El Parque Nacional de Doñana se ha convertido en las últimas semanas en el campo de batalla electoral entre el Gobierno y el PP a cuenta de la proposición de ley que tramita el Parlamento andaluz para legalizar regadíos. Además del daño medioambiental del que han advertido comunidad científica, ecologistas y regantes de la zona, el aspecto más político gira en torno a la multa que la Comisión Europa podría imponer a España si se aprueba la ley. No porque vaya de 'farol', porque Bruselas ha advertido en varias ocasiones sobre la posible sanción, sino porque en España las dos partes contendientes -PP y Gobierno- saben que esto es algo que sucedería mucho después de las elecciones del 28 de mayo. Tienen tiempo suficiente para mantener la tensión electoral antes de que la sangre llegue al río, mientras la Junta se ofrece ya a modificar la proposición de ley y el Gobierno confía en que el Ejecutivo andaluz rectificará a tiempo.

Durante la última semana, la polémica en torno al plan de regadíos en Doñana que promueve la Junta de Andalucía ha visto difuminarse el aspecto medioambiental del que parte la oposición del Gobierno central, científicos y grupos ecologistas para instalarse definitivamente en Bruselas y en las agendas electorales del PSOE y el PP con un elemento ganando peso: la advertencia de la Comisión de que ampliar los regadíos en Doñana llevaría a imponer una sanción a España.

Sin embargo, una sanción económica -que aún no está determinada pero que en el Gobierno ya califican de "cuantiosa" o "millonaria"- solo llegaría después de que terminara un procedimiento de infracción en la UE que todavía no ha empezado. El primer paso sería una carta de emplazamiento en la que la Comisión avisaría de posibles ilegalidades conforme al Tratado de la UE, que España tendría dos meses para responder. Si la contestación fuera insatisfactoria, la Comisión volvería a la carga con un dictamen motivado, donde indicaría qué correcciones hay que hacer en la ley para detener el proceso infractor. España volvería a tener otros dos meses para responder, y si tampoco cumple con las expectativas, la Comisión llevaría el caso al Tribunal de Justicia de la UE. De volver a condenar a España por la situación de Doñana, correspondería a la Comisión determinar la sanción, como ha dicho que hará en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas.

Desde una perspectiva temporal, lo que también está claro es que casi nada de eso sucederá antes de las elecciones del 28 de mayo, el único motivo con el que el Gobierno se explica en el plan regadíos con el que, más que un agua que hoy no está disponible, la Junta admite que trata de dar respuesta a "un problema social" en la comarca del Condado de Huelva. Como mucho, los comicios caerían dentro del plazo de respuesta a la carta de emplazamiento, de modo que la Junta y el PP podrán mantener su proposición de ley sin verse penalizados por el perjuicio de que España sea multada por ello. Por su parte, la amenaza de sanción permite al Gobierno y al PSOE mantener la presión contra la Junta y la política medioambiental del PP.

Intercambio de cartas

El Gobierno y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, saben que llevan las de ganar en el fondo de la cuestión. La Comisión ha dejado claro varias veces en las últimas semanas que no está de acuerdo con el plan de regadíos de la Junta, que cree que va en contra de la sentencia de 2021 por Doñana y que iniciará un procedimiento de infracción tras el que fijará sanciones. Así se lo trasladó a Ribera la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijer, en una carta a mitad de marzo y en ello incidió el martes pasado el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, en una reunión en Estocolmo, dos días antes de que volviera a lanzar el mismo mensaje en una obligada respuesta a la pregunta de los eurodiputados socialistas César Luena y Javi López. 

"Si se aprueba en los términos que se han anunciado, esta propuesta legislativa podría contravenir la legislación medioambiental de la UE. En este caso, la Comisión consideraría, como guardiana de los Tratados, el uso de todas las medidas disponibles en los Tratados para asegurar que el Reino de España cumple efectivamente con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sin demora", aseveró Sinkevicius en medio del despliegue lanzado el PSOE en Bruselas, que incluyó una recogida de firmas a la iniciativa "Salvemos Doñana", que solo logró reunir 50 de los 732 miembros de la Eurocámara, "un 7%", tal y como minimizó hace unos días el consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco.

