El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a petición del Ministerio de Igualdad, una partida presupuestaria de 46,2 millones de euros para la creación de centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual. Se une así a los 19,8 destinados en 2021 también a estos centros de asistencia integral que ofrecerán acompañamiento e información telefónica, telemática y presencial, durante todas las horas del día y el año entero.

El objetivo es que, con ese total de 66 millones de euros, de aquí a 2023 todas las provincias de España cuenten con al menos un centro de crisis 24 horas que facilite atención psicológica, jurídica y social para víctimas de violencias sexuales; pero también para familiares y personas del entorno, mediante personal suficiente y cualificado. Y es que, actualmente, de las 52 provincias españolas, apenas dos cuentan actualmente con este tipo de centro: Madrid (desde 2019) y Asturias (desde 2020). los centros facilitarán atención.

Los fondos provienen del Plan de Recuperación y, según informa el departamento de Irene Montero, se determinará el reparto entre las autonomías en la próxima conferencia sectorial, prevista de celebrarse este viernes, 27 de mayo. Cabe destacar, además, que la creación de estos centros es una de las medidas previstas en la ley de libertad sexual -comúnmente conocida como ley del 'solo sí es sí'- que se debatirá justo este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados.

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"Un lugar seguro"

Los llamados centros de crisis 24 horas estarán a disposición de las mujeres mayores de 16 años víctimas y supervivientes de violencia sexual, "tanto si la violencia se ha producido de forma reciente, como en el pasado", detalla Igualdad. Además, para acceder a ellos no hará falta haber presentado ninguna denuncia pues, tal y como destaca, "el enfoque estará centrado en la víctima y superviviente".

Se trata, en definitiva, de un espacio en el que una serie de profesionales -especializados en género, derechos humanos, violencia contra las mujeres, violencias sexuales y situaciones de trauma- se encarguen de ofrecer una atención integral y personalizada que se adapte "a las demandas, tiempos y necesidades de las víctimas".

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Además -reza el acuerdo por el que se han aprobado los criterios de distribución territorial- la entrada en funcionamiento del centro de crisis "tendrá que estar precedida de la aprobación de un protocolo de actuación y coordinación de las personas profesionales que integran el centro y de estas con los demás profesionales implicados (por ejemplo, personal sanitario)". 

De este modo, el Gobierno clausura la parte presupuestaria desarrollada para facilitar a las víctimas "un lugar seguro", en palabras de Irene Montero, en el que puedan ser "creídas, escuchadas, asesoradas y acompañadas sin ser cuestionadas". En 2021 repartió el 30% de los fondos acordados para este fin y, ahora, una vez lo autoricen las comunidades autónomas el próximo 13 de julio, se distribuirá el 70% restante para que en 2023, como tarde, ya estén estos centros "en condiciones de funcionamiento del servicio" en todas las provincias y ciudades autónomas.  

Esto se trata, según subraya Igualdad, de un mandato de los estándares internacionales, que establecen que los estados "tienen el deber de poner a disposición de las víctimas de todas las formas de violencias sexuales, recursos y servicios especializados en violencia sexual para ofrecer información, atención integral, acompañamiento a las instituciones y asistencia jurídica especializada". Recuerdan también que el GREVIO ya recomendó a España a "tomar medidas" para garantizar un "número suficiente de centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violencia sexual".