Nuevo choque a la vista entre el PSOE y Unidas Podemos a costa de la ley del 'solo sí es sí'. La rebaja de las penas a condenados por abuso sexual por parte de diferentes tribunales ha provocado que los socialistas hayan abierto la puerta a reformar el texto legal pese a las reticencias del sector morado de la coalición, para el que el articulado es uno de sus grandes éxitos en casi sus tres años en el Gobierno y que ha optado por señalar a los jueces que han llevado a cabo dichas reducciones en las sentencias.

Pese a que en un primer momento la parte socialista del Ejecutivo ha optado por guardar silencio al "desconocer" dichos movimientos judiciales, durante la tarde de este martes los socialistas han dado su opinión. En palabras de su número dos, María Jesús Montero, la posición del PSOE ahora pasa por "estudiar" la ley de garantía integral de la libertad sexual. En los pasillos del Senado, la también ministra de Hacienda ha mostrado su disponibilidad a "estudiar" las sentencias "con detenimiento", al igual que el texto legal, aprobado a finales del pasado mes de agosto y que entró en vigor a principios de octubre.

A juicio de Montero, es evidente que la ley no se llevó a cabo con el objetivo de que se pudieran rebajar las penas por abuso a menores, como ha ocurrido, sino "todo lo contrario". "Por lo tanto habría que estudiar tanto las sentencias, para ver en qué cuestiones se ampara, como el propio texto legal", ha reiterado.

Afloran las primeras lagunas de la ley del 'solo sí es sí': varios tribunales rebajan condenas por agresiones sexuales a menores

No obstante, la posición del PSOE no es compartida por sus socios de coalición. Al menos de momento. Desde el departamento de Irene Montero no han tardado en pronunciarse sobre el revuelo que está causando el aluvión de revisiones de condenas, pero lo han hecho con un criterio diferente al de los socialistas. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha descartado que el problema resida en la norma, sino en la "interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo que se está haciendo de ella".

"Con una debida formación, esto no habría sucedido", ha espetado Rosell en una rueda de prensa desde el Ministerio. La delegada del Gobierno ha querido aprovechar también para recordar que la ley pasó el filtro de "todas las voces expertas del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial" e incluso de los grupos parlamentarios que en el Congreso de los Diputados "tampoco se plantearon ninguna enmienda al respecto de introducir una transitoria a las modificaciones que se están valorando hoy". El problema, ha concluido, no es del Gobierno, sino de los jueces, que considera que están respondiendo de una manera "reaccionaria" y, en su opinión, "sorprendente".