Las becas educativas no llegan a todas las familias vulnerables, pese a ser una medida destinada precisamente a aliviar el gasto de los hogares con menor renta. Apenas cuatro de cada diez familias con menor capacidad económica reciben una ayuda económica para educación. O lo que es lo mismo: seis de cada diez hogares vulnerables se quedan fuera del sistema de becas, en gran parte por el "cansancio burocrático" que supone en la mayoría de ocasiones solicitarlas. Según un análisis publicado este martes por EsadeEcpol, hay además diferencias muy considerables en la cobertura de becas por comunidad autónoma y etapa educativa, por lo que los investigadores proponen instaurar un umbral para asegurar un mínimo en todo el territorio nacional.
"El 20% más pobre en teoría debería tener un acceso pleno a las becas, pero solo el 40% consigue acceder a ellas, cuando el porcentaje debería ser, si no del cien por cien, al menos de dos tercios", defiende a 20minutos Ángel Martínez, analista del centro de estudios y coautor del informe Radiografía del gasto de las familias en material escolar y las becas que ayudan a compensarlo.
Según explica Martínez, ese 60% de las familias más vulnerables que no consigue una beca para sufragar los gastos de los libros de texto, comedor o transporte, entre otros, se explica por un conjunto de causas. "Hay un porcentaje no despreciable de estas familias que simplemente no las piden, o bien porque creen que no tienen derecho, o porque consideran que no están capacitados. Y luego están las que han enviado la documentación, pero es denegada, en muchos casos no por motivos de renta o patrimonio, sino simplemente porque no han incluido toda la documentación o no lo han hecho adecuadamente", detalla el investigador.
En definitiva, ese "cansancio burocrático" —en palabras de Martínez— el que hace que muchas familias que necesitarían esas becas ni lo intenten, y que las pocos que lo intentan, en un porcentaje muy alto sean rechazadas.
Un umbral mínimo en todo el país
El informe propone varias medidas en ese sentido. La primera y más importante pasa por implantar un umbral mínimo en todo el país. "Las consejerías de Educación de las comunidades autónomas son las que tienen competencias y las que dan la inmensa mayoría de becas para las etapas inferiores a Bachillerato. Lo ideal sería garantizar un mínimo común a todas las regiones, manteniendo su gestión, pero que garantice que hay un umbral mínimo de renta y que nadie se va a quedar fuera", explica el coautor del estudio.
Luego, plantean también una mejora de la comunicación entre administraciones, para que por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Social, que es el que concede rentas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), dé toda la información a las autonomías y consejerías. El objetivo es que estas puedan dar de oficio las becas educativas a las familias que están cobrando una prestación para la cual ya tuvieron que acreditar anteriormente que son un hogar vulnerable. "No tiene sentido tener que pasar dos veces por el mismo camino tortuorio cuando ya lo han hecho una vez", asevera Martínez, quien también ve como una medida efectiva mejorar el asesoramiento a las familias dentro de los propios centros en el proceso de solicitud de las ayudas.
Lo cierto es que las partidas del Gobierno a las becas para educación han ido creciendo considerablemente en los últimos años. Para este curso se alcanzó la cifra más alta hasta la fecha: 2.520 millones de euros, el 40% de todo el presupuesto del Ministerio de Educación. Esto supone en torno a un 18% más respecto al año anterior; y más del doble (110%) en comparación con lo que se destinó hace diez años.
Con todo, desde EsadeEcPol insisten en precisar un asunto clave en ese sentido: el departamento dirigido por Pilar Alegría se hace cargo, "sobre todo", de las becas universitarias, que es a donde va la mayor parte de su presupuesto; y a la educación postobligatoria (Bachillerato y Formación Profesional). "En Infantil, Primaria y ESO, el Ministerio tiene cierto papel, porque da alrededor de un 15% del total de las becas en estas etapas, pero ahí de nuevo las que parten el bacalao son las comunidades", cuenta. Para los investigadores del estudio, es precisamente ahí donde habría que reforzar ese apoyo institucional, "ya que es justo antes o en el momento en que los alumnos vulnerables se están planteando la decisión de abandonar los estudios".
Siempre será la 'vuelta al cole' más cara de la historia
La investigación desgrana también el gasto que supone cada curso escolar. De media, el material escolar implica para las familias 318 euros por alumno en Primaria, 398 euros en la ESO y 474 en Bachillerato. Y son los libros de texto y el material informático los principales causantes de que se vaya disparando el precio a medida que avanzan de curso: del 50% del total en Primaria al 70% en Bachillerato.
Pero, según el informe, ese desembolso no es tan sangrante como se comentó en este último arranque de curso por la inflación. "Aunque solo haya un poco de inflación, siempre va a ser la 'vuelta al cole' más cara de la historia", incide Martínez. Tras analizar los subgrupos del IPC (libros de texto, uniformes, etc.), los investigadores han llegado a la conclusión de que la mayoría de productos de material educativo han subido menos que el IPC en general, "al menos desde julio de 2020 hasta el presente". Es decir, que el material escolar no es lo que tiene más peso en el gasto medio de los hogares. "No sube tanto como el resto de productos de bienes y servicios, y eso hace que en última instancia es peso de estos gastos en el gasto total de los hogares se reduzca un poco", especifica Martínez.
Pero la diferencia es significativa también entre comunidades. Si el gasto de los hogares por alumno llega a ser de 396 euros en la Comunidad de Madrid, en otras como Andalucía o la Comunidad Valenciana es de 355 y 388 euros, respectivamente.
El caso de Andalucía, de hecho, es reseñado en el informe por lo poco que destinan las familias a los libros de texto respecto a la media nacional y en comparación con el resto de autonomías. "Apenas llega a los 70 euros de media por estudiante, y en la pública y concertada es incluso más bajo; frente a los 100 y pico de Madrid y Cataluña. Lo que pasa es que tienen implantado un sistema de préstamo universal para los alumnos de la pública y concertada que funciona bien, que es eficiente en el sentido de que reduce el gasto en libros de texto. Nos parece que si esas etapas son obligatorias, pues también debería ser obligatorio que la administración proporcione los medios", defiende Martínez.
El "hueco" de la ESO
En definitiva, el gasto en material escolar va aumentando a medida que avanza la etapa educativa, pero no hay forma de saber si la cuantía de las becas es también proporcional a ese incremento. Según Martínez, "ni el Ministerio ni el INE tienen datos de la cuantía de las becas", y solo han podido mirar el porcentaje de alumnado becado. "Y ahí hemos visto cosas difíciles de explicar, como que en la ESO cae mucho el porcentaje de alumnos con beca, hasta el 14%", señala. Porcentaje muy inferior al de Bachillerato (38,4%), Educación Especial (33,5%), Primaria (25,2%) o segundo ciclo de Infantil (17,9%).
"Pero hay otro sistema ajeno a las becas, que es el de préstamo de libros, que en algunas comunidades funciona especialmente bien y reduce mucho el gasto de las familias. Y en la ESO más del 50% del alumnado tiene acceso a un cheque de libros de este estilo. Entonces, digamos que compensa un poco", detalla Martínez. Además, añade, al margen de ese sistema de préstamos tiene sentido que caiga ese porcentaje, porque una de las becas fundamentales en Primaria, que es la etapa anterior, son las becas comedor, y la mayoría de centros de Secundaria ya han implantado el horario de jornada continua.
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