La ley del 'solo sí es sí', una norma que apuntala el "hermana, yo sí te creo" y se asienta sobre el consentimiento expreso

"Hermana, yo sí te creo", clamaron las calles en apoyo a la víctima de La Manada de Pamplona en 2017. Pocos imaginaban entonces que esa consigna acumularía la fuerza y el protagonismo suficiente como para plasmarse en una ley cinco años después. Las feministas denunciaron el cuestionamiento constante al que tienen que enfrentarse las víctimas de violencia sexual que reúnen el coraje suficiente como para denunciar a sus agresores, pese a tenerlo todo en contra. Remar a favor de ellas fue, precisamente, lo que impulsó una norma basada en el consentimiento expreso, en el "solo sí es sí", que es el nombre con el que se ha terminado bautizando a la ley. 

"Reformaremos la legislación penal para garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales, de manera que, si una mujer no dice sí, todo lo demás es no. Es decir, solo sí es sí", prometían el PSOE y Unidas Podemos en su acuerdo de coalición de 2019. La norma, que se ha convertido en el proyecto estrella del Ministerio de Igualdad, encabezado por Irene Montero, llegaba este jueves al Congreso de los Diputados para dar ya los últimos pasos de la tramitación en el Senado antes de ser aprobada definitivamente. 

Eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual, poner el foco en el consentimiento, garantizar la atención y reparación integral de las víctimas o reconocer otras violencias como la económica, la digital o el acoso. Son algunas de las claves que definen una ley cuyo camino no ha estado exento de trabas y roces entre los socios de Gobierno desde que saliera del Consejo de Ministros en julio de 2021.

Hubo incluso un momento en el que se temió que la norma peligrara por un tema que todavía no logra cosechar el consenso suficiente entre los grupos parlamentarios: la prostitución. Pero el convencimiento mayoritario de que la iniciativa debía seguir adelante desbloqueó la negociación para aplazar el debate en torno a la abolición. Quedaba así un texto al que el arco parlamentario ha dado luz verde este jueves y al que a última hora se han añadido vetos a la publicidad que fomente la prostitución, castigos por la difusión de imágenes íntimas o programas formativos de educación sexual para los condenados menores de edad. 

"Solo sí es sí" y "No es abuso, es violación"

La clave, lo que quedó fijado en el articulado prácticamente desde el principio, fue la redefinición del consentimiento expreso, que solo se entenderá que hay "cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". 

La norma reforma también la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal y elimina la distinción entre abuso y agresión sexual. De este modo, se considerarán agresiones todas las conductas que atenten contra la libertad sexual de una persona sin su consentimiento, y se penalizará con mayor o menor dureza en función de la gravedad y de la concurrencia de los agravantes (violación grupal, sumisión química, perpetrada por la pareja, etc.). Así, se impondrán penas que podrán ir desde una multa, hasta penas de prisión de 12 años para las violaciones agravadas, y de hasta 15 años cuando concurran dos circunstancias agravadas. 

"Hermana, yo sí te creo"

Otra de las bases de la ley es que se consagra el derecho a la asistencia integral especializada para todas las víctimas de violencia sexual. En ese sentido, y enmarcado en el enfoque victimocéntrico sobre el que se sustenta la norma, se establece que los servicios sociales podrán acreditar a las víctimas de violencia sexual -igual que se hace con las de violencia machista- para que puedan optar a las ayudas y los apoyos que se contemplan con ese reconocimiento sin necesidad de presentar una denuncia. Además, el texto dota de carácter esencial los centros de crisis 24 horas -que deberán tener todas las provincias de aquí a 2023-y contempla la formación de todos los profesionales que atiendan a las víctimas (de la justicia, sanitarios, docentes, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, etc.).

Se incorporan también medidas para evitar la revictimización de las víctimas, como fijando que el presidente del tribunal pueda adoptar medidas para evitar que se formulen "preguntas innecesarias relativas a la vida privada y la intimidad sexual que no tengan relevancia para el hecho enjuiciado". 

"Sola, borracha, quiero llegar a casa"

Se reconocerá como violencia sexual el acoso callejero, que pasará a castigar "a quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad". 

Hasta un año de prisión por difundir imágenes íntimas

Otra de las modificaciones del Código Penal que contempla la norma es la de castigar con penas de prisión (de tres meses a un año) o multas de hasta 12 meses a quien difunda fotos o vídeos íntimos de otra persona, o las utilice para abrir perfiles falsos en cualquier medio de difusión público. Esta es una de las últimas medidas añadidas al articulado y que se enmarcan dentro de las que ya se contemplaban para hacer frente a la "violencia digital", reconocida en el texto.

Censurar los anuncios que fomenten la prostitución

Tras no conseguir incluir las dos medidas abolicionistas que estaban inicialmente en el texto, los grupos parlamentarios pactaron finalmente incluir una enmienda que censure la publicidad que fomente la prostitución. Concretamente, la modificación establece como "ilícito" cualquier anuncio "que utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las que supongan promoción de la prostitución"

Asimismo, se introduce el fomento de campañas de concienciación y sensibilización para desincentivar la demanda "de toda clase de servicios vinculados con la explotación sexual, la prostitución y de la pornografía que naturaliza la violencia sexual", así como sobre las consecuencias que esto tiene para las mujeres prostituidas.

Educación sexual obligatoria para los agresores menores

En vista al incremento de casos de violaciones grupales, sobre todo entre jóvenes y adolescentes, los grupos parlamentarios PSOE, UP, ERC y EH Bildu registraron in extremis una serie de enmiendas dirigidas a "reforzar" las medidas frente a los delitos de sexuales en la llamada Ley penal del menor, "desde un enfoque responsabilizador". 

Pornografía desde adolescentes y educación sexual escasa, posibles causas del aumento de las violaciones grupales

Entre otras cosas, se fijó la obligatoriedad de que los agresores menores de edad tengan que someterse a programas formativos sobre educación sexual y educación en igualdad.