El polémico protocolo de atención a mujeres embarazadas en Castilla y León será algo distinto al anunciado el pasado jueves por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo. No se centrará únicamente a mujeres que quieran abortar, como se dijo en un principio, ni tampoco obligará a los médicos a informar sobre las medidas que en él se contempla. De este modo, solo las mujeres que así lo soliciten escucharán el latido del feto, contemplarán una ecografía 4D o accederán a un psicólogo sin tener que pasar antes por Atención Primaria. 

Pese a que García-Gallardo calificó las iniciativas como "provida" ante el "drama social" del aborto, el presidente del gobierno castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, ha desacreditado este lunes a su vicepresidente tras la controversia que generó el anuncio y que le ha valido un tirón de orejas de Génova y una amenaza del Gobierno central. "No se obligará a los médicos a nada. No se obligará a las embarazadas a nada. Serán ellas las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición", ha zanjado durante una comparecencia institucional.

La Consejería de Sanidad de Castilla y León tenía previsto publicar un comunicado aclarando las medidas inicialmente contempladas en el supuesto plan contra el aborto. Pero las palabras de Mañueco, que ha aseverado que "en ningún caso" se actualizará el protocolo de atención a las mujeres que son sometidas a una interrupción voluntaria del embarazo, han cambiado las tornas.

En todo caso, y a pesar de la desautorización del presidente Mañueco, Vox ha difundido un tuit en el que vende como un éxito la controversia generada por su anuncio del plan antiaborto: "Castilla y León se convierte gracias a Vox en la región de España donde las mujeres embarazadas tienen más información, libertad y apoyo. Un primer paso que demuestra que hay alternativa a las oscuras y nefastas leyes de la izquierda".

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"Para todas las embarazadas"

El pasado jueves, tras las primeras declaraciones de García-Gallardo, la Consejería de Sanidad de Castilla y León emitió un comunicado en el que aunque no se mencionaba la palabra aborto y únicamente había un punto dedicado a la objeción de conciencia de los médicos ante la interrupción voluntaria del embarazo, sí dejaba claro que las nuevas medidas iban "dirigidas a ayudar a las mujeres que lo precisen a superar las dificultades para ser madre". Es decir, no para todas las mujeres embarazadas.

Dicha nota de prensa incluía nuevas iniciativas como "garantía de asistencia por psicólogos clínicos", un "protocolo de latido fetal y registro cardíaco" y "ecografías 4D para gestantes", aparte del mencionado "respeto a la objeción de conciencia".

Tras la polémica suscitada y la desautorización de Mañueco a su vicepresidente, fuentes de la Consejería de Sanidad detallan a 20minutos que, ahora, las medidas "son para todas las mujeres embarazadas", y no únicamente para "las que tienen dificultades para ser madre". Pero ni el presidente de la Junta ni la consejería del ramo han especificado todavía cómo se van a llevar a cabo. Las mismas fuentes cuentan que "se pasará una instrucción [a los profesionales sanitarios] a la mayor brevedad posible", por lo que no han entrado en vigor este lunes como estaba previsto. 

Por ahora, lo que se sabe es que el plan se centra en tres medidas principales. En primer lugar, que las mujeres embarazadas puedan acceder a un psicólogo "desde la consulta del ginecólogo, sin tener que pasar por la consulta de Atención Primaria" y "siempre que la mujer lo solicite y bajo criterio médico". También solo si la paciente lo pide se le dejará "oír el latido fetal en cualquiera de las exploraciones ecográficas". Y, por último, plantean "extender las ecografías 4D" (con imagen en movimiento) a "todos los hospitales de la comunidad", puesto que, según inciden desde Sanidad, "faltan en el hospital de Segovia y en el de Ávila". 

Son, en definitiva, las mismas medidas anunciadas el pasado jueves, pero con la precisión de que solo se concederán a las mujeres embarazadas si lo piden, puesto que, de lo contrario, "puede derivar en coacciones directas e indirectas a la mujer embarazada", según ha aseverado Mañueco este lunes. Desautorizaba así a García-Gallardo, que apenas horas antes se reafirmaba diciendo que el protocolo sería de obligado cumplimiento para los médicos con el fin de "ofrecer más información". 

Génova reprocha a la Junta

Más críticos han sido desde Génova. Cinco días después de la polémica, el PP se ha pronunciado sobre el plan contra el aborto reprochando lo ocurrido en Castilla y León con el Gobierno de coalición entre los populares y Vox. "Los Gobiernos tienen que intentar serenar y ser responsables y sensatos y lo que hemos tenido oportunidad de ver a cuenta de lo sucedido en Castilla y León no es eso, nuestra valoración no puede ser positiva", ha sentenciado el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper. 

Según Sémper, "Vox es un chollo para el Gobierno de Sánchez y Podemos", a quienes ha acusado también de inflar la polémica para desviar la atención de la rebaja de penas a agresores sexuales a raíz de la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'. En esa línea se ha expresado también Mañueco, quien ha afeado al Ejecutivo central de querer sacar "rédito político" de todo esto. 

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Mientras tanto, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, sigue sin pronunciarse sobre el asunto, algo que ha sido fruto de críticas desde el PSOE, que le acusan de ser "el rehén de Vox". "El PP necesita a Vox para llegar al Gobierno, tiene en Vox a su aliado natural. Lo ha tenido esta legislatura y lo quiere seguir teniendo en las próximas elecciones", ha aseverado la portavoz socialista, Pilar Alegría. 

Por otro lado, ha insistido en que desde el PSOE y el Gobierno no van a permitir "ni un solo recorte en los derechos de las mujeres como pretenden la ultraderecha y el PP", y en ese sentido ha recordado el requerimiento oficial que el Ejecutivo envió el domingo a la Consejería de Sanidad de Castilla y León. En él, la Moncloa avisaba a la Junta de que "se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa" con respecto al aborto "por posible vulneración de principios fundamentales". 

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El gabinete de Pedro Sánchez no descarta implementar "actuaciones jurídicas adicionales" si Castilla y León no atiende este requerimiento, que Mañueco calificó de "intolerante ataque". El Ejecutivo central ya ha advertido de que, si las medidas prosperan, está dispuesto a llevarlas ante el Tribunal Constitucional (TC), según ha asegurado la ministra de Sanidad, Carolina Darias: "No vamos a permitir un paso atrás en el derecho de las mujeres", ha aseverado durante una entrevista para la Cadena Ser. 

Eso sí, descartan por ahora aplicar el artículo 155 de la Constitución en la región, como pide Unidas Podemos, mientras esperan a que la Junta responda por escrito a su requerimiento. "El Gobierno no está ahí", ha declarado Alegría al ser preguntada en rueda de prensa por la posibilidad de intervenir parcialmente las competencias autonómicas a través de ese mecanismo.