En España, unas 185.000 personas con discapacidad en edad de trabajar cobran una pensión no contributiva, pensiones concebidas para aquellos que no han cotizado nunca a la Seguridad Social o no han alcanzado el mínimo de años requeridos. Otras 670.000 no cobran nada.
Debido a su discapacidad la sociedad no les ha permitido tener un trabajo, por lo que tienen una paga exigua o, en el peor de los casos, ni siquiera cobran nada. ¿Qué alternativa tienen estas miles personas en nuestro país? En la inmensa mayoría de los casos, depender económicamente de sus familias con todo lo que ello conlleva de falta de autonomía.
Para poner rostro a esta realidad, hablamos con varias de estas personas que, por falta de apoyo estatal y social, no pueden ser independientes económicamente ni desarrollar su propio proyecto de vida.
Judith Porras: "Solo he trabajado unos meses en mi vida. Recibo ayuda, pero es insuficiente"
Judith Porras tiene 26 años y, debido al síndrome de William -una condición genética que provoca múltiples problemas físicos y de aprendizaje- tiene reconocida una discapacidad del 65%. "Mi vida ha sido muy dura en general porque, por ser diferente, me he sentido muy excluida de la sociedad y en el colegio me han hecho bullying", cuenta.
Esos mismos prejuicios le impiden, además, encontrar un trabajo: "Solo he trabajado dos veces en verano, unos meses, en el minigolf de mis abuelos, y me sentí muy bien y muy cómoda, pero no consigo otro trabajo". Mientras lucha porque le den más oportunidades laborales, se dedica a las redes sociales y a visibilizar y concienciar sobre el síndrome de William, una enfermedad rara que apenas se investiga.
Aunque ella prefiere que le dejen trabajar a cobrar una pensión, reconoce que, a falta de trabajo, tampoco recibe apenas ayudas para salir adelante. Así, aunque en casa reciben una pequeña prestación debido a su discapacidad, sigue dependiendo de su familia para salir adelante, "obtengo una pequeña ayuda, pero no es suficiente", asegura.
Clara Fernández: "No tengo más remedio que vivir con mis padres, no tengo autonomía"
Clara Fernández tiene 36 años y una discapacidad -visual y física- reconocida del 82%. A pesar de su amplia formación -es Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene multitud de cursos e incluso ha estudiado oposiciones- no consigue encontrar trabajo. Tampoco recibe las ayudas que necesita para poder vivir de manera autónoma, "solo cuento con 153 euros de ayuda por dependencia en grado 1 -puesto que la discapacidad física es leve- y mis padres cobran la prestación por hijo a cargo, pero es una prestación para ellos, no para mí. Con esos 153 euros no tengo casi no para seguir formándome", se queja.
No tiene acceso a pensión no contributiva porque, al vivir con sus padres y tener estos un determinado nivel de ingresos, ya no le corresponde, "yo estoy bien con ellos, pero si no fuera así, no tendría más remedio que vivir con ellos. No tengo autonomía".
Te dicen que puedes trabajar, pero en la práctica no es así, porque las adaptaciones laborales asustan a los empresarios y la ley no se cumple porque no hay control
Para poder disfrutar de esa independencia ella reivindica su derecho a trabajar, pero tampoco se lo ponen fácil, "yo quiero trabajar, pero también quiero que respeten mi condición, que se hagan las adaptaciones necesarias para que pueda llevar a cabo mi trabajo. Y a la hora de la verdad, no se hacen, especialmente a las personas que tenemos una discapacidad elevada. Solo pido que la ley proteja más a las personas que más lo necesitamos, a las personas con grados más altos de discapacidad. No tiene nada que ver la situación de una persona con grado 40 a la de una con grado 82, y la ley nos trata a todos por igual", se queja, "te dicen que puedes trabajar, pero en la práctica no es así, porque las adaptaciones laborales asustan a los empresarios y la ley no se cumple porque no hay control. Y, en cualquier caso, siempre contratarán a una persona con una discapacidad menor. En otros trabajos te piden el certificado de discapacidad, pero, por otro lado, te exigen que seas autónomo. Y, en la ONCE olvídate, hay unas colas para entrar…".
Una pensión digna solucionaría gran parte del problema, pero ella reivindica, además, una ocupación, "suena muy bonito que te den algo sin trabajar, pero yo no quiero eso, no es buscado, yo quiero tener una ocupación, por eso me dedico a estudiar por las mañanas", asegura. Además, realiza dibujos para exposiciones ‘por amor al arte’, para centros cívicos, algo que también le gustaría que se le remunerara de alguna manera.
