El Ministerio de Hacienda ha llegado a un acuerdo con UGT y Comisiones Obreras para subir el sueldo de los empleados públicos en el periodo 2022-2024. Los dos sindicatos han aceptado este lunes la oferta que el departamento que dirige María Jesús Montero había presentado el pasado jueves, que supone una subida de un máximo de 9,5% en tres años. Mientras, CSIF, el sindicato más representativo en la Administración General del Estado, la ha rechazado rotundamente.

La oferta de Hacienda ya es definitiva e implica una subida salarial de un máximo del 9,5% hasta 2024 y repartida en tres años para todos los empleados públicos de los distintos niveles territoriales de la administración. De ese 9,5%, un 2% ya se aprobó en los Presupuestos del año pasado, y otro 1,5% está condicionado a que se cumplan una serie de variables, por lo que el desembolso adicional fijo al que se compromete el Ejecutivo es de un 6% entre 2022 y 2024.

La propuesta para 2022 incluye un alza extra del 1,5% que se sumaría a la del 2% ya aprobada vía Presupuestos el año pasado. En 2023, el aumento salarial sería del 2,5% con posibilidad de sumar otro 1% si el IPC acumulado entre 2022 y 2023 supera el 6% (algo que previsiblemente ocurrirá) y el PIB nominal crece por encima del 5,9% (una condición más difícil de cumplir). Esto hace que, en la práctica, los funcionarios vayan a percibir una subida del 4,5% con la aprobación de los próximos Presupuestos Generales: un 3% por el alza garantizada de 2023 y la variable del IPC y otro 1,5% por el complemento a 2022. Finalmente, el acuerdo incluye una subida garantizada del 2% en 2024, que podría elevarse medio punto más si la inflación total entre 2022 y 2024 supera el 8% (algo también esperable).

El borrador que ha presentado Hacienda este lunes a los sindicatos incluye también menciones a reivindicaciones como la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para todos los empleados públicos, la recuperación de la jubilación parcial anticipada o una mejora en las tasas de reposición. La forma en la que finalmente se atiende a estas reivindicaciones se cerrará en las próximas semanas, afirman desde CC OO.

De esta forma queda despejada otra de las incógnitas de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo, que previsiblemente recibirán el visto bueno del Consejo de Ministros este martes. 

Hacienda defiende que el acuerdo se ha alcanzado "por mayoría absoluta" de las representaciones sindicales y pone en valor al personal al servicio de las distintas administraciones "que ha jugado un papel esencial durante la pandemia". Un acuerdo que el Gobierno enmarca en el pacto de rentas que patrocina con el que pretende lograr un reparto "justo" del daño que ha causado la guerra en Ucrania.

UGT ha sido la central más favorable al acuerdo. El sindicato ya mostró su disposición a dar el visto bueno el jueves pasado y este lunes ha defendido que la propuesta "amortigua, de manera razonablemente realista, los efectos de la subida de la inflación en el poder de compra de los casi tres millones de empleados públicos".  "Por primera vez en un periodo de crisis, los empleados públicos tendremos un incremento salarial, en vez de sufrir recortes en derechos y nuestros sueldos", ha valorado Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical del organismo.

Más tibios se han mostrado en CC OO, quienes creen que la propuesta es "insuficiente", pese a haber dado su visto bueno. "En un contexto de gran incertidumbre conseguimos evitar la pérdida de poder de compra de los trabajadores de las administraciones públicas", han reivindicado. Desde Comisiones creen que el compromiso de subidas pactadas con el Gobierno es lo más parecido a las cláusulas de revisión que exigen en la negociación con la patronal para los trabajadores del sector privado.

Por el contrario, en CSIF han rechazado de plano el acuerdo. "Manifestamos nuestro absoluto rechazo. Los empleados públicos vamos a volver a perder dinero, vamos a volver a perder capacidad adquisitiva", reflexionaba Miguel Borra, presidente del sindicato, a la salida de la reunión celebrada el lunes. Desde CSIF sostienen que el Gobierno solo garantiza una subida del 6% en el periodo de tres años (rechazan que se pueda incluir el 2% ya aprobado el año pasado) que ni siquiera cubre la inflación esperada para este año (previsiblemente superará el 8%). Además, ven "muy difícil" que el PIB crezca lo suficiente en 2023 como para lograr el 0,5% condicionado a este dato. En el sindicato son tajantes. "El Gobierno da excusas de mal pagador, traiciona su palabra y vuelve a fallar a sus servidores públicos", concluyen.