Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, por encargo del Gobierno, presentaron este jueves en el Congreso la proposición de ley con la que el Ejecutivo quiere poner en marcha a partir de enero de 2023 los nuevos impuestos a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y los bancos. La tasa destinada a las energéticas afectará a eléctricas, gasistas y petroleras que tuvieran ingresos brutos superiores a los 1.000 millones de euros en el año 2019, y gravará con un tipo del 1,2% el total del dinero ingresado por estas empresas en el año 2022 y 2023.
Utilizando esa magnitud, y no el beneficio neto obtenido por las energéticas, el Gobierno pretende evitar que la capacidad recaudatoria del impuesto quede diluida. Así ocurre, por ejemplo, con el impuesto de sociedades, en el que los grandes grupos económicos utilizan una importante cantidad de exenciones y deducciones para reducir la cantidad final de dinero a pagar. El Ministerio de Hacienda explica que los ingresos brutos -antes de impuestos y sin descontar los gastos de la compañía- son una cifra mucho más sencilla de concretar y mucho más complicada de maquillar por parte de las empresas, y su mayor cuantía es lo que explica que el tipo del 1,2% sea tan bajo.
Tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace unas semanas, este impuesto y también el que gravará los beneficios extraordinarios de la banca se aplicarán en 2023 y 2024, aunque tomarán como referencia las cuentas de las sociedades del año inmediatamente anterior, y únicamente la parte del negocio correspondiente a España. La previsión del Ejecutivo es que la tasa a las empresas energéticas recaude en torno a 2.000 millones de euros anuales, mientras que la que se aplicará al sector bancario haga ingresar al Estado otros 1.500 millones al año.
En su proposición de ley, PSOE y Unidas Podemos prohíben expresamente que las empresas energéticas repercutan el coste de este impuesto a los consumidores. Para castigar estas eventuales subidas de los precios de la factura final, el gravamen irá acompañado de un abanico de sanciones que pueden suponer hasta un 150% del importe trasladado al cliente si las empresas se saltan esta prohibición, una acción que sería considerada como una infracción muy grave.
Pese a la intención inicial de Unidas Podemos, que abogaba por crear un delito penal para castigar estos aumentos de los precios finales, será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la encargada de vigilar que dichos incrementos no se produzcan y de determinar las multas, en su caso. El organismo -que no suele funcionar con especial agilidad- tendrá que determinar qué porcentaje de los aumentos de precios, si se produjeran, se debe al impuesto y cuál tiene que ver con el aumento de los costes de funcionamiento de las eléctricas.
Para llevar a cabo este control, la CNMC pondrá en marcha un estudio diario de los precios que establezcan las energéticas y lo comparará con el coste que les supone generar y distribuir su producto a los usuarios. Acto seguido, el supervisor comparará ese beneficio neto con el margen de beneficio que han tenido en la serie histórica las empresas del sector, lo cual permitirá detectar si se está trasladando el coste del impuesto a los bolsillos de los ciudadanos.
El impuesto a la banca
La segunda parte de la proposición de ley, la relativa al impuesto extraordinario a los beneficios del sector bancario, es similar a la tasa que afectará a las energéticas, aunque tiene algunas diferencias. Para empezar, en este caso no se van a tomar como referencia los ingresos totales de cada banco para determinar la cuantía que tendrán que pagar, sino que la fórmula será algo más compleja: será la resultante de restar a los intereses y comisiones que cada entidad cobre a sus clientes la cifra que hayan tenido que desembolsar los propios bancos en concepto de intereses y comisiones para obtener financiación.
A esta diferencia se le aplicará un tipo del 4,8%, y la cifra resultante será la que tengan que pagar los bancos para satisfacer el nuevo impuesto. La tasa se aplicará únicamente a las entidades que hayan tenido en el año 2019 unos ingresos superiores a 800 millones de euros por comisiones e intereses cobrados a sus clientes y, como ocurre con el gravamen a las energéticas, el impuesto no afectará a los beneficios obtenidos por los bancos mediante el cobro de intereses y comisiones en sus filiales en el extranjero.
Como ocurre en el caso de las empresas energéticas, la proposición de socialistas y morados incluye también una serie de sanciones de hasta un 150% del importe trasladado al cliente si las entidades financieras se saltan esa prohibición.
Estreno de Patxi López
El registro de esta proposición de ley ha sido el estreno de Patxi López como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. En rueda de prensa, ha defendido que el Gobierno no solo debe redistribuir "de manera justa" la riqueza de un país y ayudar "a quien más lo necesita" y al sector productivo, sino que "cuando vienen mal dadas" tiene que repartir los costes de la crisis, informa Europa Press.
"No puede ser que cuando atravesamos una crisis, sus consecuencias recaigan siempre sobre las mismas espaldas y la desigualdad se multiplique de manera obscena", ha afirmado López, quien ha subrayado que el Ejecutivo de coalición "está demostrando que hay una salida de la crisis mucho más justa y mucho más equitativa".
Sobre las críticas a los nuevos gravámenes, López considera que provienen de los mismos que "dijeron que la reforma laboral iba a destruir empleo" o que "la subida del SMI iba a hacer que los empresarios no contrataran".
Por su lado, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha hecho hincapié en que su partido va a estar "muy vigilante" con la banca y las energéticas ante la posibilidad de que trasladen el nuevo impuesto al consumidor final, y considera que se debía haber planteado un nuevo delito en Código Penal como defendieron los morados, extremo que finalmente no se ha incluido.
"Veremos cómo funciona el mecanismo que se ha pactado. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que si esa práctica, que atenta contra el interés general, se lleva a cabo, que haya mano dura. Si vemos que no funciona y que llevan a cabo estas prácticas poco edificantes, vamos a seguir insistiendo en esa mano dura", ha incidido.
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