Los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional han jurado o prometido este sábado su cargo ante el rey Felipe VI en una ceremonia celebrada en el Palacio de la Zarzuela, a la que también ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, como notaria mayor.
Los cuatro magistrados son el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática y ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, ambos propuestos por el Ejecutivo; y los jueces César Tolosa y María Luisa Segoviano, elegidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Además de Sánchez, a la ceremonia que ha tenido lugar en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela han acudido el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, y el del Tribunal Supremo, Rafael Mozo. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y del Senado, Ander Gil, respectivamente, también han estado presentes en Zarzuela.
"Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de magistrado del Tribunal Constitucional con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado", han afirmado los magistrados Campo, Diez y Segoviano, en tanto que Tolosa ha empleado la misma fórmula pero como juramento.
Ante los magistrados, la Constitución estaba abierta por el título IX en su artículo 159 sobre el Tribunal Constitucional. Tras prestar juramento o promesa, cada uno de los nuevos magistrados ha recibido la felicitación de don Felipe, con quienes se han fotografiado para después hacerlo también con el resto de asistentes.
El pleno del Tribunal Constitucional confirmó este jueves por unanimidad la idoneidad de los cuatro, lo que supone el último trámite para su renovación, que desembocará en una corte de garantías de mayoría progresista. Recibido el aval de pleno y tras el acto de este sábado, se abrirá el debate sobre quién será el nuevo presidente del Tribunal Constitucional.
El rey viaja ahora a Brasil, acompañado del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para asistir a la toma de posesión de Luiz Inácio da Silva como presidente brasileño.
Carrera de obstáculos
El nombramiento de los nuevos miembros del TC ha sido una verdadera carrera de obstáculos y una ramificación de la crisis que supone la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) más de cuatro años después de vencer su mandato.
Detrás, está la reiterada negativa del PP a pactar el relevo y las sucesivas reformas legislativas del Gobierno para intentar contrarrestar esa decisión.
El choque ha sido de tales dimensiones que se llevó por delante al presidente del Consejo, Carlos Lesmes, quien dimitió ante la imposibilidad de lograr consensos. La situación se ha ido complicando en los cuatro años de mandato en funciones del actual Consejo.
Vista la imposibilidad de pactar su nueva composición con el principal partido de la oposición, el Grupo Socialista aprobó en las Cortes una reforma el 12 de marzo de 2021 que impedía al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos cuando su mandato hubiera caducado.
“Dieciocho meses después de su aprobación”, dijo Lesmes en el solemne acto de apertura del Año Judicial celebrado el 7 de septiembre bajo la presidencia del Rey, “los efectos de esta ley son devastadores”. El Tribunal Supremo sumará 20 vacantes en los próximos meses, una cifra que supone el 25% de sus efectivos.
Además, 49 de las 116 presidencias de tribunales que existen en España no están desempeñadas por un titular y el próximo 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar, al no poder ser repuestas las vacantes.
Esa norma, afectaba también a la renovación preceptiva, que tenía como fecha límite del 13 de septiembre, de cuatro puestos en el Tribunal Constitucional (dos a cargo del Gobierno y otro dos por parte del CGPJ). Esa renovación iba a suponer un vuelco en la relación de fuerzas del garante de la Constitución, que pasaría a tener mayoría progresista.
Para permitir esos cuatro nombramientos, el Gobierno impulsó en julio de 2022 una reforma parcial de su última regulación y dio de plazo hasta ese día de septiembre para que el Consejo acordara los nombres de los dos vocales que le correspondía designar, revirtiendo así, parcialmente, la norma que le impedía hacer nombramientos estando en funciones.
La modificación no sentó bien al PP, ni tampoco al sector más conservador del CGPJ que se reunió para explicitar su desacuerdo con los plazos del Ejecutivo y dejar claro que no iba a atenerse a ellos. El pulso estaba servido. Se nombró una comisión negociadora formada por vocales progresistas y conservadores y se inició una ronda de contactos que una y otra vez encallaba.
