Dentro de una lúgubre clasificación de desastres naturales, puede decirse que en 2023 el agua superó al fuego por lo que respecta a los daños personales. Desde mitad de mayo se han declarado en España 87 incendios que requirieron la intervención de los servicios de Protección Civil y que en total han arrasado más de 66.000 hectáreas, pero no se saldaron con pérdidas humanas y requirieron un número menor -cinco- de intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Mientras, la DANA que azota buena parte del país desde la semana pasada ya se ha cobrado la muerte de tres personas y otras tres permanecen desaparecidas.
La comparación tiene su origen en el informe sobre los incendios forestales de este verano -desde el 17 de mayo- que ha examinado el Consejo de Ministros de este martes, que también ha aprobado la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencia de Protección Civil los territorios afectados por 37 incendios "de especial relevancia" y por los que fue necesario activar el nivel de alerta 1 o 2. Estas zonas se encuentran en Andalucía, Canarias, Castilla y León, Navarra, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Extremadura.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado después ante la prensa en Moncloa un balance que, sin restar gravedad a los incendios, sí refleja que el fuego dio cierto respiro a España en 2023, donde no hubo muertos por este motivo, aunque sí 70 heridos, todos de consideración leve, con menos hectáreas quemadas que la media y que obligó a la Unidad Militar de Emergencias (UME) a intervenir en cinco ocasiones, frente a las 33 que tuvo que hacerlo en 2022.
Desde mayo, en España se han declarado 83 incendios, de los cuales 37 han sido considerados de "especial relevancia", ha dicho Grande-Marlaska. Ya han sido extinguidos, salvo el de Tenerife, que empezó el 15 de agosto y en estos momento está "ya controlado pero todavía activo". De momento, este incendio ha arrasado más de 1.470 hectáreas, ha afectado a 13 localidades y ha obligado a evacuar de manera preventiva a 13.000 personas.
En el cómputo global, este año han ardido desde mayo 66.000 hectáreas, de las que 47.000 fueron en los 18 fuegos han tenido categoría de "grandes incendios" porque en ellos se quemaron más de 500 hectáreas. Según datos facilitados por el Ministerio de Transición Ecológica, el número total de incendios con intervención de este departamento ha sido de 257.
A pesar de estas cifras, el ministro ha destacado también que este año los incendios no han afectado a grandes infraestructuras, aunque sí hubo en nueve ocasiones cortes temporales de carreteras y en seis, cortes eléctricos y otras tantas veces se suspendió el servicio ferroviario. En Tenerife también hubo interrupción del suministro de agua potable en algunas zonas.
Pero tampoco "constan incidentes en servicios de telefonía y telecomunicaciones" y la UME "este año solo se activó en ocho incendios frente a los 55 que requirieron su intervención el año pasado", ha añadido.
En plena DANA
El Gobierno no quiere lanzar las campanas al vuelo por un año menos desastroso en cuento a los incendios. "No pretendo transmitir optimismo", ha puntualizado Grande-Marlaska, que ha recordado que todos los años hay grandes incendios, vinculados con el cambio climático y cada vez "más complejos, peligrosos y difíciles de gestionar". Sin embargo, este informe sobre incendios forestales coincide con una DANA, que empieza a remitir pero que todavía dejará días de inestabilidad en algunas zonas.
La tormenta que arreció especialmente el domingo ha provocado estragos en buena parte del país, el colapso en líneas de tren y carreteras y, desde el punto de vista humano, ha provocado la muerte de tres personas, mientras que otras tres están desaparecidas.
Las zonas más afectadas son la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, particularmente la provincia de Toledo. Los dos gobiernos regionales ya han anunciado que solicitarán al Gobierno la declaración de zona catastrófica. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo reclamará para los municipios del sudoeste de la región mientras que el presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, anunció que hará lo propio, particularmente para la provincia de Toledo.
En este sentido, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha animado a que tanto administraciones como particulares afectados por la DANA hagan estas reclamaciones, de modo que el Gobierno pueda resolverlas "inmediatamente" y se canalicen las ayudas para devolverlas a la normalidad.
En declaraciones a la prensa desde Aldea de Fresno, una de las localidades madrileñas más afectadas, Ribera ha instado a ello "tanto a ayuntamientos como a comunidades autónomas, para la restauración de infraestructuras, y a los vecinos y propietarios privados que s hayan visto afectados".
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