El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha viajado este lunes a Bruselas para reunirse con el comisario del ramo, Virginijus Sinkevicius, para hablar sobre la polémica proposición de ley que tramita el Parlamento andaluz para ampliar la superficie de regadío en el Parque Nacional de Doñana. La Junta no tenía intención de que trascendiera una cita que buscaba que se produce más de una semana antes del viaje 'oficial' que estaba previsto para el 3 de mayo.

Según fuentes conocedoras de la reunión, Fernández Pacheco y Sinkevicius se encontrarán sobre las 12.30 de la mañana y, de momento, no está previsto que el consejero haga declaraciones a la prensa posteriormente, dado que este encuentro ha sido tratado con confidencialidad por parte de la Junta, que tampoco lo incluyó este domingo en su agenda política para este lunes. 

El encuentro de este lunes se adelanta con respecto a otro anunciado para el 3 de mayo, en el que el propio Fernández Pacheco y la consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, también con el propósito de explicar a la Comisión el plan de regadíos que tramita el Parlamento andaluz promovido por el PP y Vox y en contra del que se han pronunciado la comunidad científica, ecologistas, el Gobierno central y el propio Ejecutivo de la UE por el mal estado de Doñana. 

La diferencia entre la reunión anunciada del 3 de mayo y la de este lunes es que el consejero se reunirá directamente con el comisario de Medio Ambiente, y no solo con miembros de su gabinete, como hasta ahora solo confirmaban en Sevilla. 

La proposición de ley para ampliar las hectáreas de cultivos que podrían acceder a derechos de riego en Doñana se ha convertido en uno de los polos de la precampaña de las elecciones del 28 de mayo, con un foco muy acusado en la última semana en Bruselas, a medida que a las advertencias de tipo medioambiental, se ha sumado el aviso de que la Comisión podría multar a España si la iniciativa legislativa prospera tal y como está redactada en estos momentos.

"Estupefacción" en Bruselas

El mes pasado, días antes de que el Parlamento andaluz admitiera a trámite la proposición de ley sobre los regadíos en Doñana, la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, envió una carta al Gobierno central en la que mostraba su "inquietud y estupefacción" por el riesgo que  planteaba para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que condenó a España en 2021 por el estado de las aguas subterráneas de Doñana y porque no se habían tomado medidas para evitar la protección de hábitats ni contra las extracciones de agua del acuífero para abastecer la actividad turística de Matalascañas. Fink-Hooijer apuntó que la sentencia "sigue sin cumplirse", pidió que se pongan medidas -en las que ya trabaja la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir- y avisó de que la Comisión tomaría para ello todas las medidas necesarias, incluido un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impongan sanciones pecuniarias.

La Comisión ha insistido en sus advertencias en varias ocasiones en las últimas semanas, tras la reunión que mantuvieron el comisario y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en Estocolmo la semana pasada y en respuesta a una preguntar parlamentaria que le formulario los eurodiputados socialistas españolas César Luena y Javi López. 

El jueves pasado y en respuesta a una primera carta de la Comisión en la ya se advertía de sanciones, la Junta anunció un importante movimiento, al abrirse a enmendar la proposición de ley y a introducir "cualquier solicitud de aclaración o medida adicional" por parte de la Comisión. El gobierno de Juanma Moreno también ofreció hacer una "visita técnica la zona poder verificar in situ, con los quipos técnicos de la Comisión Europea, el avance e idoneidad de las medidas planteadas".

Cuatro días después, el consejero de Medio Ambiente ha viajado a Bruselas para hablar en persona con el comisario de unos planes contra los que la Comisión ha sido tan beligerante desde el principio como el Gobierno central. Ribera espera que la Junta "recapacite" antes de que Bruselas determine incoar un procedimiento de infracción que conduciría a una multa que todas las partes saben que no llegaría antes de las elecciones municipales y autonómicas, el motivo que, desde el punto de vista del Gobierno central, subyace en la tramitación de una iniciativa que PP y Vox presentaron por primera vez antes de las elecciones autonómicas del año pasado y que, tras decaer con el final de la legislatura anterior, Ribera asegura que Moreno le garantizó que no volvería a presentar.

Por su parte, la Junta acusa al Gobierno de ofrecer en la Comisión una visión "incorrecta" de la proposición de ley y la semana pasada, antes de que la Junta se abriera a modificarla norma,  apenas unos días Fernández dijo que acudiría a Bruselas -el día 3 de mayo- con la verdad como "única arma" y "para desmontar las mentiras del Gobierno central".