El despliegue de energías renovables entra en una nueva fase, a ritmo acelerado, con la actualización de una ley de la UE que obligará a crear "zonas de aceleración" en las que los trámites para autorizar proyectos de eólica o fotovoltaica no podrán superar el año, o dos en el caso de la eólica marina, con luz verde directa si en ese plazo la administración no se ha pronunciado. La norma aconseja a los Estados miembros que promuevan la "aceptación pública" de los proyectos, para lo que el Gobierno en funciones contempla compensaciones al estilo de algunas que ya se han concedido y que evidencian una gran diferencia entre lo que pedían de partida los ayuntamientos y lo que finalmente han obtenido de los promotores. Ante la imposibilidad de tener luz gratis o 'colocar' a sus vecinos para trabajar en los parques, los municipios terminan aceptando cursos de formación, recuperación de turismo o agricultura a cargo de las compañías, beneficios económicos indirectos y sobre todo con el mayor "pellizco", más ingresos en las arcas municipales gracias al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Estos son algunos de los beneficios que ya están teniendo las comunidades locales a las que llega un promotor en busca de visto verde para plantar un parque eólico y fotovoltaico y que el Gobierno en funciones quiere generalizar ahora que una nueva ley de la UE creará una vía exprés para ello. En cuestión de año y medio, los gobiernos europeos deberán localizar las llamadas "zonas de aceleración de renovables", donde los proyectos estarán "exentos de la obligación de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental específica". Dentro de estas áreas, los trámites de autorización no podrán demorarse más de 12 meses, más una prórroga de seis en "circunstancias extraordinarias"; de dos años -con prórroga de seis meses- en eólica marina, y de seis meses -más tres- cuando se trate de repotenciar parques eólicos o instalaciones de almacenamiento de energía. 

El tiempo para acotar estas zonas que dispondrán los países será solo seis meses cuando esta vía exprés se dé en las zonas específicas como en las que ya existen en España para instalar renovables, en lugares de baja sensibilidad ambiental y para cuya acotación hasta ahora no se había tenido en cuenta las demandas de las comunidades locales, más allá de las fases de alegaciones. "Hasta ahora, nadie había tenido en cuenta las necesidades a nivel económico", dicen en el sector, donde ven posible que el plan del Ministerio sea "combinar el mapeo" de las zonas de aceleración con un "menú de opciones" sobre cómo pueden ser compensadas las comunidades locales.

En los próximos meses, se deberán localizar áreas terrestres, de aguas interiores y marinas y determinar qué tipo o tipos de fuentes de energía se alojarán dentro. Tendrán prioridad superficies artificiales o ya construidas como fachadas de edificios, estacionamientos o embalses artificiales y quedarán excluidos la Red Natura 2000 y otros espacios protegidos, menos cuando se trate de infraestructuras como las anteriores. Deben ser los suficientemente extensas para que España pueda cumplir con el objetivo de renovables que esta misma norma actualiza y eleva, hasta el 42% de renovables en el mix energético, o el objetivo que haya fijado cada país en su plan nacional. En el caso de España es el 48%. Con esta actualización de la Directiva de Renovables, la UE asienta un trámite exprés que en el último año ha estado vigente de manera excepcional, para hacer frente a la crisis energética.

Compensaciones y transición justa

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se mostró hace unos días a favor de que la delimitación de esas "zonas de aceleración" se haga en lugares donde haya acuerdo con las comunidades locales sobre las compensaciones que recibirán a cambio.

Desde hace años, la construcción de parque eólicos o fotovoltaicos ha estado acompañada de reticencias, cuando no rechazo, por parte de municipios o plataformas de la España despoblada, que es donde suelen ubicarse. A pesar de que partidos como el BNG llevan años reclamando compensaciones fiscales por ello, fueron las protestas de los pescadores gallegos y asturianos contra la  delimitación de zonas para eólica marina las que hicieron que Ribera hablara abiertamente de compensaciones para los municipios afectados por proyectos de renovables. Serían un elemento clave de la "transición justa", como el que el acuerdo que se cerró hace unos meses en la adjudicación del nudo Mudéjar en Teruel. Sin embargo, la puesta en contacto entre promotores y ayuntamientos no es nueva, es un trabajo más discreto que suele partir con unas expectativas por parte de las comunidades locales con respecto a lo que al final suelen obtener, que tampoco es poco.

"Ofertas de beneficios sociales y medioambientales será algo imprescindible", dijo la vicepresidenta el día que la UE dio el último visto bueno a la nueva regulación para agilizar el despliegue de renovables. La nueva regulación indica que los países de la UE "garantizarán la participación pública" y, como hasta ahora, deja en manos de cada gobierno decidir qué administraciones o público debe ser consultado. También deberán "promover la aceptación pública de los proyectos mediante participación directa o indirecta de las comunidades locales", un elemento que Ribera quiere tener muy en cuenta. "Una cosa es que la regulación diga que [los proyectos de renovables] son prioritarios y otra cosa es que se deba hacer con la mejor de las participaciones posibles por parte de las comunidades locales".