Montserrat Reyes: "Si me deniegan la incapacidad y no llego al 65% para cobrar una pensión, ¿qué me queda?"
Montserrat Reyes tiene 48 años y varias patologías que, a día de hoy y desde hace más de 10 años, le impiden trabajar. Aun así, solo tiene reconocido un 45% de discapacidad, un grado que no permite cobrar una pensión, ni siquiera una no contributiva de incapacidad, "me han denegado la incapacidad y, al no llegar el 65% para poder cobrar una no contributiva, ¿qué me queda?", asegura indignada. Sin embargo, ella insiste en que las enfermedades que padece son incapacitantes, que le impiden desarrollar una carrera profesional, "además de una lesión en la rodilla que tengo desde hace varios años, tengo fibromialgia en grado III, síndrome de fatiga crónica (encefalomielitis miálgica) y síndrome de Hipersensibilidad química Múltiple. Son enfermedades que, además, tardaron años en diagnosticarme, porque son invisibles".
Pese a todo esto, y de tener dos menores de 12 y 15 años a su cargo, estuvo un año entero sin recibir ni un euro en ayudas, y ahora cobra la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), una prestación que se puede solicitar en Cataluña y que tiene los mismos objetivos que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), "en la actualidad cobro esta prestación, pero vivo con miedo de que me la quiten en cualquier momento, porque no es una paga vitalicia y porque con la entrada del IMV muchas personas están tenido problemas para cobrar una u otra por problemas de competencias entre la Generalitat y la Seguridad Social".
No tenemos ni el derecho a enfermar con dignidad, nos hacen sentirnos culpables por estar enfermos
La cuantía que cobra actualmente asciende a 900 y no le da para mucho, por lo que tiene que recurrir a ayuda de familiares para cubrir las necesidades de sus hijos y las suyas, "con estos 900 euros pago los 500 de alquiler y los recibos, pero mi madre me ayuda con el resto de los gastos, porque, además debido a la hipersensibilidad química, tengo que comprar comida y otros productos especiales porque casi todo me hace daño, que es todo mucho más caro. Además de no tener recursos ni casi ayudas, tengo una enfermedad de ricos…".
Montse sigue luchando, a través de la PAICAM (Plataforma de Afectados por el INSS y la ICAM), para que enfermedades como las suyas tengan el reconocimiento que merecen, "nos tratan como si fuéramos estafadoras -porque la mayoría somos mujeres y muchas víctimas de violencia de género- como si nos inventáramos las enfermedades que tenemos, cuando lo que tenemos son patologías muy limitantes, que no solo nos impiden trabajar, sino incluso tener una vida social. Y con todo eso, nos dejan en el limbo, sin poder trabajar y sin poder cobrar nada. No tenemos ni el derecho a enfermar con dignidad, nos hacen sentirnos culpables por estar enfermos".
Raquel Jiménez: "Con la pensión que tengo no podemos vivir, mi madre tiene que ayudarme todos los meses"
Raquel Jiménez tiene 50 años, y una discapacidad reconocida del 65%. Aun así, no puede acceder a una pensión no contributiva, "solo cobro la pensión de orfandad que me dan por mi padre, que falleció hace más de 20 años, y es de unos 400 euros".
Raquel, que ha logrado llevar una vida independiente y vivir con su novio a pesar de los obstáculos, no puede, sin embargo, llevar una vida realmente autónoma, "vivimos de alquiler y mi pareja trabaja, pero tal y como están los precios de los pisos, no llegamos, no nos da para nada", reconoce.
Vivo de alquiler con mi pareja, que trabaja, pero tal y como están los precios de los pisos, no llegamos, no nos da para nada
Para solventar sus problemas económicos y llegar, a duras penas, a final de mes, tiene que recurrir a su madre, una jubilada de 82 años, "con la pensión que tengo no podemos vivir, mi madre tiene que ayudarme todos los meses: me ayuda con la comida, me compra ropa, me da dinero para salir un poco…", reconoce.
Ella prefiere trabajar, pero tampoco le dan la oportunidad, y eso que tiene un talento especial para las manualidades, "trabajé un tiempo, pero lo dejé después de fallecer mi padre. Ahora me gustaría trabajar de lo que fuera, pero no me dan la oportunidad, y eso que se me dan muy bien todas las manualidades. Hago desde pulseras, pendientes hasta árboles de Navidad", nos contó.
Jaime Varón: "No cuento con ninguna prestación económica"
Jaime tiene 60 años, un 35% de discapacidad y en la actualidad no cuenta con ninguna ayuda, "estuve trabajando en una pizzería durante seis años y repartiendo publicidad, pero se me terminó en 2016. Desde entonces, estoy en paro. Primero, estuve cobrando la ayuda por desempleo, pero se me terminaron todas las ayudas y ahora no cuento con ninguna prestación económica".
