El Gobierno superó este jueves el penúltimo obstáculo para reformar los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, así como también la regulación del Tribunal Constitucional para forzar su renovación y deshacer su bloqueo. Y lo hizo en un Congreso de los Diputados que vivió un Pleno de altísima tensión en el que la votación de la proposición de ley se realizó pese al intento de PP, Vox y Ciudadanos de suspender la sesión antes de que diera comienzo el debate, y después de que tuviera lugar una encendida discusión trufada de gravísimos reproches en los que los bloques progresista y conservador se acusaron mutuamente de atentar contra los derechos del adversario e incluso de dar un "golpe a la democracia".

La proposición de ley salió adelante por 184 votos a favor, los de PSOE, Unidas Podemos y sus socios habituales: ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT y otras pequeñas formaciones. En contra votó Vox, así como algunos pequeños partidos de la derecha, mientras el PP y Cs, por su parte, optaron por no votar al entender que la votación no tenía que haberse celebrado. Lo hicieron después de que, durante toda la mañana, la propia celebración del Pleno estuviera en el aire por la sesión que celebró el Tribunal Constitucional para determinar si el procedimiento seguido para tramitar la reforma judicial en el Congreso ha sido el correcto. El Constitucional, completamente dividido, aplazó su decisión hasta el lunes, y por ello este jueves la reforma pudo aprobarse en la Cámara Baja.

No obstante, este no es el fin del camino. La proposición de ley, una vez recibido el plácet del Congreso, irá ahora al Senado, donde el Gobierno impulsará de nuevo una tramitación exprés y donde lo previsto, hoy por hoy, es que se vote el próximo jueves para ser aprobada. Si la Cámara Alta diera luz verde al texto, eso sí supondría su puesta en marcha definitiva, pero cabe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional paralice el lunes esa votación antes siquiera de que tenga lugar, como ha pedido el PP y como se estuvo barajando durante la mañana de este jueves.

El Constitucional aplaza al lunes su decisión sobre la reforma judicial exprés del Gobierno

La posibilidad de que, este jueves, el Pleno quedara suspendido antes de comenzar por decisión judicial monopolizó todos los debates, tanto en el hemiciclo como en los pasillos del Congreso. Por eso, después de una mañana de tensión, los ánimos ya estaban muy caldeados cuando dio comienzo la sesión en la que se debatió la reforma de la sedición, la malversación y el Tribunal Constitucional. Y ni un minuto tardó en prender la mecha cuando la líder de Cs, Inés Arrimadas, comparó a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, con la expresidenta del Parlament catalán Carme Forcadell, una de las condenadas por sedición en el juicio del procés.

"Obviaré las comparaciones personales", comenzó su respuesta inicial Batet, que se negó a suspender el Pleno argumentando que "al Congreso no se le comunicado formalmente la interposición de un recurso ni una decisión del Tribunal Constitucional y, por tanto, no hay razón ni obstáculo para continuar con el procedimiento legislativo de acuerdo al reglamento de la Cámara". "En defensa de la autonomía parlamentaria y de la potestad legislativa de esta Cámara, y en defensa del procedimiento y el debate", planteó la presidenta del Congreso, "vamos a continuar con el Pleno reglamentariamente convocado y a seguir con el orden del día".

La derecha compara a Sánchez con el 'procés'

Tras esa bronca inicial, la cosa solo fue a más. Arrimadas, que fue la primera en intervenir, continuó con la analogía entre la reforma que se debatía y la declaración unilateral de independencia de Cataluña de 2017, y aseguró que "es lo mismo que hizo el separatismo". "Los mismos argumentos, lo que decían Puigdemont y Junqueras, lo dicen ahora ministros de España", espetó la líder de Cs, que afirmó que "cuando un gobernante no tiene escrúpulos, los atropellos de su Gobierno no tienen límites" y denunció que es "imposible saber hasta donde va a llegar" el presidente Pedro Sánchez. 

"Ahora se trata de cómo paramos a Pedro Sánchez democráticamente, por eso le pido al señor Feijóo que presente una moción de censura", pidió Arrimadas. Pero el líder del PP ya ha descartado esa posibilidad, y este jueves la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, se centró en asegurar que el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional "está defendiendo los derechos políticos y fundamentales de todos los diputados" frente a un Gobierno que, aseguró no "respeta los derechos de la oposición".

"Ustedes están haciendo durante toda esta tramitación que la democracia sea el mundo al revés", espetó Gamarra dirigiéndose a la bancada progresista, a la que dijo que tratan a quienes acuden "a las instituciones del Estado de Derecho" como quienes "dan un golpe a la democracia". "Ustedes se han mimetizado tanto con quien realmente dieron ese golpe que se creen que la democracia son ustedes o es solo para ustedes, han convertido en honorables demócratas a los que dieron un golpe en Cataluña en 2017", sostuvo la portavoz del PP entre aplausos de su bancada.

El PP admite que le hubiera gustado que el TC decidiera hoy y se reafirma en su respuesta judicial a los "desmanes" del Gobierno

Vox, por su parte, abandonó en bloque el hemiciclo en cuanto empezó el debate, aunque su diputado Javier Ortega Smith entró para pronunciar un discurso en el que calificó el Pleno de fraudulento por celebrarse, señaló, en un "clima de amenaza de la extrema izquierda" que busca un "asalto" al Tribunal Constitucional. "Hoy es la muerte o desaparición de facto de la división de poderes", aseguró Ortega Smith, que no dudó en señalar que los golpes de Estado más peligrosos "son los que se dan desde dentro de las instituciones aprovechándose de los resortes que las instituciones les permiten".

El PSOE saca a relucir el 23-F

Si durísimas fueron las acusaciones de la derecha al Gobierno, la respuesta de la bancada progresista no fue más suave. El diputado socialista Felipe Sicilia cargó inclementemente contra PP, Vox, Cs, cuya actuación comparó con el golpe de Estado del 23-F asegurando que "hace 41 años la derecha quiso parar un Pleno y hoy lo han vuelto a hacer". "Entonces quisieron hacerlo con tiros, y hoy lo han querido hacer con togas", denunció Sicilia, que argumentó que "la derecha, la política y la judicial, tienen secuestrado al poder judicial" y, "ante ese secuestro", la "obligación" del Gobierno es conseguir "con la ley que las instituciones funcionen".

"Sabemos la razón verdadera por la que tienen bloqueado el CGPJ y el Tribunal Constitucional: porque lo usan como último recurso para ganar lo que pierden aquí", espetó el diputado del PSOE a la bancada conservadora, a la que espetó que "les da igual que suponga un desprestigio o descrédito del sistema democrático" porque "lo único que les importa es el poder".

Por su parte, el líder de En Comú Podem y presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, sostuvo que lo ocurrido este jueves con el recurso del Tribunal Constitucional "es muy grave, es inaudito", porque el PP ha intentado "utilizar el Constitucional con el mandato caducado para sustituir la voluntad del pueblo en este Congreso". Asens, al igual que posteriormente Sicilia, también comparó al PP con el teniente coronel golpista Antonio Tejero al espetar a la bancada popular que, "aunque no hayan dejado agujeros aquí arriba", en el techo del hemiciclo, "están intentando perforar la democracia con un golpe sedicioso".