hay agua, no se puede repartir lo que se no se tiene", advertía la vicepresidenta en declaraciones a la prensa en la tarde del miércoles desde Asturias. Ha sido después de la votación y ha lamentado "profundamente que haya 70 diputados en el Parlamento andaluz que con su voto irresponsable hayan respaldado la toma en consideración". 

Por la mañana, en una intervención en La Sexta, ha acusado a Moreno de actuar con "arrogancia de señorito" y ha señalado que la nueva ley sobre Doñana podría comprometer la llegada de más fondos europeos.

Aunque la vía judicial a seguir parece clara y apunta al Tribunal Constitucional, fuentes de Transición Ecológica precisan que todavía es temprano porque primero la ley andaluza tiene que aprobarse en el Parlamento regional y después publicarse en los boletines oficiales, de la Junta de Andalucía y del Estado. Esto tomará, indican, "varios meses", siempre que la proposición de ley no termine abandonada, como ha deseado Ribera este miércoles. "Espero que quede en un cajón, en una papelera, de donde no debería haber salido nunca".

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