Una vez superado el primer impacto mediático que supuso el anuncio de que el Gobierno pondrá en marcha en enero dos nuevos impuestos a grandes bancos y a las empresas energéticas, al Ejecutivo le toca ahora abordar la parte más farragosa del asunto: el diseño de estos tributos y, especialmente, los mecanismos para evitar que las empresas los repercutan a los consumidores. Varios de los principales socios parlamentarios del presidente Pedro Sánchez exigieron al conocer el anuncio que se establezcan límites de precios, pero por ahora lo que estudia el Gobierno va por otra vía: la de reforzar el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que vigile las posibles alzas.
Los aliados del Gobierno y también Unidas Podemos, que no conocía la medida, recibieron con alborozo el anuncio de Sánchez de que pondrá en marcha estos dos nuevos impuestos a partir del 1 de enero de 2023, aunque casi desde el primer momento en el Debate sobre el estado de la Nación se planteó la misma cuestión: "Cómo controlará el Ejecutivo que, como vienen haciendo con cada medida aprobada, estos recargos impositivos no acaben repercutiendo en el consumidor" y los acaben pagando los clientes en su recibo de la luz o en comisiones bancarias, en palabras de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua.
Los abertzales directamente pidieron "la intervención pública de los precios para poner topes a la electricidad y los carburantes, y similares preguntas se hicieron, en público o en privado, socios del Gobierno como ERC o el PNV, así como también la propia Unidas Podemos. Pero, por ahora, el Ejecutivo no ha ofrecido una respuesta detallada porque, para empezar, aún no ha diseñado los dos impuestos extraordinarios, de los que apenas se conocen unas pistas, como que el que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas se inspirará en el recientemente aprobado en Italia, que retira el 25% de los beneficios extra obtenidos por las eléctricas entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022.
El Gobierno sí ha señalado, no obstante, que su idea es que la CNMC sea la que controle que las empresas no disparen los precios para recuperar el coste del nuevo impuesto. "Tenemos previsto que el texto legislativo incluya dos cuestiones: la prohibición de que se pueda repercutir o transferir al precio" el coste del nuevo impuesto y la puesta en marcha de "una especial vigilancia" por parte de la CNMC, afirmó hace unos días la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aseguró que se dotará al órgano regulador "de todas las funciones para que vigile y aplique sanciones en caso de que alguna empresa se separe de la legalidad".
Unidas Podemos, por su parte, también apuesta por que sea la CNMC la que controle que los precios no se disparen, aunque su idea no es solo reforzar la capacidad de vigilancia y sancionadora del órgano, sino también incluir una reforma legal que obligue al regulador a impedir las subidas de precios. Los morados, sin embargo, no ofrecen detalles sobre este mecanismo porque el diseño del impuesto se encuentra aún muy verde.
Los problemas de esta vía
No obstante, dejar en manos de la CNMC el control de las subidas de precios conlleva algunos problemas. Uno de ellos es que es un órgano reactivo que podría sancionar a bancos o empresas energéticas si trasladaran el impuesto a las facturas, pero no impedirlo antes de que ocurriera. Otro, que Competencia no funciona de manera especialmente ágil, como demuestra el hecho de que haya impuesto hace unas semanas una multa de 200 millones de euros a las seis principales constructoras de España por alterar la competencia... entre 1992 y 2017. "La información de la CNMC llega cuando llega, no es inmediata", coincide a este respecto el portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo.
El portavoz apunta, sin embargo, que pese a su lentitud el regulador sí tiene medios para comprobar si hay alzas bruscas de precios en la energía. "Hay un sistema de información estandarizado con las compañías energéticas y allí hemos visto, con sus informes, que el margen de refino se había más que triplicado desde el segundo trimestre de 2021", señala Mollinedo, que apunta además que el control a las entidades financieras lo realiza el Banco de España. La información que facilitan los bancos, apunta el técnico de Hacienda, "no es de acceso público, pero sí le permitiría al Gobierno tener un control" de cómo los bancos están ganando más dinero de forma extraordinaria gracias al alza del euríbor, que les permite cobrar un mayor interés por los préstamos hipotecarios.
Este aumento de los beneficios de los bancos ya ha comenzado a notarse en las cuentas de resultados. En 2021, los cinco bancos cotizados en el Ibex (Caixabank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Santander) obtuvieron 19.866 millones de euros de beneficio y repartieron más de 7.300 millones de dividendos, el máximo desde 2007. La cifra contrasta con el aciago año 2020, cuando esas mismas empresas perdieron 5.226 millones. Y, para 2023, la previsión es que los resultados de estos cinco bancos sea aún mejor precisamente por las subidas de los tipos de interés.
Los gravámenes específicos a la banca son comunes en varios de los principales países europeos. Según datos de Gestha, el Consejo Europeo planteó un impuesto similar en junio de 2010 a las entidades financieras para pagar los costes de la reestructuración bancaria, que fue aplicado por Estados como Finlandia, Reino Unido y Francia. Igualmente, Austria lo aplica desde 2011 y ha recaudado 357 millones de euros, mientras Polonia lo aplica desde 2016 y ha obtenido 1.065 millones.
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