La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, presentó este miércoles en Almonte (Huelva) el Marco de Actuaciones para Doñana que promueve su departamento, en el que se recogen los trabajos proyectados para recuperar el funcionamiento ecológico de este espacio y mitigar los impactos a los que se enfrenta. Un acto que, antes incluso de comenzar, provocó un nuevo choque entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, al acusar el Ejecutivo de Juanma Moreno al de Pedro Sánchez de "deslealtad" al no contar con la Administración regional en la gestión del parque.

Así lo manifestó el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, quien aseguró que el "sentido común dice que se vaya de la mano" en este asunto, al considerar que Doñana "requiere siempre diálogo y lealtad institucional, que en esta ocasión no ha existido". Así, incidió en que "cualquier planificación parte de que compartimos estrategias comunes, que son una defensa rotunda y clara de un espacio único, que es un privilegio que tenemos que preservar y cuidar". Por lo que insistió en que "es bueno que las Administraciones podamos ir de la mano", toda vez, recordó, que el Espacio Natural, de gestión autonómica, se comparte con el Parque Nacional, que es competencia estatal.

En la misma línea se volvió a pronunciar ayer el consejero de Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, que ya el martes lanzó críticas contra el Gobierno central. El también portavoz de la Junta lamentó que "todo lo que sabemos sobre esto [en relación al acto de la ministra en Almonte] es por los medios de comunicación". Y recordó que hace un mes, le remitió una carta al secretario de Estado para tener una reunión "tranquila, sosegada y constructiva" sobre Doñana, "cada uno en el ámbito de nuestras competencias", y llegar "a un gran pacto, que es lo que necesita el parque y es lo que nos exige la ciudadanía a los políticos". Una petición, abundó, cuya respuesta ha sido "convocar a la Junta a un acto en un teatro al mismo nivel que los demás invitados", como un "actor más".

También apostó por el trabajo en equipo el presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, el biólogo Miguel Delibes, quien instó a "huir de los salvadores", en Doñana "y en casi todo", y consideró "urgente" que la Junta y el Ministerio para la Transición Ecológica "se reúnan, acuerden trabajar con un programa, lo debatan en el Consejo de Participación que presido e incorporen a ayuntamientos y fuerzas sociales, y avancemos todos juntos". Delibes recordó que cuando la Junta presentó de forma "unilateral" un proyecto de ley para ampliar regadíos en el parque también lo criticó; y, de la misma forma, considera que ahora el Ejecutivo andaluz tiene razón al quejarse, lamentando en este sentido que sea una parte sola, el Gobierno central, quien proponga un plan.

Al respecto de estas críticas, la ministra Ribera se limitó en el acto a afirmar que "ante los problemas complejos, lo más importante siempre es trabajar unidos y aportando", poniendo de relieve que en el día de hoy "presentamos lo que creemos que desde el ámbito de nuestras competencias corresponde hacer". Ahora, concluyó, "nos falta ver que se puede proponer desde otros ámbitos de competencia".

Algo más duro fue en su valoración el PSOE andaluz, que afeó la posición de "salvajismo político" en la que, en su opinión, se ubica en ocasiones el Gobierno de Juanma Moreno, centrado en "confrontar" con el Ejecutivo central, al que, en cambio, la Junta debería "felicitar" por la inversión que va a desplegar en Doñana en el ámbito de sus "competencias".

El plan del Gobierno

La ministra Ribera anunció una inversión de 356,3 millones de euros para la restauración ecológica de Doñana, de los cuales, explicó, 118 están ya en ejecución o lo estarán a lo largo de 2023. El documento que presentó en Almonte incluye medidas a corto y medio plazo en áreas como la gestión de los recursos hídricos, la conservación y restauración de la biodiversidad en el entorno, la gestión costera del dominio público marítimo-terrestre, la recuperación socioambiental del territorio y la mejora del conocimiento.

Uno de los puntales del marco de actuación es la limitación de la presión sobre el acuífero, por lo que se destinarán 7,8 millones a reforzar el cierre de pozos ilegales (el Ministerio ya ha cerrado 210), al control del consumo en las concesiones y al seguimiento de los cultivos en regadío. Y otros 156,2 millones a otras iniciativas orientadas a disminuir la extracción de dichas aguas.

También se reconectará la marisma con el río Guadiamar, se mitigarán las presiones sobre la biodiversidad con actuaciones de conservación de especies amenazadas, como el lince ibérico y la cerceta pardilla, y se renaturalizarán sectores como la ribera derecha del Guadalquivir, Marismillas (Huelva), Quintanilla del Capitán del Brazo del Este (Sevilla) o las marismas de la Algaida (Cádiz).

Por último, se destinarán 142 millones para mejorar la calidad del agua que llega al parque, con actuaciones como la ampliación de la EDAR de Matalascañas y la creación de dos nuevas en Isla Mayor y Gerena.