España y Portugal comparten península, tienen un gobierno del mismo color político y afrontan, además, un problema común: una crisis energética sin precedentes que ha disparado la inflación a niveles históricos y amenaza con desbaratar la recuperación económica. Aplican además lo que se ha llamado la 'excepción ibérica', el mecanismo para limitar el precio del gas que se utiliza para generar electricidad. Sin embargo, las medidas que han desplegado ambos países para combatir la crisis han ido en direcciones opuestas en algunas cuestiones clave.

Mientras que, en España, el Ejecutivo ha apostado por no rebajar de forma generalizada el IRPF, Portugal ha decidido deflactar el impuesto, como piden los populares españoles. En España, el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez ha apostado por una revalorización completa de todas las pensiones con la inflación; mientras que en Portugal, el Ejecutivo liderado por António Costa limitará las subidas en función de la cuantía de la pensión. Además, el Gobierno portugués ha logrado arrancar a sindicatos y patronal un pacto de rentas con una hoja de ruta para subir los salarios, algo que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, lleva meses negociando, aunque por ahora infructuosamente. 

El Gobierno portugués presentó el lunes su proyecto de presupuestos para el año 2023, apenas una semana después de que el español hiciera lo propio y aprobara el suyo en Consejo de Ministros. Unas cuentas que en el caso portugués cuentan con un gasto consolidado entre el Estado y la Seguridad Social de 177.612 millones de euros (aproximadamente 17.244 euros por habitante), frente a los 485.986 millones que aparecen en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de España (unos 10.300 euros por habitante). 

En todo caso, conviene recordar que la administración española está mucho más descentralizada que la portuguesa, por lo que buena parte del gasto que en Portugal asume el Estado, en España recae sobre los gobiernos autonómicos, lo que explica esta diferencia en el reparto de gasto por habitante.

Deflactar el IRPF

El Gobierno portugués ha propuesto en sus presupuestos elevar todos los tramos del IRS -el equivalente luso al IRPF español- un 5,1%, la misma cuantía en la que está previsto que suban los salarios en el país. Esta medida es calcada a la deflactación que han planteado autonomías como Galicia (gobernada por el PP) o la Comunidad Valenciana (presidida por una coalición que encabeza el PSOE). 

Además, también ha reducido la tarifa del segundo tramo del impuesto del 23 al 21%, una bajada que afectará especialmente a las rentas medias y bajas del sistema. De igual manera, ha elevado el mínimo exento en la declaración un 8%, una medida que también se ha aplicado en España, donde se ha incrementado un 7%. El ahorro total para los contribuyentes portugueses se estima en 700 millones de euros. En comparación, el paquete fiscal del Ejecutivo supondrá un ahorro estimado de 1.873 millones en IRPF, aunque conviene recordar que la población española casi quintuplica a la portuguesa.

Pensiones: revalorización selectiva

En lo relativo a las pensiones, el Ejecutivo luso ha optado por una fórmula distinta a la española. En lugar de revalorizar todas las prestaciones conforme al IPC (en Portugal se estima que alcanzará el 7,4%) de cara a 2023, se han establecido tres tramos: un alza del 4,4% para las pensiones de menos de 886 euros mensuales; otra del 4,07% para aquellas entre 886 y 2.659 euros y finalmente un tercero del 3,5% para las pensiones superiores a los 2.659 euros. Estas subidas se suman a la aprobación de un complemento extra del 50% sobre la nómina de octubre que el Ejecutivo ya ha realizado. Con estos dos factores en la mano, el Gobierno luso sostiene que todos los pensionistas mantendrán su poder adquisitivo en 2023. 

Sin embargo, la situación no será la misma de cara a 2024, cuando en principio no se podrá contar con un complemento extra como el que se introdujo en octubre de este año. Esto provocará que la revalorización para 2024, que tendrá que aprobarse en 2023, partirá de una base más baja, dado que no hay compromiso de extender el complemento extra también al año próximo.

Pacto de rentas: salarios acordados con los agentes sociales

El Ejecutivo portugués ha logrado arrancar a sindicatos y empresarios (eso sí, sin la presencia del principal sindicato del país, la CGT) un pacto de rentas en el que se establece una senda para subir los salarios privados hasta 2026. Las partes han establecido que los salarios crezcan un 5,1% en 2023; un 4,8% en 2024; un 4,7% en 2025 y un 4,6% final en 2026. Un avance que se verá complementado por una subida del salario mínimo, que pasará de 705 euros mensuales este año a 900 en 2023 (un 27% en cuatro años). 

En España, el Ministerio de Economía lleva meses persiguiendo un acuerdo similar, pero las negociaciones están bloqueadas. Los sindicatos reclaman un acuerdo salarial a varios años que incluya cláusulas de revisión que garanticen las subidas, algo que desde la patronal rechazan tajantemente.

En el caso de los funcionarios, Portugal ha establecido también un acuerdo para 2023 pero con vistas a extenderlo durante varios años. En este caso, se garantiza una subida del 3,5% en el salario base de los empleados públicos, una cifra similar a la que sindicatos y Gobierno han pactado en España. No obstante, en el caso portugués hay que añadir complementos salariales que agregan otro 1,5% a la subida de cara a 2023. En España, el Gobierno acordó recientemente una subida del 1,5% extra al 2% que ya se aprobó en 2022, que dejaría el alza salarial de los empleados públicos en el 3,5% también en 2022.