La elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso el pasado jueves fue posible gracias a los votos de ERC y Junts. A cambio de estos apoyos, las fuerzas independentistas catalanas han llevado al PSOE a acordar la creación de dos comisiones de investigación: una sobre los atentados yihadistas del 17-A en Barcelona y otra sobre el caso Pegasus; además del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y el Senado.

El pasado jueves 17 de agosto se cumplieron seis años de los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils en 2017, donde fallecieron 16 personas y más de 130 resultaron heridas. Ninguno de los seis autores materiales fue juzgado porque todos murieron y tampoco se produjo un juicio a Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll e ideólogo que falleció en Alcanar (Tarragona) tras una explosión anterior a los atentados. Sobre el imán giran todas las teorías de la conspiración por sus relaciones con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algo que desmonta la sentencia de la Audiencia Nacional, sobre cuyos recursos aún tiene que pronunciarse el Tribunal Supremo.

"Hay muchos interrogantes que resolver y Junts quiere llegar hasta el final. Hay que aclarar la vinculación del CNI con el imam Es Satty, si los aparatos del Estado tenían información sobre el atentado y por qué no se pudieron evitar. El acuerdo incluye que no habrá veto de comparecencias de personas relacionadas o que puedan aportar información sobre los hechos", explicó Junts tras el pacto. El partido independentista alega que la creación de esta comisión de investigación se debe abrir "por el derecho a saber la verdad".

La prensa como origen de las teorías conspiranoicas

El caldo de cultivo de estas teorías llegaron de la mano de una información publicada en julio de 2019, donde se recogía que el imán de Ripoll era un confidente del CNI. Esta publicación tuvo una gran repercusión y el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, pidió explicaciones al Gobierno de España ante un "escándalo gravísimo". En la misma línea, el exconseller de Interior Joaquim Forn consideró necesario "exigir una investigación a fondo".

El asunto se llevó al Parlament catalán, donde se creó una comisión de investigación propia y concluyó en 2020 que el CNI no tuvo relación con los atentados. Sin embargo, sí acreditaron la condición de Es Satty como "confidente" al "no poder desprenderse de que dicho servicio de inteligencia conociera la intención del imán de promover o cometer los atentados". Del mismo modo, la Audiencia Nacional descartó la vinculación del CNI en los ataques y desestimó todas las teorías conspirativas difundidas por grupos independentistas.

Junts llegó a plantear que el imán seguía vivo

Durante el juicio por los ataques yihadistas, el diputado de Junts en el Parlament Jaume Alonso-Cuevillas, que ejerció de acusación en nombre los padres del niño de tres años víctima de aquel ataque, llegó a plantear que el imán seguía vivo. Esta hipótesis, sustentada en los contactos reconocidos por el servicio secreto con Es Satty mientras estuvo preso por narcotráfico en la cárcel de Castellón entre 2010 y 2014, fue descartada a nivel judicial, pues su muerte era una "verdad científicamente constatada".

La Audiencia Nacional nunca ha demostrado por vía judicial y policial el vínculo de Es Satty con el CNI, aunque es cierto que durante los años que estuvo en la cárcel fue visitado por los miembros del servicio de inteligencia y los Cuerpos de Seguridad del Estado. Se trata de una práctica habitual con los presos que tienen alguna relación con el terrorismo con el objetivo de conseguir fuentes de confianza dentro de los círculos de investigado.

Villarejo sostuvo una implicación del Estado

En enero de 2022, las teorías de la conspiración se vieron reforzadas por las declaraciones del comisario jubilado José Manuel Viallarejo durante el juicio por el caso Tándem, donde fue condenado a 19 años de cárcel por delitos de revelación de secretos y falsedad documental. Ante el tribunal sostuvo sin pruebas que los atentados fueron un "error grave" de Sanz Roldán, entonces director del CNI. 

El comisario aseguró que Roldán pretendía dar un "susto" a Cataluña, pero que "se le fue de las manos" al morir el imán de Ripoll, a quien vinculaba con el servicio secreto y la llamada Operación Cataluña, puesta en marcha por el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz para desacreditar a los líderes del independentismo catalán.

Tras sus palabras, ERC, Junts y otros partidos nacionalistas pidieron una comisión de investigación en el Congreso para aclarar si lo del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils fue "terrorismo de Estado contra la población civil". 

Eructo conspiranoico

Los atentados se produjeron en plena preparación del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Según Villarejo, la intención del CNI era crear un "comando ficticio" para "dar la apariencia del riesgo" y que Cataluña "sintiera la necesidad de la protección del Estado", pero al morir el imán de Ripoll "todo se descontroló". Esto sirvió a Junts para reafirmar su discurso contra el Estado y alimentar la idea de que las cloacas de Interior trabajaban contra Cataluña.