La reforma impulsada por el Gobierno para transformar el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados y rebajar las penas por malversación ha salido adelante en el Congreso entre acusaciones de golpismo y con todas las miradas puestas en el Tribunal Constitucional, que finalmente ha aplazado al lunes su decisión sobre si frena parte de esta ley a petición del PP, un recurso de amparo que también ha interpuesto Vox.  

La iniciativa ha contado con 184 votos a favor -los de los socios de coalición y los de sus aliados parlamentarios-, 64 en contra -los de Vox y algunos partidos pequeños de la derecha-, y una abstención. La proposición de ley pone rumbo ahora al Senado, una propuesta en la que, a última hora, PSOE y Podemos han incluido una reforma para desbloquear la renovación pendiente de cuatro magistrados del Constitucional. 

El PP se ha negado a votar en protesta por que no se haya esperado a que el alto tribunal se pronuncie sobre su recurso. Ciudadanos ha actuado en la misma línea. Ambas formaciones, así como Vox, habían tomado la palabra para pedir un aplazamiento de la votación. Ante la negativa de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, de suspender la sesión, los diputados del partido que lidera Santiago Abascal han llegado a abandonar el hemiciclo.