El plan del Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional iba viento en popa, pero la tormenta amenaza con hundirlo o dejarlo varado. La amenaza para el Ejecutivo llegará este jueves a las diez de la mañana en forma de Pleno "extraordinario y urgente" del tribunal de garantías, que examinará un recurso de amparo del Partido Popular que pide suspender la enmienda del PSOE y Unidas Podemos, la misma que forzaría la renovación del Constitucional. 

La reforma que el PP pretende tumbar se entiende a través de cuatro claves: pone una fecha límite para que los vocales del CGPJ nombren a dos candidatos del Constitucional; abre la puerta a responsabilizarles penalmente si no lo hacen; cambia el modelo de elección a través del cual se ejecutan estas votaciones, y elimina el requisito de que el propio TC dé el visto bueno a los nuevos magistrados.

El Ejecutivo ya hizo una reforma exprés en el mes de julio para activar esta renovación, también con una fecha límite (el 13 de septiembre, tres meses después de que caducase el mandato de los cuatro magistrados del TC a los que hay que sustituir) pero sin que ninguna responsabilidad penal estuviera vinculada al incumplimiento del mandato. 

Desde el 13 de septiembre, el sector conservador del CGPJ ha bloqueado la renovación del Tribunal Constitucional, mientras que el bloque progresista presentó hace meses una lista de candidatos que finalmente ha quedado reducida a un único nombre: el del magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés. A lo largo de este periodo al Gobierno se le ha ido acabando la paciencia hasta dar un golpe sobre la mesa en forma de enmienda. 

Con ella pretende que los cuatro magistrados cuyo mandato caducó el 12 de junio sean sustituidos, dos de ellos a elección del Gobierno y otros dos a elección del CGPJ (como dicta la ley para este caso). Todos ellos han de tomar posesión a la vez, y aunque el Ejecutivo ya ha nombrado a los suyos (el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez), estos no han tomado el cargo todavía. Para que lo hagan, el Consejo debe proponer otros dos magistrados. Esto es precisamente lo que busca esta enmienda. 

El cambio de postura de los vocales conservadores

La reforma legal se someterá a votación en el Congreso este mismo jueves y se llevará al Senado la próxima semana, pero ya ha propiciado dos acontecimientos importantes. El primero se conoció el pasado viernes, horas después de que se anunciase la enmienda: los vocales del bloque conservador del CGPJ habían cambiado de postura y querían nombrar inmediatamente a los candidatos.

Para ello solicitaron un Pleno extraordinario al presidente del órgano de gobierno de los jueces, Rafael Mozo. El presidente rechazó la solicitud el martes, asegurando que para convocar el Pleno debía conocer antes los nombres y los currículums de los magistrados propuestos por el grupo de vocales conservadores. Estos reiteraron el miércoles su solicitud, adjuntando dos propuestas: los magistrados César Tolosa y Pablo Lucas. 

El recurso de amparo y el Pleno del Constitucional

Por otro lado, el miércoles se registró un recurso de amparo del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, lo que llevó a este órgano a convocar un Pleno de urgencia. El recurso de amparo va dirigido, en concreto, contra la Comisión de Justicia del Congreso, por haber admitido a trámite las enmiendas. Lo que recurre el PP es que se quiera reformar dos leyes orgánicas (la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional) a través de una enmienda a una proposición de ley que nada tiene que ver con este asunto. Esto supone, para el PP, "hurtar el debate y los informes preceptivos acerca de las iniciativas". Por eso, y por considerarla una reforma "inconstitucional", los populares advierten de que "no debería" tramitarse.

El partido de Alberto Núñez Feijoo ha pedido además medidas cautelarísimas, es decir, que se suspenda de inmediato la decisión de la Comisión para impedir que las enmiendas continúen tramitándose. El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, recibió el mencionado recurso y, tras consultarlo con el vicepresidente Juan Antonio Xiol, decidió convocar de manera "extraordinaria y urgente" un Pleno para decidir si se admite a trámite y si se admiten las cautelares. 

Si el Constitucional da la razón al PP y suspende cautelarmente la tramitación parlamentaria de las dos leyes orgánicas, el Pleno del Congreso no podría llegar a votar esta reforma. No hay precedentes de que una votación en el Parlamento tenga que ser suspendida por orden del tribunal.

Y si la reunión que celebra el tribunal de garantías este jueves paraliza la enmienda, el futuro de la renovación de este órgano volverá a ser incierto por el momento, a falta de que los vocales conservadores decidan si mantienen o no su intención de proponer a César Tolosa o a Pablo Lucas y zanjar la votación.