El Gobierno pretende elevar las bases máximas de cotización -el límite máximo a partir del cual los salarios de los trabajadores no pagan contribuciones a la Seguridad Social- al menos con lo que suba la inflación cada año. Así lo ha confirmado este lunes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá durante la presentación del presupuesto de su ministerio de cara a 2023. 

La propuesta, que no está articulada como ley, sino que se limita a un compromiso, busca equilibrar el sistema tras la revalorización de las pensiones con el IPC y pretende equiparar las bases máximas de cotización en España a niveles más parecidos a los de otros países del entorno.

En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se conoció en su totalidad el pasado jueves, el Gobierno incluyó una subida de la base máxima de cotización del 8,6% (la misma cifra con la que se revalorizarán las pensiones conforme al IPC) después de dos años en los que la base máxima había estado congelada. Esta alza pilló por sorpresa a la patronal, que emitió un duro comunicado el viernes pasado en el que tachaba de "inadmisible" esa subida "a espaldas del diálogo social". 

El Gobierno destinará 39.000 millones de los impuestos a cubrir el agujero en la Seguridad Social que dejan las pensiones

Preguntado sobre la polémica con los empresarios, Escrivá ha insistido en que desde su ministerio siempre han defendido que "las bases máximas tienen que subir también como suben las pensiones máximas". En el pasado, las bases máximas de cotización se han ido subiendo a discreción por el Gobierno cuando presentaban las cuentas públicas. Una revalorización que, según el ministro, en cierta medida ha ido reflejando el aumento de los precios, aunque de forma irregular. Escrivá se ha mostrado "desconcertado" por la reacción del empresariado. "Justamente lo que queremos es romper con ese pasado de sorpresas continuadas, que tenían que ver con una mala planificación. Queremos que el sistema sea sostenible y esté parametrizado", ha agregado.

Ahora, Escrivá ha confirmado que la base máxima de cotización aumentará cada año, como mínimo, al mismo ritmo que se revaloricen las pensiones (y, por tanto, la pensión máxima). Conviene recordar que uno de los compromisos que tiene adquiridos el Ejecutivo con Bruselas y del cual depende el desembolso de 11.500 millones de euros de los fondos europeos es, precisamente, el ajuste progresivo de la base máxima de cotización. El Gobierno está negociando estas semanas con sindicatos y patronal la fórmula para ir elevando progresivamente la cotización máxima, una medida que forma parte de la segunda pata de la reforma del sistema de pensiones.

El ministro no ha precisado cuándo entraría en vigor el sistema de ajuste exigido por Bruselas ni los porcentajes que se aplicarán más allá de la inflación. En todo caso, ha dejado claro que no será en 2023 y que se decidirá en la mesa de diálogo social. "Progresivamente, hay que ir ampliando la pensión máxima y la base máxima de cotización, algo que puede hacerse de una forma muy gradual que puede ser en el periodo que decidamos", ha zanjado. 

Tras la subida que aparece en los presupuestos para 2023, la base máxima de cotización se elevará hasta los 4.495,4 euros al mes, frente a los 4.139,4 en vigor durante 2022. En lo relativo a la base mínima, que viene determinada por el salario mínimo, Escrivá ha evitado pronunciarse, pues el Gobierno tiene que decidir aún con los agentes sociales cuánto se elevará el SMI de cara al año próximo.

No cierra la puerta a subir de nuevo las pensiones mínimas

En la misma comparecencia en la que ha hablado de las bases máximas, Escrivá ha abierto la puerta a revalorizar más allá del 8,6% las pensiones no contributivas el año que viene. Algo que también afecta al ingreso mínimo vital, que está vinculado a ellas. En este sentido, conviene recordar que el Gobierno aprobó a finales de junio una subida extra temporal del 15% para estas prestaciones que estará en vigor, al menos, hasta diciembre de este año incluido.

En este aspecto, Escrivá ha recordado que en los presupuestos no se incluye la prolongación de ninguna de las medidas de los planes de choque contra la inflación que ha venido aprobando a lo largo de este año. La única excepción es la gratuidad de los viajes en Cercanías y media distancia, que estará en vigor durante todo 2023 y que cuenta su propia partida presupuestaria. 

En todo caso, eso no quita, ha dicho el ministro, que el Gobierno pueda decidir prorrogar aún más la totalidad del paquete o alguna de sus medidas también en 2023, un año que se antoja muy complicado por la inflación y la ralentización económica. Habrá que esperar a la evaluación conjunta del plan de choque, que el Ejecutivo pretende realizar en los próximos meses para saber qué medidas se prorrogan también el año que viene y cuáles decaen.