"Ignorar" y "despreciar" los efectos del cambio climático, "mentir" sobre sus consecuencias y "animar a los jóvenes a la irresponsabilidad" con decisiones "demagógicas" que dan la espalda a la evidencia científica. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no ha escatimado este martes en acusaciones al Gobierno de Andalucía, un día antes de que el Parlamento andaluz empiece a tramitar con carácter de urgencia una proposición de ley presentada por PP y Vox para ampliar los regadíos permitidos en el Parque Nacional de Doñana. La medida, que se retoma después de que decayera en la anterior legislatura, saldrá adelante con los votos de los dos partidos y cuenta con la oposición de las formaciones de izquierda andaluza, del Gobierno central, científicos y de la Comisión Europea, que ha advertido de que llevará tal decisión al Tribunal de Justicia de la UE y que España será multada por ello.

El Parlamento andaluz dará luz verde este miércoles a la tramitación con carácter de urgencia de la Proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, que legalizará unas 1.500 hectáreas de cultivos ilegales en Doñana, particularmente de la fresa. Es una iniciativa que presentaron PP y Vox en la pasada legislatura y que decayó con la convocatoria de las elecciones andaluzas de junio de 2022. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ahora con mayoría absoluta, ha retomado el proyecto legislativo, que previsiblemente saldrá adelante con los votos del PP y de Vox. El PSOE andaluz, que se abstuvo hace meses, votará ahora en contra.

Estos planes cuentan con el rechazo frontal de científicos, ecologistas, regantes actuales de Doñana, los ayuntamientos afectados y también del Gobierno central y de la Comisión Europea. El mes pasado, su directora general de Medio Ambiente, Florika Fink Hooijer, advirtió por carta al Gobierno de que si salía adelante esta ley andaluza adoptaría "todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impusieran sanciones pecuniarias”. Ribera remitió a Moreno la misiva y le informaba de que Bruselas estaba advirtiendo "duramente" contra la iniciativa que auspicia su gobierno, "de manera incomprensible", decía la vicepresidenta. 

Sin embargo, el Gobierno andaluz no da muestras de ir a dar marcha atrás en unos planes que, además de Vox, cuentan con el apoyo de las organizaciones agrarias UPA y Asaja y de los empresarios y agricultores de la fresa de Huelva. Mientras asegura que la ley "no toca" el acuífero de Doñana, la futura ley supondrá legalizar las tomas de aguas de superficie que desde hace años se hacen de forma ilegal. Un día antes de que dé comienzo el trámite parlamentario urgente en Sevilla, Ribera ha insistido en la oposición del Gobierno a permitir que cultivos de regadío en un parque nacional ya muy afectado por la sequía, donde la Agencia Española de Meteorología (Aemet) ubica zonas "extremadamente secas" y donde los estudios científicos alertan del daño que ampliar la actividad agrícola provocaría.

"Hay puntos de no retorno a los que debemos evitar llegar. Más aún si se es responsable de su preservación", ha advertido Ribera en una serie de mensajes en Twitter, en alusión a los planes legislativos de la Junta de Andalucía. 

La vicepresidenta ha ido subiendo el tono para, sin acusar directamente al Gobierno de Moreno, advertir a los promotores de la ley que ampliará los regadíos en Doñana de "negar la ciencia, mentir y animar a los jóvenes a la irresponsabilidad desde las instituciones", algo que "condena a España a un futuro negro".

"La ignorancia y el desprecio por los terribles efectos del cambio climático encajan mal con la defensa del interés general", ha criticado Ribera, que ha pedido "más responsabilidad y actuaciones cuidadosas, no más presiones ni demagogia".

No es sostenible

A pesar de estas advertencias, el gobierno andaluz ratificó este lunes su intención de ampliar los regadíos en el parque nacional en un pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana donde su consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, escuchó opiniones en contra desde el propio Consejo, organizaciones ecologistas, de ayuntamientos de la zona como el de Almonte y el Gobierno central por el daño que este plan hará a una zona ya de por sí muy afectada por la sequía. 

Uno de los participantes en la reunión fue Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), que expuso los cada vez más frecuentes episodios de sequía y de disminución del agua, que es ocupada por vegetación, con los consecuentes efectos negativos no solo en la flora, también en la fauna. Recordó que España ya está condenada por el Tribunal de Justicia europeo por la extracción ilegal de agua subterránea de Doñana para cultivo y abastecimiento urbano y por no haber tomado ninguna medida para evitar las alteraciones que esto ocasiona en hábitats prioritarios. 

"La explotación actual del acuífero no es sostenible. Se está extrayendo más recurso del que se regenera anualmente mediante la recarga por precipitación, que es variable y decreciente, por lo que se está agotando este recurso natural”, concluyó Revilla en una reunión en la que la organización ecologista WWF y SEO/Birdlife pidieron la retirada da la proposición de ley y al Gobierno central que la lleve al Tribunal Constitucional si, como parece, el Parlamento andaluz la aprueba. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, también presente en la reunión, se comprometió a ello y pidió "consenso" para no poner Doñana "en una situación irreversible".