La reforma de la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, sigue bloqueada una semana más en el Congreso, aunque se registran pequeños avances. La ponencia que tramita la nueva norma se reunió este martes una semana más y acordó incluir en el texto la modificación de uno de los artículos más polémicos de la ley mordaza, el que permite multar a los organizadores o convocantes de una marcha en la que se produzcan disturbios aunque ellos, personalmente, no hubieran tenido nada que ver con los altercados. No obstante, sigue sin haber pacto entre el PSOE, por un lado, y Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, por otro, en los asuntos más controvertidos de la norma, por lo que la semana que viene los grupos harán un nuevo intento de dejar cerrado un texto provisional.

La idea inicial que se manejaba en la negociación es que la reunión de la ponencia de este martes en la Cámara Baja fuera la definitiva y en ella se ratificase la nueva ley para que afrontara los últimos pasos de su tramitación: el voto en comisión y, posteriormente, en el Pleno del Congreso. Pero fuentes conocedoras del contenido de las conversaciones explican que, en la última semana, los temas más polémicos no se han desbloqueado, y por ello el PSOE cedió este martes y renunció a votar el texto en sus actuales términos ante el riesgo real de que ERC y EH Bildu no le dieran sus votos y, por tanto, lo derribaran definitivamente.

Tras esta marcha atrás, la sesión de este martes fue mucho más breve de lo esperado, y la media hora que duró sirvió, básicamente, para poner negro sobre blanco el acuerdo para eximir de responsabilidad a los convocantes de una manifestación cuando en ella se produzcan disturbios, así como otros pactos menores. No obstante, según confirman varias fuentes, en la reunión no se discutieron los asuntos más polémicos que siguen retrasando la tramitación: estas negociaciones se están llevando a cabo de manera discreta y PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu seguirán teniendo conversaciones durante toda esta semana con la intención de que el martes que viene pueda por fin cerrarse el texto.

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Son tres los asuntos fundamentales que, a día de hoy, siguen bloqueando que haya un acuerdo para aprobar la reforma de la polémica ley. El principal es la redacción de los artículos relativos a la desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad, en los que se apoyan buena parte de las multas y sanciones que han impuesto los agentes policiales desde 2015, cuando se aprobó la norma. El texto actualmente vigente considera falta leve "las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones", y las castiga con entre 100 y 600 euros.

Para modificar esa redacción, que los socios del Gobierno consideran enormemente ambigua y denuncian que abre la puerta a la arbitrariedad, se han presentado varias alternativas, por ahora todas rechazadas por el PSOE. Unidas Podemos, por ejemplo, presentó a finales de 2021 una enmienda en solitario planteando que solo se consideren punibles "los insultos o injurias" dirigidas a las fuerzas policiales, que no convence a los socialistas. Por su parte, grupos minoritarios como Más País apuestan directamente por suprimir de entre la relación de faltas leves las faltas de respeto a los agentes, algo que el PSOE no se plantea.

Devoluciones en caliente y pelotas de goma

Si ese tema es polémico, aún más difícil solución parece tener la cuestión de las devoluciones en caliente: mientras los socialistas quieren mantener dentro de la norma la posibilidad de expulsar directamente a los inmigrantes que crucen la valla de Ceuta y Melilla, otros grupos pretenden limitar esta vía o prohibirla, directamente. Lo máximo que ha ofrecido el PSOE es un compromiso para abordar ese asunto en una futura reforma de la ley de extranjería, algo que no basta para ERC y EH Bildu. En 2020, el Tribunal Constitucional avaló la legalidad de las devoluciones en caliente, siempre y cuando no se produzcan contra menores y o personas vulnerables, como ancianos o embarazadas.

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El tercero de los principales asuntos que, por ahora, están imposibilitando un acuerdo es la posibilidad de utilizar pelotas de goma como material antidisturbios. En algunas comunidades este tipo de actuaciones ya están prohibidas, pero ERC o EH Bildu pretenden extender este veto para que se aplique en toda España y apoyan una enmienda para que quede "expresamente prohibido" el uso de este material "o de cualquier otro instrumento o producto que pueda producir amputaciones o la muerte de una persona".

Por ahora, PSOE y Unidas Podemos se han limitado a plantear que sea obligatorio "utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables", para lo cual "las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios". No obstante, los independentistas quieren que las pelotas de goma sean mencionadas expresamente en el texto, algo que genera recelos a los socialistas.