El Constitucional prepara ahora la lucha entre Balaguer y Pumpido para presidirlo tras avalar por unanimidad a sus 4 nuevos magistrados

María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido
María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido
EFE
María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido

Tras el visto bueno de este jueves del Tribunal Constitucional a los cuatro nuevos magistrados propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (César Tolosa y María Luisa Segoviano) y el Gobierno (Juan Carlos Campo y Laura Díez), la atención se centra ahora en un gran frente abierto: la elección de un nuevo presidente para el TC.

El adiós del presidente Pedro González-Trevijano, cuyo mandato caducó el pasado junio y que ha supuesto el más breve del TC, supondrá la elección de su sucesor en las próximas semanas. Tras más de 9 años de mayoría conservadora en el TC, se producirá el relevo para un presidente progresista debido al cambio de fuerzas que se ha llevado en el pleno de este jueves, originado por la mayoría parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Por otra parte, lo que sí parece más claro es que la vicepresidencia del TC pasará a manos de Ricardo Enríquez, el conservador de más experiencia en el órgano.

El actual reparto del TC se divide entre 7 progresistas (Campo, Díez, Segoviano, Balaguer, Conde-Pumpido, Montalbán y Sáez Valcárcel) frente a los únicos 4 conservadores (Tolosa, Enríquez, Arnaldo y Espejel). También se encuentra a la espera el magistrado número 12 correspondiente a la elección del Senado, y en principio, al bloque conservador tras la renuncia en verano de Alfredo Montoya por problemas de salud. 

El nuevo presidente se decidirá en un pleno a votación secreta, por mayoría absoluta en una primera vuelta, y por mayoría simple, si es necesaria una segunda votación. En caso de empate, ocupará el cargo el candidato de más edad, aunque en la actualidad, al ser once magistrados no se producirá esa situación. La fecha de elección se prevé para mediados de enero, después de las fechas festivas.

Los magistrados conservadores han sido conscientes que el desbloqueo del TC iba a suponer una mayoría progresista en el órgano, por ello han sido los jueces del CGPJ los que han apostado por un candidato distinto al preferido por los progresistas. En este caso, éstos proponían a Cándido Conde-Pumpido, Fiscal General del Estado entre 2014 y 2011 durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. 

La negativa de los conservadores por Conde-Pumpido obedece a varias cuestiones importantes. En primer lugar, Conde-Pumpido emitió unas duras críticas al sector conservador cuando vertió en su voto particular de la sentencia que declaró institucional el estado de alarma durante la pandemia. El juez gallego formuló su protesta en un duro voto discrepante en el que indicó que la sentencia era "más propia de un lego o de un jurista de salón que del máximo intérprete de la Constitución". Días después pidió disculpas públicamente a sus compañeros por aquellas expresiones.

Por otra parte, el particular bloqueo a la presidencia de Conde-Pumpido para el TC ya vivió un primer episodio el pasado martes. La no elección del candidato progresista propuesta por el CGPJ, José Manuel Bandrés, tiene una sencilla explicación. Bandrés tiene una estrecha afinidad con el que fuera Fiscal del Estado entre 2004 y 2011, que supondría un posterior apoyo para que Conde-Pumpido se convirtiera en presidente del Tribunal Constitucional. Un hecho que los jueces conservadores no estaban dispuestos a consentir.

¿Una mujer presidiendo el TC más paritario de la historia?

María Luisa Balaguer es la otra candidata a presidir el Alto Tribunal y la preferida del bloque conservador para que releve al presidente saliente Pedro González-Trevijano. Nacida en Almería en 1953 es una jurista, escritora, catedrática de Derecho Constitucional, profesora de Derecho y Periodismo en la Universidad de Málaga y experta en igualdad. Desde 2017 es magistrada del Tribunal Constitucional por designación del Senado. 

