El Gobierno sigue intentando cumplir con una de las promesas estrella de la coalición: la reforma de la ley de seguridad ciudadana, también conocida como ley mordaza, aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015. No va a ser fácil. PSOE y Unidas Podemos han avanzado este jueves poniendo negro sobre blanco acuerdos ya alcanzados con los socios de la investidura. Por ejemplo, han acordado reducir la cuantía de las multas o su forma de pago según la renta. Eso sí, han orillado los "escollos" que siguen dificultando el acuerdo de cara a futuras reuniones, aunque las previsiones no son buenas. Pese a que los morados son optimistas, los socialistas y EH Bildu frenan sus aspiraciones por la dificultad de acordar los puntos más espinosos para los socialistas, que podrían ver cómo los sindicatos policiales deciden salir a la calle en pleno año electoral.

Según informan fuentes presentes en la reunión de la ponencia celebrada este jueves en el Congreso que ha reanudado de forma oficial las negociaciones, los grupos han pactado rebajar algunas cuantías económicas. En el caso de las sanciones leves, la horquilla será de 100 a 500 euros (en la actualidad es de 600) y en las graves oscilará entre los 501 y los 25.000 euros (ahora va de 601 a 30.000). En el caso de las faltas muy graves, el máximo seguirá siendo de 600.000 euros. Asimismo, los grupos han "profundizado" en el hecho de que la cuantía de la multa dependa de la capacidad económica del infractor y en la ampliación de los casos en los que dicho castigo puede sustituirse por trabajos a la comunidad. También se ha introducido que las declaraciones de los agentes deberán guardar "coherencia y razonabilidad", y obligar al Ministerio del Interior para que informe "periódicamente" de las actuaciones de la Policía.

Desde Unidas Podemos creen que estos avances acercan y mucho la aprobación de la reforma de la ley de Rajoy. "Francamente, esperamos poder realizar la semana que viene la que sería la última reunión de la ponencia para que, ojalá que pronto, nuestro país tenga una nueva ley de Seguridad Ciudadana", ha respondido Enrique Santiago, secretario general del PCE, a los medios de comunicación. En este sentido, ha asegurado que la nueva norma estará orientada "al respeto de los derechos humanos" y a "recuperar el ejercicio de derechos y libertades". "Estamos muy satisfechos", ha finalizado.

El Gobierno acelera las negociaciones para derogar la ley mordaza pero los principales puntos de discrepancia siguen bloqueados

Esta esperanza morada choca, no obstante, con lo trasladado por el PSOE, grupo mayoritario, y EH Bildu, uno de los socios preferentes en esta reforma. Fuentes de los socialistas han declarado que "no hay noticia" en la reunión de este jueves, puesto que "se ha firmado lo que ya habíamos acordado". "Sigue habiendo tres o cuatro cosas atascadas", apuntan. Esta versión la secundan los abertzales. Jon Iñarritu, uno de sus diputados, ha señalado que lo cerrado este jueves son los acuerdos a los que han llegado en las más de 35 reuniones que han mantenido los grupos de la investidura en los últimos diez meses. Pese a que ha dicho "esperar" que la reforma de la ley mordaza se apruebe antes de que finalice la legislatura a final de año, ha recordado que "no ha habido acuerdo en los artículos más lesivos". "Y ni siquiera estamos hablando de ellos, espero que en las próximas semanas se pueda avanzar porque sino será imposible llegar a una reforma total", ha asegurado.

Tres puntos enquistados

Son tres los asuntos fundamentales que, a día de hoy, siguen bloqueando el acuerdo para aprobar la reforma de la polémica ley. El principal es la redacción de los artículos relativos a la desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad, en los que se apoyan buena parte de las multas y sanciones que han impuesto los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desde 2015, cuando se aprobó la norma. El texto actualmente vigente considera falta leve "las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones", y las castiga con entre 100 y 600 euros.

Para modificar esa redacción se han presentado varias alternativas, por ahora todas rechazadas por el PSOE. Unidas Podemos, por ejemplo, presentó a finales de 2021 una enmienda en solitario planteando que solo se consideren punibles "los insultos o injurias" dirigidas a las fuerzas policiales, que no convence a los socialistas. Por su parte, grupos minoritarios como Más País apuestan directamente por suprimir de entre la relación de faltas leves las faltas de respeto a los agentes, algo que el PSOE no se plantea.

La cuestión de las devoluciones en caliente parece un asunto mucho más lejano de solucionar: mientras los socialistas quieren mantener dentro de la norma la posibilidad de expulsar directamente a los inmigrantes que crucen la valla de Ceuta y Melilla, otros grupos pretenden limitar esta vía o prohibirla, directamente. En 2020, el Tribunal Constitucional avaló la legalidad de las devoluciones en caliente, siempre y cuando no se produzcan contra menores y o personas vulnerables, como ancianos o embarazadas.

El tercero de los principales asuntos que están imposibilitando un acuerdo es la posibilidad de utilizar pelotas de goma como material antidisturbios. En algunas comunidades este tipo de actuaciones ya están prohibidas, pero ERC o EH Bildu pretenden extender este veto para que se aplique en toda España y apoyan una enmienda para que quede "expresamente prohibido" el uso de este material "o de cualquier otro instrumento o producto que pueda producir amputaciones o la muerte de una persona".