El PSOE y Unidas Podemos han presentado en el Tribunal Constitucional sendos escritos en los que piden que este órgano rechace la pretensión del PP de suspender de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria de cambios relativos a nombramientos de magistrados del TC por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que, en su opinión, la prohibición "impediría que los diputados ejercieran legítimamente sus funciones como representantes de los ciudadanos".

En el escrito de Unidas Podemos, además, esta formación exige la recusacion de dos magistrados, uno de ellos el presidente Pedro González-Trevijano. Son dos de los magistrados cuyo mandato está caducado desde junio, cuando debían haber sido sustituidos con los nombramientos que le correspondía hacer al Gobierno y que no ha podido precisamente por el bloqueo que mantiene el PP a la renovación del CGPJ.

Este movimiento del PSOE y Unidas Podemos llega después de que el PP presentara este miércoles un recurso de amparo ante el Constitucional en el que pide frenar con medidas cautelarísimas los cambios en el Poder Judicial y el propio TC que se pretenden aprobar este jueves a través de enmiendas a la reforma del Código Penal. Al PP se ha unido Vox, que también ha recurrido la votación de este jueves en el Congreso.

La secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja, Isaura Leal, ha enviado un escrito al Tribunal Constitucional donde pide al Pleno que rechace la medida cautelarísima solicitada por el PP al considerar que, de hacerlo, se provocaría "una perturbación en un interés constitucionalmente protegido", como la potestad legislativa.

En el escrito, la diputada socialista pide al TC que la permita personarse en el procedimiento abierto por el recurso de amparo presentado por el PP contra las enmiendas que plantean cambiar la forma en la que se eligen y envían al Constitucional los dos candidatos que el CGPJ debe nombrar.

El PSOE alega que ante "la adopción de una medida cautelarísima respecto a un procedimiento legislativo en curso en el Congreso, se puede afirmar, sin género de duda, que no pueden existir esos perjuicios de difícil reparación, dado que el procedimiento legislativo no ha concluido y la tramitación proseguirá de acuerdo con las previsiones de la Constitución y de los Reglamentos Parlamentarios".

"Una injerencia del Tribunal Constitucional de esta naturaleza colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde", sostiene el PSOE.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado de "radicalmente antidemocrático" que pueda el Constitucional "impedir" que el Poder Legislativo legisle. "Desde hace tiempo, la deriva de la derecha y algunos jueces conservadores es francamente preocupante", ha dicho López en los pasillos del Congreso, donde ha apuntado que la "maniobra" del Pleno extraordinario del TC "no tiene precedentes".

Según el portavoz socialista en la Cámara Baja, el tribunal busca "impedir que el Congreso, donde reside la soberanía popular, cumpla con su papel". "Me parece un salto cualitativo que lo único que viene a decir es el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, considera que la situación que ha desencadenado el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional "es una amenaza grave a la democracia, seguramente la más grave desde el 23F". "No había pasado nunca que un poder del Estado como el TC quisiera arrogarse la función de decidir sobre lo que puede o no puede hacer el poder legislativo", ha dicho.

En la misma línea se pronunció la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que tachó de "gravísimo" el movimiento del TC y denunció que "lo que ha pasado no lo hemos conocido jamás en democracia, nunca se ha dado este paso". Díaz, además, aseguró que la posibilidad de que el Tribunal suspenda el Pleno del Congreso de este jueves es contraria a la ley, ya que el ordenamiento jurídico español establece que las medidas cautelares y cauteralísimas sirven solamente para evitar daños que, de no adoptarse, serían irreparables. "No estamos en ese supuesto, pues siempre el Constitucional tendría la capacidad para revisar ex post lo que hoy decida el Congreso", planteó.