Fue una de las magistradas que defendió decretar el confinamiento domiciliario para combatir la pandemia de la Covid a través del estado de alarma fue el supuesto adecuado porque está pensado para pandemias, dentro de los tres previstos en la Constitución Española (CE). Igualmente planteó la conveniencia de actualizar la CE, puesto que es muy moderna pero anterior a la entrada del país en Europa y requiere de reformas, que sí son habituales en otros estados europeos. 

María Luisa Balaguer Callejón
María Luisa Balaguer Callejón
Tribunal Constitucional

Balaguer se convertiría en la segunda mujer presidenta del TC, después del mandato entre 2004 y 2010 de María Emilia Casas Bahamonde, el más extenso en toda su historia. En ese caso, Balaguer estaría al mando del TC con mayor representación femenina de su historia con hasta 5 magistradas (Díez, Segoviano, Montalbán, Espejel, y la propia aspirante a presidirlo). Hasta el momento, únicamente 8 mujeres han formado parte de este órgano en sus más de 40 años, y con las incorporaciones de Díez y Segoviano la cifra aumentará hasta 10.

Su elección dependerá directamente de los votos progresistas (Campo, el cual coincidió con Conde-Pumpido cuando era secretario de Estado de Justicia; Díez, Montalbán y Sáez-Valcárcel), y en especial, en el de la expresidenta de la Sala de lo Social del Supremo, María Luisa Segoviano. Su decisión podría decantar la balanza por su compañera Balaguer debido a toda su trayectoria enfocada en la defensa de la igualdad y la lucha por las leyes feministas. Aunque en una entrevista a 20minutos, Segoviano ha afirmado: "Quiero que la persona que presida el TC sea la idónea. No importa si es un hombre o una mujer". Por este motivo todo queda en el aire hasta el día de la votación.

Si finalmente Segoviano apuesta por su compañera, supondría un gran gesto que auparía a Balaguer como máxima responsable del TC, para alegría del sector conservador que evitaría ver a Conde-Pumpido al frente del órgano de gobierno de los jueces.

Balaguer no ha ocultado ante los medios de comunicación su disposición a disputarse la presidencia del Alto Tribunal con su compañero Cándido Conde-Pumpido, a quien se ve como candidato natural a la máxima responsabilidad del órgano en su próxima etapa progresista. "Me encantaría. El TC tiene que elegir a un presidente o una presidenta. Si tuviera la confianza de mis compañeros estaría encantada de serlo y si no la tengo, a la persona que la obtenga, la votaré, la felicitaré y estaré a su total disposición. Ahora bien, sería una irresponsabilidad por mi parte, ahora no podría callarme, decir que yo no quiero ser presidenta. Yo querría ser presidenta", afirmó Balaguer en septiembre de este año en una entrevista en Onda Cero.

¿Qué funciones tiene el presidente del TC?

Las funciones del presidente del Tribunal Constitucional están recogidas en el artículo 15 de Ley Orgánica 2/1979 del TC. Balaguer o Conde-Pumpido serán los encargados de ejercer la representación del Tribunal, de convocar y presidirlo, convocar las Salas y adoptar las medidas precisas para su funcionamiento. Además, comunica a las Cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial las vacantes, nombra a los letrados, convoca los concursos para cubrir las plazas de funcionarios y los puestos de personal laboral, y ejerce las potestades administrativas sobre el personal del Tribunal.

En el ámbito procesal, el próximo presidente del Tribunal Constitucional gozará de la facultad de considerar concluida la deliberación de los asuntos y someterlos a votación, e incluso de suspender la discusión para un mejor estudio de la cuestión con el aplazamiento para otra reunión. Una cuestión de vital importancia para el estudio de varias leyes del Gobierno impugnadas por la oposición en los últimos año, como es el caso de la ley del aborto de 2010, la ley Celáa, la ley 'rider' de Díez, la ley de la eutanasia, el ingreso mínimo vital, la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, la subida al impuesto del patrimonio que se incluyó en los presupuestos generales del Estado de 2021, la nueva ley de vivienda de Cataluña, el decreto del Gobierno que suspende desahucios de personas económicamente vulnerables, la ley orgánica de protección de la infancia y de la adolescencia, y así innumerables cuestiones más.

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