Por su parte, la Junta ya ha tenido una primera ocasión de explicarse ante Bruselas. También se ha se ha ofrecido a enmendar la proposición de ley pero, también ganando tiempo, no a retirarla y a terminar así con el contencioso.

La Junta plantea ampliar el trasvase para aumentar el agua en superficie en Doñana y ofrece a Europa enmendar el plan de regadíos

El Gobierno apuró este jueves el plazo de un mes para responder a la carta de alerta de Fink-Hooijer, en la que adjuntó la respuesta de la Junta asegurando que la proposición de ley no "toca" el agua subtérranea, los acuíferos, de Doñana que fueron motivo de la condena de 2021, que "no conlleva de ninguna manera el otorgamiento de concesión de agua para poder ejercer el regadío en la zona" y que solo establece una serie de terrenos agrícolas regables, "siempre con agua superficial y siempre que exista esa posibilidad en el futuro". 

Para ello, planteaba que el Gobierno central amplíe el volumen del trasvase de los ríos Odiel, Tinto y Piedras al Guadalquivir para que haya más agua de superficie en una carta donde, aunque asegura que la iniciativa no es de la Junta, sino del PP -con mayoría absoluta en Andalucía- y de Vox, también se abría a enmendar sus términos para incluir las consideraciones que haga Bruselas. "La mera tramitación de esta ley no implica de manera directa o indirecta ninguna afección al cumplimiento de la sentencia puesto que, en estos momentos, se desconoce el resultado final del texto que será aprobado definitivamente en sede parlamentaria, tras todas las enmiendas que presenten los grupos parlamentarios para enriquecer el texto de la Ley", manifestó el Gobierno andaluz a la Comisión.

Tras este primer intercambio de cartas, el contencioso Doñana tendrá nuevos capítulos en Bruselas en las próximas semanas. La semana que viene está previsto que miembros del Partido Popular Europeo (PPE) -la familia política de Juan Manuel Moreno- se reúnan con la Comisión Europea y el 3 de mayo una delegación de la Junta encabezada por Fernández-Pacheco se reunirá con el gabinete del comisario de Medio Ambiente. El también portavoz de la Junta afirmó hace unos días que irán con "una única arma, la verdad, para desmontar las mentiras del Gobierno central". Por su parte, Ribera espera que estos encuentros "hagan recapacitar a la Junta".

Sin hablar

Mientras, en España, las posibilidades de que Gobierno y la Junta se sienten a negociar son pocas. Ribera se siente "particularmente molesta" con Moreno, porque en su última conversación con él tras las autonómicas que ganó con mayoría absoluta el año pasado le aseguró que "no adoptaría" unas medidas que ahora vuelve a promover coincidiendo con unas elecciones municipales. La vicepresidenta cree con una diferencia tan radical de base "no tiene sentido discutir algo que no tiene recorrido". "No se una conversación que parta de discrepancias en propuestas todas ellas defendibles, parte de una propuesta que es manifiestamente contraria a la legalidad europea y a la sentencia por la que hemos sido condenados y mientras esos sean los términos, no hay conversación posible", afirmó hace unos días.

Por su parte, la Junta ofrece un diálogo que sabe que tienen pocas oportunidades de producirse. Moreno propuso esta semana nada menos que el Gobierno central y el andaluz vayan juntos a Bruselas a explicar una proposición de ley que el primero rechaza de plano.

"Desde aquí te propongo que que acordemos una delegación conjunta de mi Gobierno y tu Ministerio para ir a explicar en detalle el objeto de esta proposición de ley a la Comisión, así como establecer en detalle las medidas que vamos a llevar finalmente a la Comarca del Condado de Huelva", planteó el presidente andaluz en la carta a Ribera que adjuntó a su respuesta a la Comisión, la precuela de un proceso que tardará mucho tiempo en terminar, mucho después de las elecciones.