"Más allá de lo que indique, se necesita una implicación y trabajo con las comunidades locales", añadió antes precisar que, de momento, todo queda pendiente de la investidura. "Ahora en funciones, no podemos adoptar ningún tipo de modificación. Pero, sin duda, es uno de los desafíos para el mandato del Gobierno que sea finalmente investido".

De la recuperación de olivos al autoconsumo

Hasta entonces, Ribera se refirió a las condiciones del concurso de transición justa por el que el Ministerio adjudicó el proyecto Mudéjar a Endesa, por el que la compañía accedía al nudo de conexión que dejó en desuso el fin de operación de la central térmica de Andorra, en Teruel, para implantar renovables. Además de condiciones de carácter técnico sobre las instalaciones que aprovecharán la conexión en lugar de la térmica, se incluyó obligatoriamente una serie de compensaciones para la comunidad local que Ribera tomará como ejemplo si en los próximos meses le sigue correspondiendo a ella la gestión del despliegue renovable, en este caso, a las nuevas marchas forzadas que fija la UE.

En concreto, Endesa se comprometió a instalar una planta de producción de hidrógeno verde , una fábrica de electrolizadores y una planta de fabricación de seguidores solares y contratará con una empresa local para la construcción de las torres de hormigón para los aerogeneradores adjudicatarios del concurso.

El acuerdo contempla también un centro de reciclaje de equipos de parques renovables, de un centro logístico y de recuperación de aerogeneradores y convertirá a la localidad de Andorra en la sede de la unidad de compras para gestionar todas las actividades de suministro asociadas a las instalaciones renovables del proyecto. En el capítulo agrícola, la subasta se cerró con el compromiso de Endesa de recuperar 50.000 olivos abandonados y reforzar la conservera asociadas, así como recuperar otros cultivos de secano y procurar integración laboral de personas con discapacidad en estas actividades.

Los vecinos de la zona tendrán una nueva ruta de senderismo, se reforzará el Museo de la Evolución de la Apicultura y se mejorará el acondicionamiento como vía verde de la línea de ferrocarril Val de Zafán. En paralelo, Endesa se comprometió a instalar 2.343 kW de autoconsumo fotovoltaico para la creación de comunidades energéticas en varios municipios, para reducir los costes energéticos de unos 2.840 consumidores. 

De la rebaja de la luz al IBI

Aunque es el de mayor envergadura, la subasta del nudo de Andorra no ha sido la primera vez que promotores de renovables y ayuntamientos negocian cómo un parque solar o eólico puede beneficiar a los vecinos. Son procesos "bastante largos" en los que las expectativas suelen estar muy por encima de lo que finalmente suelen conseguir. "Las comunidades locales piden dos cosas: empleo y reducción de la factura de la luz", explica Alejandro Labanda, director de Transición Ecológica de la consultora beBartlet, de su experiencia facilitando que promotor y ayuntamientos se pongan de acuerdo en las compensaciones, en proceso que avisa que suelen ser "bastante largos", ahora que, como el resto de la UE, España tendrá un plazo para cerralos, de cara a crear las zonas de aceleración de renovables.

Según Labanda, "ninguna de las dos cosas es fácil". Si bien puede parecer lógico -sobre todo para ellos mismos- que los vecinos quieran tener luz gratis a cambio de que les planten un parque eólico o fotovoltaico al lado de casa, también es cierto que el precio de la luz es único en España, no se puede determinar a la carta. Por lo que respecta al empleo, la construcción de parques de renovables suele requerir una mano de obra cualificada, sobre todo en los eólicos, que no suele estar disponible solo a nivel local y cuando están construidos no requieren mucho empleo directo.

Por eso, lo que suele ocurrir es que los ayuntamientos terminan cambiando estas expectativas iniciales por otras más modestas como garantizar que todos los suministros para el mantenimiento, la hostelería y otros servicios que genere la planta sean locales, hasta llegar al que suele ser el mayor beneficio, la recaudación de impuestos por el parque eólico o fotovoltaico. Primero de licencia de obras y después, el IBI, que es "un buen pellizco" y que en localidades pequeñas hace que las renovables sostengan en buena medida el presupuesto municipal. Una vez ingresado, Labanda indica que la población los ve en forma de retornos como la mejora de las dotaciones.

Por otra parte y como también pasó en Andorra, promotores y eléctricas suelen ofrecer proyectos sociales o cursos de formación, que "piden mucho", dice Labanda, como cursos de reciclaje profesional, becas CCC. Como no pueden rebajar la factura, en otras ocasiones se "donan paneles de la planta" para abastecer de electricidad instalaciones municipales como el centro de día o el ayuntamiento, hacen proyectos de eficiencia energética o instalan un punto de recarga de coche eléctrico.