La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará por responsabilidad medioambiental a actores "públicos y privados" por la extracción de agua "abusiva e ilegal" de agua subterránea en el Parque Nacional de Doñana, al considerar que se está incumpliendo la directiva europea de Hábitats. Según indica en su escrito, ahora pedirá informes periciales al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y a otros organismos "sobre los efectos adversos" que estos pozos ilegales tienen sobre la conservación del entorno natural de Doñana.

Según indican fuentes jurídicas, la Fiscalía actúa de oficio en la apertura de estas diligencias preprocesales, sin que haya una denuncia previa y tras constatar que las extracciones ilegales de aguas subterráneas en Doñana incumplen las dos directivas europeas de conservación de la naturaleza y por lo que el Tribunal de Justicia de la UE condenó en 2021 a España por incumplir sus obligaciones de proteger Doñana, tanto por la extracción de agua en pozos ilegales como por no proteger la flora y fauna. 

El objetivo de estas diligencias es recabar información pericial sobre "los efectos adversos significativos" de estas "extracciones ilegales" sobre el estado biológico de los acuíferos y aguas superficiales y para "alcanzar o mantener el estado favorable de conservación de los hábitat o especies silvestres concernidos".

"Tienen como finalidad poder exigir responsabilidad medioambiental a las empresas y profesionales, públicas o privadas, que estén procediendo a la captación de aguas subterráneas afectantes al espacio protegido de Doñana, sin concesión administrativa o en caudales superiores a los permitidos", indica en su escrito el fiscal Manuel Campoy, que actuará en este asunto en coordinación con la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y que también señala al Ministerio de Transición Ecológica, al que hace responsable último de la protección de la naturaleza y de iniciar procedimientos administrativos contra quienes no lo hagan.

También el Ministerio de Ribera

Así, recuerda que "ante motivos de extraordinaria gravedad", la ley contempla que "la Administración General del Estado podrá promover, coordinar o adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar daños medioambientales irreparables". Dentro de ella, el fiscal se refiere en concreto al Ministerio de Transición Ecológica, que tiene entre sus funciones "la protección del medio natural, la biodiversidad, los montes, la conservación y el uso sostenible de recursos naturales, hábitats y ecosistemas (...)".

"Por tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene competencia para conocer todas aquellas actuaciones administrativas" que competen también al Ministerio, dice el escrito, "tal y como sucede con los posibles procedimientos administrativos de exigencia de responsabilidad medioambiental sobre el espacio protegido de Doñana".

Contencioso político

Estas diligencias preprocesales por parte de la Fiscalía llevan a una dimensión judicial -o, al menos, prejudicial, a la espera de que el fiscal decida si hay motivos para presentar una denuncia- a un contencioso por el agua en Doñana que en estos momentos, en España, estaba de momento en el terreno político, entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, a cuenta del plan del gobierno de Juanma Moreno para ampliar la superficie de Doñana a la que podrían otorgarse derechos de riego La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, lo rechaza e insiste en que no hay agua suficiente y que tal proyecto va también en contra de la misma sentencia europea a la que se refiere el fiscal, y por la que España podría ser multada.

El enfrentamiento entre Sevilla y Madrid por este motivo se reinició cuando, tras las elecciones andaluzas de junio de 2022 que ganó el PP por mayoría absoluta, Moreno retomó su plan para ampliar los regadíos que en la legislatura anterior había promovido junto con Vox y que parecía haber olvidado tras la disolución del Parlamento andaluz.

El proyecto legislativo provocó un enfrentamiento abierto de meses -enconado todavía más antes de las elecciones municipales de 2023- entre la Junta y el Gobierno central -con Ribera a la cabeza-, al que se sumó la Comisión Europea que, como Madrid, no ha parado de lanzar advertencias acerca de que ampliar las tierras de regadío en Doñana va en contra del plan de recuperación con el que se comprometió España -y para el que Bruselas también advierte al Ministerio que va tarde-para evitar la multa europea.

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Ante estas advertencias y justo antes de las municipales de mayo, la Junta decidió detener la tramitación en el Parlamento andaluz de este proyecto, que de momento ha ido avanzando muy lentamente pero sin llegar a ser aprobado de momento pero sin tampoco ser retirado, como ha exigido Ribera una y otra vez. Tampoco la Comisión Europea se ha pronunciado sobre la multa a la que se arriesgaba España por ello.

El último episodio del contencioso por el agua de Doñana ha sido el anuncio por parte de la Junta de la compra de 7.500 hectáreas de terreno que se añadirán a Doñana -para lo que ya ha obtenido el visto bueno de Hacienda-  y que Ribera calificó de "pequeña buena noticia" y de movimiento en la "buena dirección", a pesar de insistir también en la retirada del plan de regadíos e informe del destino de los 12 millones que recibió la Junta para infraestructuras hídricas en esta zona.