El Congreso de los Diputados arranca este jueves un nuevo curso político con la aprobación, entre otras, de la ley orgánica de garantía de la libertad sexual, comúnmente conocida como la ley del 'solo sí es sí'. Según las previsiones del Gobierno, la norma debería haber recibido luz verde antes del parón estival. Sin embargo, la aprobación in extremis en julio de una enmienda en el Senado, gracias al apoyo del PP, retrasó la entrada en vigor de la norma, que ahora vuelve a la Cámara Baja para enfrentarse a la votación definitiva.

La modificación de una letra del texto normativo obstaculizó el camino de una norma cuya aprobación ya había celebrado antes de tiempo la ministra de Igualdad, Irene Montero, desde el atril del Senado durante el debate previo a la votación el pasado 19 de julio. El giro de guion se produjo cuando el PP, contrario a la ley, apoyó por sorpresa una enmienda de JxCat en la que la formación catalana proponía la inclusión de un párrafo que solo modificaba en una letra el texto aprobado previamente por el Congreso. Donde la ley redacta "la detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosas" habrá de escribir "la detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosos". El cambio ha obligado a devolver el texto a la Cámara Baja, que se espera que dé este jueves su sí definitivo.

La ley del 'solo sí es sí' es uno de los proyectos estrella de la cartera de Igualdad. La norma modifica el Código Penal para suprimir la distinción entre abuso y agresión sexual y hace del consentimiento expreso la clave para juzgar delitos sexuales, sin necesidad de que la víctima deba acreditar que ha sufrido violencia o que se ha resistido. De este modo, todo acto sexual no consentido será agresión. "Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona", sostiene el articulado.

El origen de la ley del 'solo sí es sí' se remonta a la oleada de protestas desencadenada por la sentencia del caso de La Manada, que consideró abuso sexual la violación grupal de una joven en los Sanfermines de 2016, si bien en 2019 el Tribunal Supremo elevó las penas de los agresores de cinco a quince años de prisión al dictaminar que se había tratado de una violación. La nueva norma asegura la asistencia asistencial integral a las víctimas de delitos sexuales e incluye medidas para mejorar la prevención y detección de estos casos. Asimismo, reconoce el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas y blinda la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género.

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En cuanto a las penas, la ley que previsiblemente se aprobará este jueves en el Congreso incluye multas de uno a tres meses para quien reenvíe imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización de la persona afectada y que menoscaben gravemente la intimidad. Además, los menores que cometan delitos sexuales tendrán la obligación de realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género, tal y como acordaron PSOE, Podemos, ERC y Bildu.

Polémica tramitación

Asimismo, tras su tramitación parlamentaria, la norma incorpora también enmiendas para considerar ilícita la publicidad que contribuya a promover la prostitución, así como para reconocer el derecho a la residencia y al trabajo de las víctimas que se encuentren en situación irregular, en el marco de las autorizaciones excepcionales recogidas en la ley de extranjería. La inclusión de estas enmiendas durante su paso por el Congreso no estuvo exenta de polémica. El PSOE trató de enmendar la ley para castigar a todo el que se lucre de la prostitución ajena, exista o no una relación de explotación. Sin embargo, la falta de apoyos obligó al grupo socialista a desistir en su intento por introducir la abolición de la prostitución en la ley de garantía de la libertad sexual y presentar a tal efecto una proposición de ley separada.

De hecho, la ley del 'solo sí es sí' ha estado rodeada de polémicas desde su nacimiento. El anteproyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2020 tras largas negociaciones entre los ministerios de Igualdad y de Justicia, fue cuestionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que rechazó por unanimidad tanto la redacción inicial del consentimiento expreso como la supresión de la distinción entre abuso y violación.

No obstante, pese a los cambios sufridos por el camino, la norma estrella del Ministerio de Igualdad ya ha superado varias votaciones, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, donde los grupos parlamentarios registraron más de 150 enmiendas. Aunque hay formaciones que lamentan que no se hayan incluido sus modificaciones, las únicas que se oponen frontalmente a la norma son PP y Vox, que han defendido sendas propuestas de veto por considerar que se trata de una ley que atenta contra derechos como la presunción de inocencia. Con esta única oposición, se espera que el Congreso apruebe definitivamente la norma, que ya en mayo obtuvo en la Cámara Baja 201 votos a favor, frente a los 140 noes de PP, Vox y los dos diputados expulsados de UPN y 3 abstenciones de la CUP.