Las prisas con las que la coalición quería afrontar la nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ya no son tales. Y no se debe tanto a las intenciones de PSOE y Sumar como a las circunstancias que rodean al proceso, las exigencias de los partidos independentistas -que han subido la apuesta con el referéndum- y la aparición en los últimos días de los primeros roces entre los dos partidos en dos aspectos clave de lo que serán las líneas que marcarán la investidura: la posible amnistía a los líderes del procés y las medidas sociales en las que se debería enfocar la coalición en la legislatura que acaba de empezar.

Este viernes cristalizaron públicamente las fricciones que llevaban días cocinándose. Y lo hicieron a raíz de la filtración de la propuesta de amnistía de Sumar, un texto que Díaz tenía intención de presentar el martes pero que se dio a conocer antes de lo previsto. El PSOE, que lleva semanas evitando el tema, también eludió pronunciarse con detalle sobre un documento que incluiría a los policías encausados por las cargas del 1 de octubre de 2017 y del que podrían beneficiarse tanto los grandes dirigentes del procés como los imputados por delitos menores relativos a la celebración del referéndum. 

No obstante, los socialistas sí dejaron claras dos cosas, y lo hicieron por boca del mismísimo presidente Sánchez: que el conocido este viernes no es su "posicionamiento" y, sobre todo, que lo que plantee Sumar está al nivel de lo que hagan "otros partidos". Es decir: que Díaz tiene todo el derecho a realizar las propuestas que considere, pero que las medidas que son realmente importantes a la hora de trasladarse a una ley de amnistía son únicamente las que pacten PSOE y Junts.

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Pese a estos primeros roces, en Ferraz, el cuartel general del PSOE, son optimistas con respecto al avance de las negociaciones. Lo llevan siendo semanas, pese a que a mitad de septiembre comenzaron a espolear el fantasma de la repetición electoral. Una persona cercana a la dirección federal aseguraba hace días que las negociaciones estaban "encarriladas". Estas fuentes hablaban del mes de octubre como idóneo para fijar la sesión de investidura. En sus declaraciones públicas, Sánchez decía tener "muchas ganas de formar gobierno". El 28 de septiembre, ante los socialistas europeos, indicó que sería "dentro de poco tiempo".

Pero algo ha cambiado y los socialistas han comenzado a rebajar su euforia. Ya el viernes 29, después de la derrota parlamentaria de Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, algunos de los colaboradores de Moncloa decían que "no tenía sentido" ponerse un límite de tiempo. "No es cuestión de ponerse deberes para dentro de 15 días", argumentaban. Da la casualidad de que un día antes ERC y Junts acordaron, en una resolución no vinculante del Parlament y en la víspera del 1 de octubre, condicionar la investidura de Sánchez a la amnistía para los implicados en esos altercados y dar pasos hacia la celebración de un referéndum. Esto último es una línea roja para el PSOE, que salió a desmentirlo públicamente en un comunicado conjunto con el PSC.

"Fue una seta en una negociación que va bien", dice una fuente conocedora de las conversaciones con los independentistas, que reflexionaba que esa resolución, además de carecer de importancia ejecutiva, implicaba la renuncia a la unilateralidad de los independentistas, una de las condiciones de los socialistas: "Si a lo máximo que aspiran es a un referéndum pactado, significa que renuncian a la unilateralidad". 

Uno de los ministros encargados de negociar la investidura insiste en que ERC y Junts necesitan rebajar sus expectativas públicas, aunque reconoce la dificultad de virar un barco que, en el caso de los de Carles Puigdemont, la legislatura pasada estaba en mitad de la nada y ni se planteaba apoyar ley alguna de la coalición. El caso de los republicanos es diferente, pues llevan cuatro años siendo el sostén del Gobierno con apoyo en momentos puntuales que han recibido contrapartidas en Cataluña. Allí, ERC gobierna en solitario y el PSC apoyó sus Presupuestos para 2023, junto con los Comunes, ahora integrados en Sumar a nivel nacional. Para más inri, un afiliado ha provocado que el Consell per la República deba votar entre el 17 y el 23 si deben "bloquear" la investidura, aunque la última palabra es del expresident ahora fugado de la Justicia.

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Así las cosas, todavía sigue sin haber fecha para la investidura. La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, comunicó el encargo del rey a Sánchez el martes y dejó abierta la puerta a fijar el Pleno de investidura en el calendario cuando las negociaciones "estén maduras". También recordó el plazo límite: el 27 de noviembre. Si no hay Gobierno ese día, España estará abocada a una repetición electoral -que todas las partes implicadas ven poco posible- el 14 de enero. Un escenario similar se vivió en 2016 y en 2019. Al menos los socialistas parecen haber aprendido la lección: "Ya sabemos que la repetición solo sirve para que vote menos gente, pero la gente que vota, vota lo mismo", dice un miembro de su Comité Federal.

Con todo, el PSOE también ha preparado el terreno para evitar críticas después de haber tachado de una "pérdida de tiempo" el plazo que tuvo Feijóo. Así, el pasado miércoles anunciaron la creación de un comité de negociadores que se encargarán de llevar las conversaciones con los grupos, entre los que están María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del partido; Pilar Alegría, titular de Educación y portavoz de la formación; o Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y hombre para todo de Sánchez.

Su trabajo será culminar las negociaciones con los grupos parlamentarios con los que Sánchez se hará una foto. Empezó ese mismo día con la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y lo hará con Feijóo este lunes. Fuentes de ERC esperan que su turno con Sánchez sea la semana que viene y por parte de Bildu dicen no haber recibido la llamada aún, pero las negociaciones también están avanzadas en este sentido. 

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Sumar trata de coger oxígeno

Sumar, por su parte, también tiene asumido que es probable que la investidura se vaya a noviembre, y sigue tratando de buscar protagonismo en una negociación en la que parte de una posición muy complicada. Todos los dirigentes de la coalición que lidera Yolanda Díaz admiten en público y en privado que el único escenario que contempla Sumar es llegar a un acuerdo, puesto que no hacerlo supondría forzar una repetición electoral y arriesgarse a un Gobierno de PP y Vox. Y, como la coalición no puede utilizar como herramienta de presión la posibilidad de negarse a firmar un pacto, el PSOE tiene las manos mucho más libres para rechazar sus propuestas.

Para compensar esta debilidad, Díaz y los suyos están intentando mostrarse públicamente como los garantes de que el próximo Gobierno tenga un programa social ambicioso. En los últimos días, varios de los principales dirigentes de Sumar han reclamado públicamente al PSOE acelerar las negociaciones de este tipo de medidas —especialmente algunas de ámbito laboral, como la reducción de la jornada de trabajo— y no solo centrarse en la cuestión territorial. Pero, por ahora, no hay demasiados avances concretos, tal y como trasladó este jueves en una reunión de la dirección del grupo parlamentario el negociador jefe de Sumar, Nacho Álvarez, a los partidos que componen la coalición.

Pese a todo, Díaz recordó este viernes que ella y Sánchez se han comprometido a cerrar un acuerdo antes de terminar octubre, haya o no pacto con los independentistas para entonces. E insistió en que, "frente a la tesis del PSOE de que hay que consolidar lo que hemos hecho", Sumar apuesta por "ganar nuevos derechos porque queda muchísimo por hacer en este país". La formación insiste en que el acuerdo con los socialistas debe incluir detalles de las medidas a poner en marcha, precisamente porque eso les permitiría presionar a los socialistas durante la legislatura en el caso de que se nieguen a aplicar algunos de los acuerdos contenidos en el pacto.