El Gobierno tiene guardado bajo la manga un 'colchón' fiscal de alrededor de 20.000 millones de euros para prorrogar las medidas contra la inflación también el año que viene o introducir algunas nuevas. Una prórroga de la que el Ejecutivo todavía no ha aportado detalles y que desplegará sus efectos en un año caliente, marcado por dos grandes citas en las urnas (elecciones municipales y autonómicas en mayo y generales en diciembre).
El pasado 15 de octubre, el Ejecutivo remitió a Bruselas su plan presupuestario para 2023, un documento en el que resume a las autoridades europeas las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Un plan en el que el Gobierno ha incluido, además de la previsión de gastos e ingresos que aparece en las cuentas públicas, un segundo escenario en el que reconoce que la recaudación real por impuestos podría ser considerablemente mayor, tanto este año como el próximo.
Este segundo escenario, elaborado con datos de recaudación tributaria más actualizados, apunta a que las administraciones públicas se embolsarán 10.834 millones más en 2022 y otros 9.565 millones más en 2023 de lo que aparece en el proyecto de Presupuestos. Un margen de unos 20.000 millones que el Gobierno destinará a "prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime más adecuadas" para proteger a "familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética".
El Gobierno planea gastarse todo ese 'colchón', por lo que las previsiones de déficit que plantea en este segundo escenario son las mismas que en los presupuestos generales: un 5% sobre el PIB en 2022 y un 3,9% para 2023. Y aunque el Ejecutivo todavía sigue debatiendo qué medidas deben contra la inflación deben ampliarse también el año que viene, hay una pequeña parte de ese colchón que ya se conoce.
Por ejemplo, la subida extra del 1,5% del salario a los funcionarios en 2022 (que no aparecía en el proyecto de presupuestos para 2023) supondrá en torno a 2.200 millones de euros de ese 'comodín'. También sabemos que otra pequeña parte de los ingresos extra se destinará a pagar el déficit de la tarifa regulada del gas (la diferencia entre el coste real de la materia prima y el precio que fija el Gobierno, que es más bajo), la ampliación de esta tarifa a comunidades de vecinos, las medidas de flexibilización en la contratación de electricidad y gas y el bono social térmico.
Y aunque el resto de medidas aún no se conozcan, el plan presupuestario da pistas de por dónde pueden ir los tiros. El escenario dos recoge un gasto adicional de 1.300 millones en transferencias sociales (categoría en la que se incluyen las pensiones, el ingreso mínimo vital o las becas) para 2022 en comparación con las cuentas que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros. Pero la partida más nutrida de ese colchón extra son los alrededor de 5.200 millones que se irán en subvenciones, un apartado donde se incluyen medidas del plan de choque como el descuento a los combustibles o las ayudas directas a transportistas, sector agrícola e industria electrointensiva. En total, la diferencia de gasto entre este segundo escenario con más recaudación y el proyecto de presupuestos rondaría los 9.800 millones en 2022.
En lo que respecta a 2023, el gasto extra previsto ronda los 9.300 millones, de los que la amplia mayoría se irían en transferencias sociales -es decir, a pensiones y becas- y a subvenciones -es decir, a ayudas directas-. En este apartado es llamativo el aumento previsto en las transferencias sociales (alrededor de 4.400 millones del colchón) en comparación con 2022. Este incremento sería compatible con prorrogar al año próximo la subida extra del 15% en las pensiones no contributivas, algo a lo que el ministro Escrivá abrió la puerta hace unas semanas.
En cambio, solo habría 3.984 millones extra para subvenciones. Una cifra que sería incompatible con mantener durante todo el año las bonificaciones a gasolina y diésel y el resto de ayudas directas. La Airef estima que solo extender la subvención al combustible todo el año próximo costaría 6.774 millones de euros.
Este organismo estima que prorrogar todas las medidas de gasto que aparecen en el plan de choque hasta el 31 de diciembre costaría 13.490 millones de euros (si se añade las pérdidas de recaudación por las rebajas fiscales a luz y gas, que van por el lado de los ingresos, el montante ascendería a 18.528). En todo caso, el Gobierno aún no ha desvelado con precisión qué medidas prorrogará y por cuánto tiempo lo hará.
Airef y Banco de España cuestionan al Ejecutivo
Aunque el Gobierno ha preparado este segundo escenario pensando en un entorno de alta incertidumbre, tanto la Airef como el Banco de España creen que la previsión de ingresos que aparece en él es mucho más realista que la que se recoge en el proyecto de presupuestos.
El vigilante fiscal sostiene que las administraciones públicas obtendrán más ingresos en 2023 de lo previsto en los presupuestos. De ser así, se trataría del tercer año consecutivo en que los ingresos reales superan la previsión del Gobierno, una anomalía en comparación con la tendencia histórica, que ha sido justo la contraria: unas ganancias inferiores a lo vaticinado por el Ejecutivo. La Autoridad Fiscal sostiene que el hecho de que las reglas fiscales europeas estén suspendidas "favorece el comportamiento estratégico de contar con un margen de ingresos". Algo que, hasta ahora, ha permitido al Gobierno "compensar las medidas adoptadas a lo largo del año" sin poner en riesgo sus tasas de referencia.
Este organismo acusa al Gobierno de una "falta de realismo evidente" en las previsiones de cierre de ingresos para este año. Hasta el punto de señalar que, para que pudieran cumplirse las previsiones de los presupuestos, la recaudación por IRPF en los meses que restan de año tendría que ser 300 millones más baja que la de 2021 en ese mismo periodo. Una cifra que en el caso del IVA sería de 1.000 millones. El vigilante fiscal ve "poco probable" que esas condiciones puedan cumplirse.
En una línea similar, aunque con algo más de moderación, se expresó el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el pasado lunes en la Comisión de Presupuestos del Congreso. De Cos se refirió a una "posible infraestimación de ingresos públicos" en el proyecto de presupuestos y señaló que "es probable que el déficit público acabe por debajo de la estimación oficial en 2022", algo que "podría compensar las desviaciones que podrían producirse" si la economía creciera menos de lo que espera el Gobierno, como ya señalan varios analistas.
Además, De Cos pidió cautela a la hora de gastar esos ingresos tributarios extra, los cuales considera que no está garantizado que vayan a mantenerse los próximos años. El gobernador del Banco de España señaló que el 70% del aumento en la recaudación se debe al aumento de bases imponibles, pero dentro de ese porcentaje atribuyó dos tercios a la inflación y otro restante a la expansión de la actividad económica. De Cos se refirió al 30% restante como "residuos" que podrían explicarse en parte como un afloramiento de la economía sumergida, pero que no está claro que sea permanente. Por ello, reclama que la recaudación extra no se asocie a partidas de gasto permanente.
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