Tan solo unos días después de que el PP, junto con Vox, registrara en el Parlamento andaluz una proposición de ley para regular los regadíos de la Corona Norte de Doñana, y ante las críticas recibidas por parte del Gobierno central, la Junta ha salido en defensa de su iniciativa, que ahora entrará en la fase de "alegaciones y propuestas" para "enriquecer" el texto.

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pachecho, insistió este martes en que la proposición de su grupo busca "solucionar el problema de la injusticia histórica para 650 familias" del Condado de Huelva, cuyos suelos dejaron de tener la calificación de agrícolas como consecuencia de un plan aprobado por el Gobierno socialista en 2014.

La propuesta del PP pasa por volver a calificar esos terrenos como agrícolas regables con aguas superficiales, lo que significa, explicó Fernández-Pacheco, que se abre una "vía de solución" en caso de que haya las infraestructuras necesarias para que esas aguas superficiales, "en ningún caso subterráneas", lleguen. De hecho, la proposición de ley reclama el trasvase de 19,99 hectómetros de la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras hacia el Guadalquivir. 

Así pues, abundó el portavoz, el texto "no concede derechos de agua" y "cierra la puerta de manera tajante a regar con agua del acuífero". Esta, reiteró, es precisamente la "línea roja infranqueable: el acuífero no se toca", ya que "todos estamos de acuerdo en que está sobreexplotado".

Igualmente, Fernández-Pacheco aseveró que la proposición del PP "no amnistía a los infractores" ni se va a "perdonar" ninguna sanción. En este sentido, el popular afirmó que tanto en el Gobierno central como en la Junta "hay abiertos muchísimos expedientes sancionadores en esa zona" y ninguno, manifestó, se va a archivar.

Andalucía acusa al Gobierno central de ser "desleal" en la gestión de Doñana

Respecto al enfrentamiento con el Ejecutivo central, el portavoz recordó que el pasado 28 de diciembre mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que acordaron la creación de una comisión bilateral técnica sobre Doñana, pero esta "nunca llegó a constituirse" y "nunca nos volvió a llamar", pese a la insistencia "por carta y por teléfono" del Gobierno andaluz.

Posteriormente, Fernández-Pacheco remitió "personalmente" la proposición del PP a Morán y se reunió con él "sobre la marcha" en Madrid el 27 de febrero, un encuentro en el que el secretario de Estado dijo "no estar del todo de acuerdo con la literalidad" de la proposición. Una vez registrada, el Estado anunció, mediante un vídeo de Morán remitido a los medios, que llevaría al Tribunal Constitucional "toda actuación que ponga en riesgo Doñana".

"No hacer nada no puede ser la solución" porque "la acción de gobierno no consiste en esquivar marrones", valoró el portavoz andaluz, que apostó por "ir todos juntos y unidos" ante la Comisión Europea "diciendo que nadie quiere perjudicar a Doñana".