Al no haber cotizado lo suficiente como para prejubilarse o cobrar una pensión por incapacidad y no llegar al 65%, "tampoco puede acceder a una pensión no contributiva", se queja.
Por suerte, vive en una vivienda heredada, de la familia, y no tiene que pagar alquiler ni hipoteca, pero para cubrir gastos, no le queda otra que recurrir a sus familiares para sobrevivir. También le ayudan en la Fundación A la par, donde acude dos veces a la semana, y al gimnasio, para airearse. Allí le dan apoyo para buscar trabajo y recibe formación. Aunque es consciente de que tanto como su discapacidad como su edad se lo ponen difícil, no pierde la esperanza, "hay que tener paciencia, no queda otra", dice resignado.
Ana Cristina Sanz: "Como vivo con mis padres y tienen pensión, a mí no me conceden la no contributiva"
Ana Cristina tiene 43 años y una discapacidad reconocida del 72%. Aun así, no recibe ningún tipo de ayuda, "vivo con mis padres, y como mi padre tiene una pensión, a mí no me conceden la no contributiva", asegura.
Aunque ha trabajado en el pasado, no ha cotizado lo suficiente y, en la actualidad, su discapacidad y sus alergias se lo ponen muy difícil para entrar de nuevo en el mercado laboral, así que ha optado por ponerse a estudiar y probar suerte presentándose a unas oposiciones, "yo quiero trabajar, para eso me estoy preparando, pero tiene que ser un trabajo de oficina porque no puedo, por ejemplo, trabajar limpiando, pues soy alérgica a un montón de productos, ni en jardines, porque soy alérgica a muchas plantas", cuenta.
En la actualidad, vive en una casa al lado de sus padres, y asegura es que perfectamente capaz de valerse por sí misma, "sé hacer todas las tareas, comprar, me quedo sola… Lo ideal para mí es trabajar, quiero ganarme el sueldo, porque me gusta mucho tener cosas que hacer, una rutina…, pero si no puedo, lo que me gustaría es poder tener mi dinero para ser independiente", concluye.
Charo: "Si mi marido y yo nos morimos ahora, ¿qué hacen con mi hijo? ¿Quién lo ampara?"
Charo adoptó a Carlos, que ahora tiene 51, cuando tenía seis años. Ella y su marido vivían en Venezuela y decidieron salvar casi literalmente a la vida a un niño desnutrido que apenas pesaba 10 kilos. Después de visitar médicos en varios países de Latinoamérica, se dieron cuenta de que, además de la extrema desnutrición que padecía, tenía autismo profundo y ceguera, "debido a su discapacidad -tiene un 93% reconocida- nunca ha podido desarrollar ningún talento y mucho menos trabajar", cuenta Charo.
Su hijo ha contado durante años con una pensión no contributiva de poco más de 600 euros, y desde hace unos años también con la ayuda a la dependencia, de 339 euros. Debido a las necesidades de apoyo de Carlos estas ayudas se quedan, ya de por sí, bastante cortas, pero, además, hace unos meses se encontraron con la sorpresa de que, no solo les retiran la pensión no contributiva, sino que les reclaman 15.000 euros por haberla cobrado cuando no les correspondía: "Nosotros ni siquiera sabíamos que había un límite de ingresos para cobrarla".
Charo, además, no se explica por qué ha ocurrido, pues ella tiene pensión media por haber sido funcionaria de la Junta de Andalucía, y su marido, que estuvo años trabajando en Venezuela, también cobra una pequeña pensión no contributiva. También, debido a que tienen la tutela de su hijo, cada año tienen que rendir cuentas ante el juez sobre los gastos que tiene su hijo, justificarlos…
Te das cuenta de que para la administración, personas como mi hijo, son un estorbo, una carga
De momento, mientras esperan a que respondan a las reclamaciones que han puesto a través de la Junta de Andalucía, les han recomendado que pida la prestación por hijo a cargo, cuya cantidad es inferior a la pensión, pero que no está sujeta a renta.
Charo se queja, sobre todo, de la falta de sensibilidad de la administración, "si mi marido y yo nos morimos ahora, ¿qué hacen con mi hijo? ¿Quién lo ampara? Ya no es solo por el dinero, es porque te das cuenta de que para la administración, personas como mi hijo son un estorbo, una carga", dice indignada. Y es que, a día de hoy, ella tiene 75 años y sigue ocupándose de todos sus cuidados, pero no puede evitar pensar qué pasará el día que ya no pueda ocuparse de él si él ni siquiera tiene una pensión.
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