Los progresistas pusieron pronto sobre la mesa en nombre de su candidato: José Manuel Bandrés. Los conservadores se resistían a poner candidatos. En esa situación, el Gobierno nombró a sus dos candidatos, un exministro y una ex alto cargo de la Moncloa, lo que fue interpretado como un desafío por los conservadores.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo impulsaba una reforma legislativa para modificar las mayorías necesarias en el CGPJ para designar a sus candidatos. Esta posibilidad llevó a los conservadores del Consejo a pedir un Pleno extraordinario para votar a los dos candidatos que pusieron sobre la mesa por primera vez. Se trataba de César Tolosa (conservador) y Pablo Lucas (progresista). Su objetivo era realizar los nombramientos con la ley aún vigente y evitar que saliera adelante la candidatura de Bandrés, al que consideraban cercano al Gobierno.
La propuesta no salió adelante. Pero una semana más tarde y con el tiempo que proporcionaba la paralización de la reforma que decidió el Tribunal Constitucional gracias a la mayoría conservadora, ese mismo grupo puso sobre la mesa una nueva candidatura formada por Tolosa y por Segoviano. Los progresistas llevaban de nuevo al Pleno la candidatura de Bandrés.
Pero días antes del cónclave, los progresistas se reunieron y pactaron apoyar a los dos magistrados propuestos por el otro sector, manteniendo en absoluto secreto su decisión hasta el día de la votación. Su cambio de postura sorprendió a los proponentes y permitió la renovación del TC.
Asuntos pendientes
El Tribunal Constitucional tiene asuntos sensibles pendientes de resolver que con el cambio de mayorías podrían recibir un dictamen diferente. Es el caso de la Ley del Aborto o la reciente sobre la eutanasia.
La primera lleva más una década esperando sentencia por la imposibilidad de acuerdo en el tribunal de garantías. De hecho, no se ha llegado a someter a votación desde que el PP presentó recurso de inconstitucionalidad en 2010. El punto conflictivo es el que autorizaba a las menores de 16 y 17 años a abortar sin el consentimiento de sus padres.
En el caso de la norma que regula la eutanasia aprobada en junio pasado por las Cortes, están pendientes los recursos que presentaron el PP y Vox, este último enmienda la plana a la ley por considerar que el derecho a la vida tiene “carácter absoluto”. El PP, mucho menos categórico, apela al refuerzo de los cuidados paliativos como alternativa.
Además de estas normas, el nuevo TC tiene sobre la mesa decidir sobre la normativa catalana que intenta eludir la obligación de impartir el 25% de la enseñanza en castellano y sobre la ‘ley Celaá’ de educación sobre la que pesan recursos precisamente sobre el uso del castellano en las comunidades con leguas cooficiales o sobre el trato que se da a la asignatura de religión, planteado por Vox.
En relación con el entramado social y laboral, el TC tiene sobre la mesa el recurso sobre la votación que permitió la aprobación de la reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que logró la mayoría gracias al voto equivocado del diputado popular Alberto Casero. El PP esgrimió que no se le permitió enmendar el error. Vox cargó contra la aprobación por vía de urgencia de la norma.
En este terreno también es especialmente significativo el recurso de Vox contra la Ley de Vivienda que bloquea la ejecución de desahucios a personas vulnerables. A su entender, esta norma atenta contra el derecho a la propiedad y protege al delincuente. En el caso del PP, el TC tendrá que pronunciarse contra .la nueva ley de vivienda de Cataluña que obliga a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social a personas vulnerables que ocupen una vivienda.
En relación con el entramado institucional, el Constitucional tendrá que pronunciarse sobre la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos cuando esté en funciones y deberá resolver el amparo solicitado por el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, que perdió su acta de diputado tras haber sido condenado por la agresión a un policía durante una manifestación.
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