El Estado tendrá que inyectar 38.612 millones de euros procedentes de sus ingresos para tapar el agujero que dejará en las cuentas de la Seguridad Social el pago de las pensiones. Estos casi 39.000 millones de euros son la diferencia entre los ingresos por cotizaciones sociales de los trabajadores (que son la base fundamental del sistema de pensiones) y el gasto total en pensiones, que se elevará un 11,4% tras la revalorización con el IPC. 

Según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados, la Seguridad Social ingresará 152.075 millones de euros en cotizaciones sociales el año próximo (un 11,5% más que en 2022). El Estado espera obtener más ingresos en cotizaciones por el aumento de las bases máximas y por el avance del empleo, que confía en que se prolongue también en 2023. Sin embargo, el organismo que dirige José Luis Escrivá tendrá que hacer frente a una factura en concepto de pensiones que se elevará hasta los 190.687 millones (un 11,4% más tras la revalorización) y que se comerá el 39% de todo el gasto previsto en las cuentas públicas.

Interrogada sobre la cuestión de las pensiones, Montero ha defendido que la revalorización "se ha pactado por ley" y ha destacado también que las subidas del SMI y el auge en la contratación indefinida permitirán soportar el coste sin debilitar el sistema. Además, ha cargado contra quienes, ha dicho, intentan enfrentar a jóvenes y pensionistas. "Mala política se hace de intentar enfrentar las generaciones. Los jóvenes de nuestro país quieren que los abuelos no vean empeorado su nivel de vida", ha resumido.

Lo cierto es que la subida de las pensiones ha ensanchado la diferencia entre ingresos por cotizaciones sociales y el gasto en estas prestaciones en un 11% (3.817 millones más). Esta brecha es lo que se conoce como déficit contributivo. Para tapar este agujero y que la Seguridad Social no quede en números rojos, el Estado recurrirá a varias fórmulas. Por un lado, el Gobierno inyectará 19.888 millones para "garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo" (un 8,1% más que en 2022). También transferirá a la Seguridad Social 7.261 millones para pagar complementos a las pensiones mínimas (un 3% más) y, además, aportará otros 3.003 adicionales para sufragar las pensiones no contributivas (un 8,3% más).

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Como estas cuantías no son suficientes para cubrir el gasto en pensiones y el resto de prestaciones que proporciona la Seguridad Social (ingreso mínimo vital, incapacidades temporales, dependencia...) el Estado aportará también un crédito de 10.004 millones "para equilibrar, presupuestariamente, las cuentas de la Seguridad Social". Sin este préstamo, la Seguridad Social tendría un déficit de 7.199 millones de euros aun con las transferencias restantes del Estado.

El dinero que transfiere el Estado a la Seguridad Social procede fundamentalmente de los ingresos que obtiene de los impuestos y, en el caso del crédito, del endeudamiento público. Unos recursos que dejan de invertirse en otras políticas de gasto. 

En total, el Gobierno ha dotado a la Seguridad Social con un presupuesto de 204.208 millones de euros, un incremento de 23.127 millones en comparación con el ejercicio anterior (13% más). Las pensiones contributivas se llevan el grueso de este gasto. En concreto, se destinarán 166.777 millones a pagarlas (un 11,2% más que el año pasado). Por su parte, las pensiones no contributivas -las que reciben los ciudadanos en situación de necesidad, pero que no han cotizado lo suficiente- supondrán un coste de 2.803 millones (un 8,3% más) tras su revalorización también con el IPC. 

Además, la Seguridad Social hará una aportación de 2.793 millones de euros para llenar la hucha de las pensiones procedente de la subida del 0,6% de las cotizaciones sociales prevista para 2023. Esta aportación a la hucha, la primera en los últimos 13 años, se hace en el marco del mecanismo de equidad intergeneracional con el que el Gobierno pretende garantizar que el sistema es sostenible a futuro. Una medida que la Comisión Europea deberá evaluar el año próximo y de cuyo visto bueno por Bruselas depende el desembolso de miles de millones de fondos europeos.

El ingreso mínimo vital sube un 8,5%

La Seguridad Social tendrá que hacer frente también a la subida del SMI, que se revalorizará un 8,5%, igual que las pensiones. Sin embargo, el organismo público ha disminuido la dotación para esta partida hasta los 2.797 millones (un 5,1%) debido a que a partir del año que viene Navarra y País Vasco gestionarán la ayuda por su cuenta. Los presupuestos tienen en cuenta que el número de beneficiarios del IMV aumentará el año que viene y prevén también la entrada en vigor de un complemento de ayuda a la infancia.

El presupuesto destinado a incapacidad temporal (las bajas laborales por enfermedad o accidente), que también sufraga la Seguridad Social, ascenderá a 11.764 millones, una subida del 8,7%. En una medida similar se revalorizarán las prestaciones por nacimiento y cuidado de menores, que alcanzarán los 3.669 millones (un 8,6% más).

Sin embargo, la política de gasto que más aumenta en términos relativos es la dependencia, que crece un 21,4% hasta los 3.522 millones. La razón es la inyección de una dotación extra de 618 millones para reducir listas de espera, tiempos de tramitación y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sistema de dependencia. 

Asimismo, los presupuestos incluyen otros 185 millones en concepto de compensaciones en la caída en la cotización de cuidadores no profesionales. Mediante convenio, el Estado garantiza que los cuidadores no profesionales que reducen su jornada (y, por tanto, su salario) para atender a dependientes mantengan su base de cotización. Esta medida beneficiará a unos 59.000 cuidadores, estima el Gobierno.

Finalmente, la Seguridad Social cuenta con un presupuesto de 51 millones para prestaciones por cese de actividad de autónomos (el conocido como paro de los autónomos). Esta partida se ha reducido un 32% por el esperado crecimiento de la actividad económica para el año próximo.